Christian Armaza
38.528 puestos de trabajo son los que, hasta el mes de abril, se han perdido en la Región de Coquimbo, producto primero, del estallido social del 18 de octubre y de la pandemia del Covid-19 posteriormente y hasta el día de hoy.
Así lo deja en claro un informe elaborado por el Observatorio Laboral de la Región de Coquimbo, iniciativa del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence, y financiado por la OTIC de la Cámara Chilena de la Construcción, y que ejecuta la Universidad Católica del Norte.
Si bien, las cifras que evidencian el alza dramática de la desocupación en la región –que equivale al 10,6% en el último trimestre febrero-abril – ya eran de sobre conocidas, sin duda que en números absolutos se logra visualizar de mejor manera el golpe que tanto, la pandemia como antes, el estallido social, han generado en la economía regional.
Así, en la Región de Coquimbo, los ocupados han pasado, en igual periodo del año anterior, de 378.317 personas a los actuales 339.789, representando una caída del 10,2%. Los inactivos en tanto, suman un total de 281.304 personas (42,5%).
En este caso, ha sido el sector informal de la economía local –que representa el 30,6% de la fuerza laboral regional – el que más ha presionado con la destrucción de empleo en la zona, con una caída del 22% respecto a igual periodo del año anterior, versus una caída de “sólo” el 3,8% del sector formal.
Incertezas
Desde esta perspectiva, quizás lo peor que muestran estos números es, además de que representan personas que han quedado sin una fuente laboral, es que aún no se ve una luz al final del túnel, pues mientras la expansión de los contagios por coronavirus se mantengan al alza o en números significativos, las restricciones para desarrollar actividad económica se van a mantener afectando aún más el empleo.
En efecto, para Pablo Pinto, académico y director del Observatorio Laboral de la Región de Coquimbo el escenario económico “lamentablemente está dependiendo de cómo evolucione el manejo sanitario. Y en ese sentido, es complejo avizorar algún periodo de recuperación en la medida en que no se resuelva el problema sanitario que origina todas estas medidas de confinamiento y restricciones sociales”.
Para el experto, aquí la palabra clave es “incertidumbre”.
“Todavía no están dadas las condiciones para determinar cuándo las medidas sanitarias deberán dejar lugar a la reactivación de la actividad económica. Y ese es un elemento clave”, sostiene.
De hecho advierte que, “estamos viendo como en el hemisferio norte, países que habían comenzado a reanudar sus actividades productivas, han sufrido rebrotes de la enfermedad, con casos muy significativos como en Alemania o en Corea del Sur. Entonces no es factible determinar todavía cuando se pueden reanudar las actividades económicas”.
El fantasma de la cesantía
Como era de esperarse los mayores rubros afectados por las restricciones generadas por la pandemia corresponden al sector servicios (comercio, restaurantes), turismo (hotelería, alojamiento) y en general, aquellas actividades que se desarrollan de manera presencial y requieren de contacto directo.
En ese sentido, el documento del Observatorio Laboral identificó a aquellos sectores productivos que en la región, producto de la pandemia, podrían sufrir contracciones en su desarrollo, y con ello, dejar expuestos al drama del desempleo a cientos de trabajadores que laboran en esas áreas.
Así, se identificó que más del 60% de los trabajadores de la región están ocupados en áreas que presentan un riesgo, que va desde moderado a medio-alto y alto, de poder sufrir restricciones en su funcionamiento, y por ende, quedar expuestos a quedar sin una fuente laboral.
De hecho, sólo en dos sectores – Comercio, Restaurantes y Hoteles; y Servicios Sociales y Personales – se concentra más del 40% de la fuerza laboral activa de la región.
El académico Pablo Pinto sostiene que si se observa la estructura productiva de la región – con excepción quizás de la minería y de la administración pública– “las demás actividades están todas afectadas de manera directa o indirecta, producto de la pandemia”.
“Este es un porcentaje alto de la población y eso ha significado un aumento en las tasas de desocupación en la región. Además, esto se da en condiciones de empleos en donde la mayoría de los que trabajan ahí, son jefes de hogar y por tanto, son los que generan el ingreso familiar”, señala el director del Observatorio Laboral.
De ahí, agrega el experto, que haya sido importante el establecer medidas de auxilio a las familias más vulnerables y los grupos de trabajadores afectados por los despidos, como son el Ingreso Familiar de Emergencia o la Ley de Protección al Empleo, bajo cuya normativa, más de 9.000 trabajadores de la región se encuentran acogidos hasta hoy, en su gran mayoría de los sectores Comercio (23,3%), Actividades de Alojamiento y de Servicio de Comidas (18,3%) y Construcción (19%).
