Juan Carlos Pizarro
El debate resurge una vez más. Desde antes de su entrada en vigencia en julio del 2016, el Control Preventivo de identidad ha sido foco de polémica. Claro, la normativa puesta en marcha en el marco de la denominada Agenda Corta Antidelincuencia siempre tuvo detractores, los que incluso la compararon con la detención por sospecha que rigió durante la dictadura militar, y que fue derogada recién en 1998.
Para muchos no era necesaria, ya que el artículo 85 del Código Procesal Penal permite realizar las diligencias investigativas a quienes presenten indicios de haber cometido algún delito. Pero finalmente se aprobó y con ello Carabineros quedó facultado para efectuar controles de identidad de manera aleatoria (bajo el artículo 12) a cualquier persona mayor de 18 años, a riesgo de ser retenidos de no portar algún documento que acreditara su identificación.
El anuncio que reabrió la polémica
A poco más de dos años desde su publicación, y con visiones diversas respecto a los reales resultados, el ministro del Interior Andrés Chadwick anunció que el Gobierno estudia modificaciones a la controversial normativa, lo que la haría todavía más restrictiva.
Pero, ¿cuáles serían los cambios? Según dijo el secretario de Estado, se encuentran analizando la posibilidad de disminuir la edad límite para realizar los controles, y ampliar las atribuciones de los policías, permitiendo no sólo la solicitud de identificación, sino que el registro de vestimenta y accesorios.
La discusión se desató de inmediato, sobre todo por el primer punto. El proyecto incorpora a los menores de edad desde los 14 o los 16 años –según quede definido-, lo que no cayó nada bien en entidades como, por ejemplo, la defensoría de la niñez, desde donde catalogaron la propuesta de “incoherente” ya que “no se condice con las pretensiones y estándares de DD.HH.”.
Pero también están quienes aplauden la medida, ya que aseguran, el momento actual y los niveles de inseguridad alcanzados, requieren el cambio de manera urgente.
Los números de la Región de Coquimbo: más controles, más detenciones
Primero vamos a lo concreto. Bajo la normativa vigente –el control de identidad preventivo sin las posibles modificaciones-, en la Región de Coquimbo, de acuerdo a las cifras entregadas por Carabineros desde el 11 de julio del 2016 a la fecha, se han realizado 337.541 controles, logrando 6.725 detenciones. Es decir, la efectividad alcanzaría el 1,9%.
El porcentaje pareciera ser bajo, pero, según precisan desde la institución, lo importante sería la variación porcentual positiva que han experimentado. Tomando como parámetros el 2017 y el 2018, tanto los controles como las detenciones han aumentado. En el 2017 hubo 109.375 procedimientos bajo el artículo 12, con 1711 detenidos, mientras que en el 2018 el guarismo ascendió a 209.899 con 4.239 detenidos.
La variación porcentual al alza respecto a los dos años resulta ser de un 47,9% respecto a los controles y de 59,6 en relación a las detenciones.
El subprefecto de Coquimbo, el Mayor Francisco Aravena, enfatizó en que el balance desde la implementación de la herramienta legal, es positivo, ya que “la cantidad de reclamos es muy baja” por este tipo de procedimientos. “Se trata de una medida beneficiosa y mejora la percepción de seguridad de la población (…) Dando mejor tratamiento a la persecución del delito en nuestro país, fortaleciendo la cooperación y coordinación de todos los actores involucrados en la materia, además de otorgar mayores facultades a las policías en su accionar”, manifestó.
Pero si ha funcionado, ¿es necesario cambiarla? Aravena indica que como institución no pueden hacer comentarios respecto a medidas legislativas que no están definidas. “Debemos manejarnos con las figuras existentes hasta ahora”, consigna.
Sin resultados positivos
Donde sí se refirieron a las posibles modificaciones fue en la Defensoría Penal Pública. La entidad siempre se manifestó contraria a la incorporación del artículo 12, e hicieron saber que se trataba de una medida “arbitraria y discriminatoria”.
