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Tras acusaciones de falta de trasparencia del actual directorio por parte de integrantes de la comuna, Bienes Nacionales a través de su abogado debe ratificar a la junta electoral la validación de los distintos postulantes que buscan ser elegidos, situación que no se ha realizado según sostiene el actual presidente de la comunidad, la cual esperaba que este domingo 3 de marzo fueran sus elecciones.

Una compleja situación es la que está viviendo la comunidad agrícola de Punitaqui, considerada una de las más grandes en extensión de las 118 existentes en la provincia del Limarí, contando con 931 propietarios. Se trata de su proceso de elecciones internas, la cual busca representar a los comuneros por el periodo 2019-2021. Estas votaciones deberían haberse realizado el pasado domingo 13 de enero, situación que no se llevó a cabo programándose una nueva fecha que sería este próximo domingo 3 de marzo, situación que se pone en duda por el actual presidente de la comunidad, Jandry Castillo, quien está siendo objeto de denuncias por malas prácticas en su cargo, a través de documentos presentados a la opinión pública por parte del concejal de Punitaqui José Palma.

“Estuve conversando con el abogado de Bienes Nacionales, el señor Rabuco donde me señala que no se han dado las condiciones legales para la realización de las elecciones, considerando que no se les ha avisado a los candidatos que fueron aceptados para participar de estos comicios. A la fecha, no se les ha entregado los números a los postulantes a la nueva directiva, de la de cual buscamos ser reelegido por un nuevo periodo como presidente. La asamblea mandató a Bienes Nacionales para efectuar todos estos trámites y se sostuvo que en las próximas reuniones debe estar presente un abogado de esta institución, por lo cual es inviable que se realicen elecciones este domingo”, expresó Jandry Castillo, actual presidente de la Comunidad Agrícola de Punitaqui, quien salió al paso de las denuncias presentados por el concejal de dicha comuna José Palma. “Yo lamento que el señor Palma no haya quedado claro cuando se le aclaró sus denuncias, lo que está haciendo él es un grave procedimiento de injurias y calumnias, ya que el seremi Marcelo Telia le sostuvo que cualquier denuncia que él hiciese debería ser a través de los tribunales y no de la forma que lo está realizando a través de la opinión pública. Este señor está tirando “voladeros” por todos lados al desconocer que como comuneros podemos pedir hasta 10 hectáreas en cualquier lado de la comunidad agrícola y dividirla entre familiares si así se requiere”, añadió Castillo.

Entrega de terrenos

A raíz del mismo tema que sostiene el actual presidente Jandry Castillo, se basan las denuncias presentadas por el concejal Palma, quien argumenta que ha existido una serie de irregularidades de la actual directiva, principalmente la entrega excesiva de terrenos a su círculo familiar más cercano y la ubicación estratégica de los mismos, al considerar terrenos que se ubican cerca o dentro de empresas mineras, que deben pagar por uso de suelo a los comuneros dueños de estos terrenos.

“Hay una comisión electoral que se ha hecho cargo de todo este proceso que fue mandatada por la actual directiva y el seremi y el abogado de Bienes Nacionales, que vinieron a la última asamblea de la comunidad. Yo creo que aquí hay algo turbio y no sé por qué motivos el señor Castillo está retrasando estas elecciones, las cuales han sido suspendidas es tres oportunidades anteriores. Han dejado afuera a varios candidatos, entre ellos mi persona, ya que creyó que no le iba a salir gente en el camino y por lo mismo nombró a personas de su confianza, para que sean parte de esta comisión electoral”, manifestó el actual concejal de la comuna de Punitaqui, quien agrega que la actual directiva ha sacado grandes provechos personales y convertido a la comunidad agrícola “en una verdadera corredora de propiedades”.

Manifestó que “hemos visto con la actualización de los planos que él y sus familiares aparecen como dueños de terrenos colindantes a empresas mineras que él mismo ha criticado por sus impactos ambientales. Acá hay un claro ejemplo de uso de información privilegiada en beneficio de algunos pocos y no de toda la comunidad que es la labor de la directiva”, concluyó Palma.

Las comunidades agrícolas se rigen por un decreto domificado por la ley 19.233 en el Diario Oficial el 5 de agosto de 1993, el cual sostiene una serie de reglamentos que deben cumplir tanto sus directivos como sus integrantes, principalmente a la hora de adjudicarse un terreno administrado por la comunidad. Se espera que los organismos competentes en este caso, la Seremía de Bienes Nacionales, determine una fecha exacta para las nuevas elecciones de esta comunidad, la cual se encuentra viviendo este conflicto, que afecta a sus asociados y al desarrollo de la misma organización.

 

 

 

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