Caída libre
Junto a la visión del panorama laboral, el Observatorio Laboral de la Región de Coquimbo dio a conocer también, una encuesta sobre la situación de las empresas de la zona frente a la crisis sanitaria, la cual se desarrolló entre el 17 y 22 de mayo pasado, y en la que participaron 349 firmas locales.
Según el tamaño de las empresas que respondieron la encuesta en la región, el 80% eran microempresas, 14% pequeñas, 4% medianas y 2% grandes. En relación al porcentaje de empleo que da cada tipo de empresa por categoría, las grandes empresas corresponden al 45% de los trabajadores, las medianas al 26%, las pequeñas el 16%, mientras las microempresas representan el 13% de los trabajadores.
Mientras que por actividad económica, principalmente están relacionadas a los sectores de comercio (27%), restaurant (14%), hotelería o alojamiento (12%), turismo (11%), construcción (9%), agricultura (3%) y manufactura (3%). Otras actividades representaron el 21% restante de empresas.
¿Y cuáles son los números más destacables que se desprenden del documento?
Pues en relación a su situación actual, el 28% de las empresas afirma que cerró o está en proceso de cierre de su actividad, porcentaje que varía según el tamaño de la empresa. En tanto, en el caso de las empresas de gran tamaño, el 75% afirma presentar una disminución en ingresos con respecto el mismo mes del 2019. Sin embargo, todas continúan operando.
No obstante, el 31% de las microempresas encuestadas afirma haber terminado con actividades, y un 56% afirma una disminución en los ingresos. De las empresas pequeñas, 22% ha cerrado su operación y 67% afirma presentar una disminución en los ingresos, lo que en el caso de las empresas medianas, llega a un 62%.
Por otro lado, aquellas empresas que muestran una disminución en sus ingresos con respecto del mismo mes en 2019, el 21% afirma que la empresa no ha podido vender. Además, un 26% presenta una diminución de más del 75% de los ingresos en relación al año anterior.
Además, un 24% de las empresas han bajado los ingresos entre el 50% y el 75%, un 21% afirma una disminución entre 25% y 50%, y un 8% de estas empresas han disminuido un 25% o menos su ventas.
Escasos créditos para Coquimbo
Otro de los puntos consultados tiene que ver con la disponibilidad que las firmas regionales han tenido para poder acceder a las vitales inyecciones de liquidez que requieren para seguir viviendo.
Así, el 59% de las empresas encuestadas afirman tener acceso a crédito formal, porcentaje que varía sin embargo, según el tamaño de la empresa, evidenciando nuevamente, las diferencias entre éstas.
Por ejemplo, en el caso de las empresas de mediano y gran tamaño, el 100% afirma tener acceso a crédito, en comparación al 89% de las pequeñas empresas y tan sólo el 48% en el caso de las microempresas, un problema que se agrava en el caso de éstas últimas, cuando un informe del propio Ministerio de Hacienda y Banco Estado, señala que sólo el 24% de las empresas “elegibles” para postular al crédito Covid-Fogape, obtuvieron este beneficio.
“Estamos en una dificultad cuando sólo 24% de las empresas elegibles que postularon al crédito Fogape-Covid accedieron a éste, o cuando nos informan que 15.000 empresas fueron rechazadas por política de entidades bancarias, pese a no tener deudas. A partir de estos datos de la realidad, se hace más urgente implementar las mejoras para ayudar a la pyme contempladas en el Marco de Entendimiento, considerando que debemos incrementar su alcance para una crisis que se alarga”, sostuvo el senador por la región, Jorge Pizarro (ver recuadro).
De hecho, el parlamentario apuntó que el 68% del monto de los créditos cursados que llegan a 7.152 millones de dólares, han ido a empresas de la Región Metropolitana, mientras que sólo un 4% de los créditos fueron otorgados en la Región de Coquimbo.
En esa línea, el parlamentario subrayó la exigencia al gobierno de asegurar financiamiento a las mipymes introduciendo mejoras a los instrumentos ya existentes como los créditos con garantía estatal Fogape-Covid, la modificación del deducible y ampliar coberturas de garantías para las pequeñas empresas, así como, apoyar a las pequeñas empresas vía programas de fomento productivo que incluyan subsidios y asistencia técnica, entre otros.
Medidas fundamentales de ayuda
Para el académico y director del Observatorio Laboral de la Región de Coquimbo, Pablo Pinto, mantener en pie las medidas de ayuda para las empresas, especialmente en ámbitos en las que éstas se juegan su sobrevivencia, es fundamental.
“Si uno ve la encuesta, las empresas dijeron que, junto con la disminución de clientes, había un problema de liquidez muy fuerte. De hecho, un 70% de todas las empresas respondieron afirmativamente. Entonces, acciones como la Ley de Protección del Empleo, y sobre todo, el acceso a créditos vía uso del Fogape son fundamentales y esenciales para mantener la actividad económica”, sostuvo.