Además, según afirman, no habría tenido resultados desde su puesta en marcha hace dos años, por lo que no entienden que el Gobierno insista en su aplicación y ahora con mayores atribuciones a la fuerza policial. “No ha existido el impacto que esperaban en la aplicación de este control, para el efecto de prevenir la delincuencia. Es mucho más eficaz el control investigativo que establece el código procesal penal, en el artículo 85 en el que la policía puede fiscalizar a una persona cuando hay indicios de que se ha cometido un delito”, explicó Inés Rojas.
Claro, la interpretación que hace la defensora es diferente a la de Carabineros y se centra en la normativa que ya existía antes del control preventivo, el control investigativo, el que, según cifras oficiales continuaría teniendo mayor eficiencia. Haciendo la comparación sólo del 2018, la institución realizó 209.899 procedimientos preventivos con 4239 detenciones, lo que corresponde a un 2,11%. Por otra parte los controles investigativos llegaron a 26899 con 1323 detenidos lo que equivale a una efectividad del 4,9%.
Con este antecedente la defensoría apunta a que el artículo 12, “ni siquiera era necesario”. Sin embargo, quienes lo defienden, aseguran que este análisis es demasiado superficial considerando que los procedimientos son diferentes. Mientras el control de identidad preventivo fiscaliza a personas de manera aleatoria, el investigativo lo hace cuando existen indicios de delitos, o indagatorias previas, por lo que evidentemente tiene mejores resultados.
Menores agraviados
Pero más allá de los números, la defensora regional Inés Rojas, tampoco encuentran sentido el que se controle a menores de edad. Precisa que no existe estudio que justifique esta medida, es más, asegura que desde el año 2011 habría bajado la incidencia de los adolescentes en los delitos. “Como defensoría penal Pública que atendemos el 90% de las causas desde la Reforma Procesal Penal, hemos visto disminuidos nuestros ingresos de menores y adolescentes que sean infractores de ley”, precisó, agregando que no hay que dejar de lado el trauma que puede significar para un menor uno de estos controles. “Aunque aparezca como una intervención liviana, igualmente para un niño de esa edad es algo que le puede afectar bastante en su vida”, sostuvo.
Un cambio que responde a “necesidades de la gente”
Pero en la zona también hay quienes defienden tanto a la ley actual, como a las modificaciones que se pretenden efectuar. Y claro, la sensación de inseguridad de la genta ha aumentado. De acuerdo a los números de Carabineros los delitos de mayor connotación social registraron un alza durante la temporada estival y en lo que tiene que ver con los ilícitos violentos, la cifra también iría en alza, lo que justificaría la medida. Así lo consignó el propio Ministro Chadwick quien precisó que esto iría en directa relación con mejorar la tranquilidad de la ciudadanía, y que “el que nada hace nada teme”.
Dichos que respalda el diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI) quien asegura que el proyecto se ajusta a lo que la gente está pidiendo, que es precisamente tener mayores controles y prevención, incluyendo a los menores de edad. “Hoy día sabemos que hay menores cometiendo delitos, ya sea porque los ocupan los mismos profesionales de la delincuencia, o porque hay bandas organizadas integradas por menores. Entonces la edad no es un impedimento para cometer un delito, y creo que Carabineros debe tener la facultad para controlarlos a ellos”, manifestó Fuenzalida.
El parlamentario agregó que “debemos terminar con el régimen garantista que tenemos”, y poner más mano dura. En esa línea defendió la eficiencia de los controles que también se ha cuestionado por parte de la Defensoría. “Yo invito a que todas esas personas que opinan desde su escritorio, que vayan a la calle, que conversen con la gente y le pregunten si se sienten seguros. Porque yo te aseguro que los índices reales son mucho mayores a los que maneja el Ministerio Público o los defensores”, puntualizó.
