El rechazo de buena parte de los agricultores y regantes de la región a la reforma del Código de Aguas sigue en pie, pese al llamado a la tranquilidad de la autoridad.
La polémica y los cruces de declaraciones entre defensores y opositores al proyecto de reforma al Código de Aguas están lejos de terminar. Y es que tras las últimas declaraciones emitidas por el subsecretario de Agricultura, Claudio Ternicier, y la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Riego, María Loreto Mery, el pasado lunes a nuestro medio donde hacían un llamado a “desmitificar” los alcances que tendría la reforma al Código de Aguas y que hoy se tramita en la Comisión de Agricultura del Senado, generó una inmediata respuesta por parte de las organizaciones y asociaciones de canalistas y regantes de la región. En ese sentido, los principales dirigentes de las organizaciones de aguas aclararon que el objetivo de los regantes nunca ha sido desinformar a la ciudadanía sobre la aprobación de un nuevo Código de Aguas, sino “obtener certezas jurídicas” y proponer una buena reforma con sustento en las bases de los regantes sobre un proyecto que genera grandes incertidumbres en la agricultura nacional. Luis Lohse, presidente de la Junta de Vigilancia del Río Choapa, indicó que las últimas concentraciones masivas realizadas tanto en Illapel como en la ciudad de Ovalle, tenían como objetivo que las autoridades escucharan las razones del rechazo de los agricultores a la reforma en curso. “Queremos que nuestras preocupaciones se traduzcan en redacciones de los artículos en concreto, y no simplemente en una discusión por la prensa. Nada más nos une a la autoridad y los regantes que el agua y su buen aprovechamiento. Falta solamente que nos pongamos de acuerdo la manera de implementar ese fin. En qué parte de la reforma al Código coincidimos, y en qué otra parte no”, dijo. Lohse añadió que los regantes han sido los primeros en valorar que el consumo humano debe tener primera prioridad en el uso de las aguas, así como también que los glaciares sean declarados como Bienes Nacionales de Uso Público y que los sistemas de agua potable rural (APR) tengan facilidades para regularizar los derechos de aprovechamiento. LAS PROPUESTAS QUE DIVIDEN
Desde las organizaciones de regantes aclararon que la propuesta de reforma tiene otros puntos que generan incertidumbre y que por lo mismo serían otras las intenciones finales de la propuesta.Por ejemplo, durante la última manifestación, Onofre Juliá, presidente de la Junta de Vigilancia del Río Rapel, en Monte Patria, aseguró que lo que se busca es “nacionalizar” el agua, una suerte de expropiación”. “Lo que quiere el Estado hoy es nacionalizar el agua y en eso nosotros no estamos de acuerdo” afirmó, aunque matizó que a través de las últimas manifestaciones se busca “sentar un precedente, de tal forma de que podamos juntarnos con el gobierno, establecer una mesa de diálogo, en que digamos de que si ellos persisten en su modificación, debemos defender nuestros derechos”. En esa línea, para Marcela Jeneral, presidenta de la Junta de Vigilancia del Río Illapel, son las concesiones temporales de derechos de aguas el mecanismo que más incertidumbre genera. “No sabemos qué problema se pretende resolver con este nuevo mecanismo. Más bien parece una posición ideológica que una discusión técnica. Se nos ha dicho que a los derechos históricos de los regantes este cambio no nos afectará. Pero hemos pedido hasta el cansancio que para que esa seguridad exista, se debe cambiar el artículo primero transitorio del Proyecto de Ley, de manera de asegurar que todos aquellos miles de regantes que no alcancen a regularizar sus derechos cuando comience a regir la nueva ley, se les dé certeza que sus derechos sean regularizados como derechos permanentes y no como derechos temporales” aseguró. Por su parte, Pelayo Alonso, presidente de la Junta de Vigilancia del Río Elqui, lamentó que desde el ejecutivo exista una actitud de descalificar a los dirigentes de las organizaciones “acusándonos de oscuras intenciones, de motivaciones ideológicas y proteger intereses de grandes conglomerados” aseguró. Asimismo agregó que “hemos reiterado o manifestado hasta el cansancio que nuestros planteamientos corresponden a las inquietudes, temores y aprehensiones planteadas por nuestros regantes desde las bases de nuestras organizaciones y no como mañosamente se nos acusa de desinformar o querer construir una campaña de terror”. Alonso va más allá, citando frases en este caso, del diputado Daniel Núñez dichas a las prensa respecto a la reforma del Código de Aguas, donde el parlamentario oficialista aseguraba entre otras cosas que el Estado “debía ser el dueño de las aguas superficiales y subterráneas del territorio”. “Se nos dice que no hay intenciones de afectar la propiedad y que es un temor infundado, pero entonces cómo entender esas declaraciones (…) Estas palabras, son las que generan la incertidumbre, molestia y temor y que es evidente que responden a cuestiones o principios ideológicos y en definitiva fundan la posición del sector agrícola frente a la reforma” aseguró. “Con la excusa de ‘asegurar’ el acceso al agua potable y al saneamiento -situación que la reforma no resuelve -, se está afectando o vulnerando el derecho de propiedad sobre el aprovechamiento de las aguas en Chile” agregó. Al final, los dirigentes insistieron que las juntas de vigilancia sólo han desarrollado su labor, representando las dudas y las inquietudes que han manifestados los propios regantes en torno a la siempre polémica reforma al Código de Aguas.
