Alcaldes del Limarí observan con atención acciones para evitar implementación de medidores inteligentes

Durante este jueves, los alcaldes de La Serena y Coquimbo, Roberto Jacob y Marcelo Pereira, se sumaron a la polémica relativa a los cambios de los medidores actuales por medidores inteligentes.

Al respecto, los ediles aseguraron a Diario El Día, que agotarían “todas las instancias para revertir la normativa” que permitió el cambio de medidores a costo del usuario. Asimismo, aseguraron que solicitarán una audiencia con el ministerio de Energía y se “oficiará a los parlamentarios locales para que ejecuten medidas” señalaron. “No permitirán el cobro injusto a las personas” es la idea que los moviliza.

Pues bien, bajo esta misma premisa, algunos alcaldes de la provincia del Limarí se mostraron favorables a las acciones que pretenden llevar a cabo los alcaldes elquinos.

Al respecto, el alcalde de Ovalle, Claudio Rentería, señaló que “una vez más vemos una injusticia contra los ciudadanos de parte de las empresas y de parte también, de lo poco acucioso que ha sido el sistema en términos de sacar normativas en las cuales siempre se generan desacuerdos, porque a la comunidad no se le consulta”.

En ese sentido, el edil apeló “a la responsabilidad social que debiesen tener las empresas, que se pongan la mano en el corazón y en el lugar de cada uno de los chilenos. No es conveniente que se castigue a la ciudadanía, más aun cuando nosotros sabemos que debemos pagar la energía. Las empresas tienen que hacer un gesto hacia los ciudadanos”.

INCONSTITUCIONALIDAD

Por su parte, el alcalde de Monte Patria, Camilo Ossandón, explicó que los municipios “vemos con preocupación la ejecución de una norma que afecta a los vecinos”, la cual sin ambages, la calificó como “un negociado”.

“Esta es una forma totalmente unilateral de generar nuevas formas contractuales entre las empresas concesionadas y sus clientes” aseguró que el edil montepatrino, quien incluso deslizó que la medida podría ser considerada como inconstitucional por sus disposiciones.

“Yo creo que hay dos elementos acá: uno que los municipios no vamos a permitir que una norma como esta entre en funcionamiento y que afecte a los vecinos. Pero además, sospechamos que en esta norma podría existir inconstitucionalidad, pues no es posible que por querer mejorar las condiciones de tomar el consumo de electricidad de los hogares de Chile se genere una situación en que finalmente tengan que financiar los vecinos no solamente la inversión, sino además, el mantenimiento de los medidores” señaló.

MUNDO RURAL

Por su parte, el alcalde de Río Hurtado, Gary Valenzuela fue algo más cauto en sus opiniones, pues a su juicio, cada comuna “tiene su realidad”, aunque de todas formas, no ocultó su preocupación.

“Según lo que ha significado este proyecto corresponde ir solucionando diferentes inquietudes que se van a ir decantado en el tiempo en el tiempo. Por lo tanto, creo que cualquier opinión o acción que se quiera hacer sin tener claridad de como al final se va a aplicar este proyecto, es prematuro dar una opinión todavía” aseguró.

No obstante, el edil de Río Hurtado puso el foco de atención en cómo afectaría este gasto adicional a los vecinos en comunas como la suya, predominantemente rural y con vastos sectores sociales en situación de vulnerabilidad social. Por ello, rechazó que este proyecto pretenda “imponer” este cambio de medidores a las personas.

“No puede ser algo impuesto, que tenga una obligatoriedad, porque no se ha dimensionado sus efectos en el mundo rural, y creo que tampoco no está contemplado lo que significa este cambio de medidores en nuestra zona. Es un proceso que hay analizar, pero por el momento no corresponde imponer este cambio a la gente, sobre todo cuando se trabaja con empresas particulares, que afectan indudablemente a las clases más vulnerables” señaló Valenzuela.

ACUERDO EN EL CONGRESO Y CAMPAÑA

Desde ese punto de vista afirmó Ossandón explicó que “estamos evaluando hacer algunas acciones que vayan a evitar que esta norma siga en ejecución y que el Parlamento pueda realizar nuevas acciones para que esta norma sea más equivalente al momento de proteger el derecho de los consumidores”.

En esa misma línea, para el edil ovallino, la polémica de los medidores sólo tiene un camino para resolverse: que se llegue a un acuerdo en el Parlamento, o el proyecto de ley anunciado hace unos días por el diputado Daniel Núñez para reemplazar la actual legislación aprobada en febrero de 2018.

“Yo creo que esto se resuelve cambiando la legislación, y para eso deben ponerse de acuerdo los señores congresistas para poder modificar esa injustica hacia la comunidad, porque no vamos a pagar eso” señala, y advierte que “yo voy a promover también una campaña para que los vecinos no paguen el medidor” afirmó.

INVESTIGACIÓN PARLAMENTARIA

Durante esta jornada además, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad crear una comisión investigadora para determinar si efectivamente, existieron irregularidades en la aprobación de la ley que aprobó la instalación de "medidores inteligentes" en los hogares.

Por otro lado, la ministra de Energía, Susana Jiménez, propuso el día de hoy que una de las opciones para superar la polémica de los “medidores inteligentes”, era la de llegar a acuerdos con las empresas distribuidoras para que éstas compren a los propietarios sus actuales medidores usados al momento que los nuevos sean instalados, propuesta que aún se encuentra en veremos. Además, el proceso de cambio de medidores sería supervisado por la Superintendencia de Energía y Combustibles, SEC. o0401