Han sido tres semanas de manifestaciones sociales, la gran mayoría de manera pacífica y en legítima exigencia de equidad social en distintos estamentos, pero también con algunos momentos de violencia y hasta de sustracción de especies en comercios de la zona.
Ni el poder judicial ha quedado al margen de la situación, ya que durante los primeros días del estallido social ha tenido que atender a más casos de lo habitual.
El juez Darío Díaz, indicó a El Ovallino que ciertamente desde que iniciaran las manifestaciones sociales, y en las noches se separaran grupos para generar destrozos a locales comerciales, se realizaron una serie de detenciones y sus controles que culminaron con una rápida sentencia de los imputados.
“Los primeros casos recibieron sentencia inmediata, porque eran delitos y faltas menores, ninguna por alteración del orden, sino por sustracción de especies de lugares no habitados, por eso se pudo determinar rápido y sentenciar con penas que van de los 40 hasta 60 días o más de privación de libertad efectiva, varios de ellos la comenzaron a cumplir inmediatamente”, indicó el magistrado.
Otros casos han conllevado al detenido a tener un proceso en libertad, como el de la estudiante que fuera formalizada por lanzar un objeto contundente a un recinto comercial.
Trabajo en conjunto
Indicó que la labor que han desarrollado en conjunto con la Fiscalía y las policías les ha permitido dar rápida respuesta a los casos en Ovalle, que obviamente son considerablemente menos que en otras ciudades.
“Cada uno tiene sus labores y funciones y cada uno tiene su independencia, pero trabajamos de manera coordinada para que cada proceso se haga de la manera más expedita, ofreciendo todas las garantías a la víctima y al procesado, por eso cuando la fiscalía procede contra un imputado, con su investigación y lo que pueda aportar Carabineros, nosotros atendemos todos los alegatos porque somos la última fase de la cadena. Pero siempre desde que la fiscalía decide actuar, nosotros estamos comunicados”, comentó el juez.
Advirtió que no todos los detenidos en actividades violentas pasan necesariamente a un control de detención, porque para ello tendría que haber un proceso investigativo sobre los delitos o faltas que habría cometido el detenido, pero sí necesariamente la notificación a Fiscalía quien debería determinar si inicia el proceso o lo deja en libertad, pero no es algo que decide Carabineros.
“Gracias a esa coordinación se ha podido dar rápida respuesta en los últimos casos, que a razón de lo que ocurre cada vez son menos los casos que se han atendido”.
Jueces en la calle
Como parte también de las funciones naturales de los jueces, que a explicar de Peña también deben velar por el correcto funcionamiento de todos los engranajes del proceso de justicia, los magistrados del Juzgado de Garantía de Ovalle Luis Muñoz y Darío Díaz se constituyeron en la Tercera Comisaría de Carabineros de la comuna -correspondientes a la jurisdicción del tribunal- con el objetivo establecer un contacto directo con la unidad policial y verificar procedimientos y condiciones de detenidos.
Los jueces recorrieron el lugar, revisaron el libro de ingreso constatando que concordara con los controles de detención realizados por el tribunal y comprobaron que –en esta ocasión- no existían personas detenidas.
El magistrado Díaz indicó que en las últimas semanas es la tercera vez que concurren al centro policial. “La visita tiene por objetivo verificar que se cumplan las normas de la legislación vigente y la Constitución, en cuanto al respeto de los derechos de los detenidos, es una visita que ya hicimos la semana pasada y constantemente vamos a estar realizando mientras se mantenga la situación del país”, manifestó.
En la comisaría, los jueces informaron a los oficiales a cargo las vías de comunicación expedita en caso de que un detenido requiera la presencia de un juez en el lugar y reiteraron la necesidad que el libro de ingreso sea de acceso público.