Diputado Walker: “Los menores no”
El también parlamentario por la Región de Coquimbo, Matías Walker, fue uno de los que impulsó la iniciativa vigente de control preventivo, en el 2015, cuando se comenzó a discutir y presidía la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, pero ahora no ve con buenos ojos las modificaciones que se estarían estudiando en relación a bajar la edad e incorporar a menores de edad como posibles sujetos de control. “Fue algo que ya se discutió y quedó establecido que se aplicaría a mayores de 18 años”, enfatiza el parlamentario.
Walker cuenta que se pusieron sobre la mesa informes de la Unicef, donde quedó claro que era contraria a los derechos del niño y, además, el nuevo cambio no se ajustaría a la legislación actual, ya que hoy día los menores no tienen la obligación de portar su cédula de identidad.
Pero además el diputado pone el acento en la crisis actual de Carabineros, ya que sostiene, no cuentan con la valoración ciudadana suficiente respecto del ejercicio prudente de sus facultades. “Yo creo que hay que hacerse cargo del problema real de la delincuencia, que es de la violencia asociada al delito que se ve reflejado en el aumento de los homicidios, en el caso del robo con armas, y de las violaciones en un 20%, así que yo espero que esta idea no prospere”, aseveró Matías Walker.
Convivir con los delitos
“Es fácil opinar en contra de todas estas medidas detrás del escritorio”, dice Patricia Godoy, presidenta de la junta de vecinos Villa El Toqui, en Las Compañías. Ella está a favor de la iniciativa, ya que, asegura, “todo lo que mejore la seguridad, para nosotros es un beneficio”.
Cuestiona a los detractores, porque, dice, “no conocen lo que es vivir en las poblaciones” y ver cómo día a día la “gente de bien” tiene que convivir con la delincuencia. “Carabineros debe tener las atribuciones que se requieran para hacer su labor. Y que no vengan ahora con el tema de la edad, porque para andar robando no necesitan ser mayores”, aseveró Godoy, quien eso sí, reconoce que en el último tiempo se han sentido más seguros, pero no precisamente por iniciativas que nazcan de las autoridades, sino que gracias a su propia organización vecinal. “Los vecinos acá nos cuidamos unos a otros, porque no nos queda otra. Tenemos grupos de whatsapps, donde avisamos si vemos algo raro, pero nunca es suficiente. Por eso que no me parece que sea algo malo que estos controles se hagan y ojalá más permanentes”.
Más oportunidades
Otro de los sectores de la capital regional que se asocia a la inseguridad es La Antena. A diario, y en las distintas esquinas, se puede ver a jóvenes fumando pasta base, sobre todo por las noches. De hecho, existen sectores por los que simplemente no se puede transitar. Aquello lo tiene claro Patricia Véliz, presidenta de la Junta de Vecinos.
Ella está a favor de las medidas que aumenten la seguridad, pero indica que tampoco quiere que Carabineros tome controles “a diestra y siniestra” a los menores. “Siempre van a ser bienvenidas las medidas contra la delincuencia, porque nosotros hemos tenido situaciones acá de personas baleadas, y esos casos que no han sido resueltos. Con eso te doy un ejemplo”, consignó.
Sin embargo, precisa que la solución no siempre está en el uso de la fuerza, y a veces lo que falta son mayores oportunidades para que la juventud ocupe el tiempo de mejor manera. “Lo que pasa es que no se saca demasiado con ir implementando cosas así, si como país no tenemos propuestas para mejorar globalmente, porque la delincuencia se genera debido a que hay historias detrás que llevan a un joven a terminar así”, asevera la vecina.
Y no sólo pone énfasis en la prevención, sino que también en la posibilidad de rehabilitación de quienes han caído en el consumo de drogas. “Hay que darle una segunda oportunidad e estas personas, que muchas veces no han tenido las posibilidades que tuvo la mayoría, de estudiar, trabajar, pero que todavía pueden ser un aporte para la sociedad”, manifestó Patricia Véliz, quien, más allá de que se aprueben o no modificaciones a una ley, apunta a una problemática mayor, al problema social que, afirma, “no se va a arreglar con una normativa más o una normativa menos”.
