• Pese a que finalmente, el debate por la reforma al Código de Aguas continuará una vez pasada las elecciones de noviembre, la polémica entre defensores y contrarios al proyecto está lejos de cerrarse.
A la iniciativa, que actualmente se debate en el Senado, se le retiró la urgencia por parte de la Ejecutiva. Si bien desde el mundo del agro se valoró la decisión, los regantes critican que aún no han sido escuchados, e incluso, anunciaron eventuales movilizaciones.

Encontradas opiniones provocó la decisión tomada por el Gobierno hace unos días atrás, de “aplazar” la discusión del proyecto de reforma al Código de Aguas hasta después de las elecciones presidenciales, iniciativa que ha generado un fuerte rechazo por parte de las organizaciones de regantes de nuestra región. Y es que para éstos, el hecho de contar con más tiempo para la discusión del proyecto que actualmente se debate en el Senado, es una oportunidad señalan, de poder hacer escuchar su voz en medio de un debate expresan, en donde su voz y sus propuestas no han sido tomadas en cuenta.  Por el contrario, para los sectores pertenecientes al oficialismo, la decisión no ha sido bien recibida, pues se considera que el gobierno ha sucumbido ante las presiones de grupos empresariales. Tal es así que para hoy, la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados ha solicitado la presencia del propio ministro de Agricultura, Carlos Furche, para aclarar su posición.  “Yo lamento que el ministro Furche haya señalado que se le quita la urgencia al proyecto, porque eso hace que el debate quede estancado en el Senado, un debate que es complejo que va a tomar varios meses, y eso pone en riesgo que la reforma al Código de Aguas sea aprobada en el periodo de la Presidenta Bachelet” sostiene al respecto, el diputado Daniel Núñez. En ese contexto, el legislador de la Nueva Mayoría aseguró que en medio de la discusión que pretende reformar esta legislación que data de 1981, ha habido “tremendas presiones de los grandes propietarios del agua en Chile, que están vinculados a la tenencia de la tierra, al negocio mineros y ven en cualquier cambio en la legislación, como una amenaza a sus intereses, lo cual yo no comparto, pues estos cambios son absolutamente necesarios”. Desde el mundo agrícola, las opiniones van por el lado de insistir en sus demandas. Así por ejemplo, el presidente de la Junta de Vigilancia del Río Elqui, Pelayo Alonso, consideró como positivo que la discusión del proyecto se haya aplazado, aunque vincula la decisión a un tema “eleccionario”. “Seguramente consideran que no es una buena oportunidad para avanzar. Agradezco el gesto, pero lo verdaderamente importante no es la suma urgencia o no, sino cuando se van a abrir las puertas para conversar los temas de fondo de esta reforma” afirma. Sin embargo, el diputado Núñez respondió a dichos reclamos, haciendo un llamado a que los dirigentes de las juntas de vigilancia “respeten el debate democrático en el Congreso. Si ellos tienen inquietudes tienen todas las posibilidades de llevarlas al Senado, a la Comisión de Recursos Hídricos, a la Comisión de Agricultura del Senado, posteriormente a la Sala, y si hay diferencias con la Cámara de Diputados, habrá una comisión mixta. Por tanto, nunca un proyecto de ley se aprueba en las mismas condiciones en que fue ingresado” afirmó. No obstante, el presidente de la Junta de Vigilancia del Río Rapel, Onofre Juliá señaló que, más allá del “congelamiento” de la discusión, lo cierto es que el proyecto se va a mantener en discusión y ante ello incluso, anunció que se están preparando movilizaciones al respecto.  “De eso no cabe la menor duda. Sin embargo, como estamos con la convicción de que el gobierno va a seguir los pasos que ha comprometido, y a que nosotros eso nos perjudica tremendamente, hemos decidido hacer una gran movilización el día 26 de octubre. Estamos solicitando los permisos correspondientes, y vamos a movilizarnos en todas las cuencas de la región para demostrarle al gobierno que la afectación a la agricultura es muy grande” indica. Juliá hizo un llamado a proteger esta actividad, especialmente en cuanto a lo que significa para la economía regional. “Estamos exportando más de 30 millones de kilos de uva pisquera, sacando no menos de 3 o 4 millones de cajas de exportación. Por eso, si nosotros perdemos el control de las aguas, el valor de la tierra va a disminuir, va a descender la inversión” insistió. Respecto a este último punto, el diputado Sergio Gahona, señaló que en el Senado “se estaría resolviendo el tema de la titularidad de la propiedad respecto a los derechos de aprovechamiento de agua (…) Sin embargo nosotros creemos que esta reforma todavía tiene muchos problemas y nos parece razonable que esto se vea después de la elección. Pero mi impresión es que esto no va alcanzarse a ver durante este gobierno” concluyó. 

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