Hasta el Juzgado de Garantía llegaron cuatro de los cinco carabineros imputados, en donde el Ministerio Público relató los hechos que se atribuirían a los uniformados.
El pasado 19 de octubre, Benjamín Huerta, de 23 años fue herido de bala por un funcionario policial identificado con la iniciales H.N. mediante la primera jornada de movilizaciones en la ciudad de Ovalle. Según el testimonio entregado por la víctima a pocos días de lo ocurrido, el estudiante de Ingeniería en Construcción de la Universidad Santo Tomás, no habría estado participando de las manifestaciones, encontrándose con la escena en donde un carabinero de civil apuntaba con un arma en la cabeza a otra persona.
Ante los alegatos de la víctima para que soltara al individuo, en ese momento el supuesto autor, tomó a Benjamín realizando un forcejeo en donde finalmente dispara a quema ropa al joven estudiante.
ANTECEDENTES DESDE FISCALÍA
Los hechos presentados por el ministerio Público señalan que el funcionario H.N.C, “prevaliéndose de su carácter público con la finalidad de castigar, redujo e inmovilizó a la víctima para luego efectuar un disparo a corta distancia con su arma de fuego personal en contra la victima hiriéndola en la zona de la ingle, cayendo al suelo. Lugar en el cual es aprendido y trasladado por al menos tres funcionarios de carabinero A.C.G.A, E.N.S.R y un tercer funcionario que aún no ha sido identificado en la presente investigación”, indicó la fiscal Rocío Valdivia en la audiencia.
Una vez que la víctima fue detenida, los carabineros “lo golpearon con golpes de pies, puños en distintas partes de cuerpo y le jalaron el cabello ingresándolo al interior de la Tercera Comisaria de Ovalle, lugar en el cual es llevado al calabozo”, describe la investigación del ente persecutor.
En el lugar, “J.B.V procedió a colocar las esposas inmovilizándolo y dejándolo en el piso en el sector de los calabozos sin recibir atención médica, donde además la víctima fue fotografiada por el cuarto imputado C.C.H junto a los demás implicados, en el instante que se encontraba semidesnudo en el suelo de acceso al calabozo”.
UNO DE LOS IMPUTADOS NO ASISTIÓ A LA AUDIENCIA
Tras la audiencia, el imputado H.N.C, el cual tendría mayor participación y la vez, atribuible la autoría del disparo, no asistió tras encontrarse con licencia médica. Es por ello, que la formalización se centró en quienes habrían propinado golpes post disparo al interior de la Tercera Comisaria de Ovalle.
“Tienen que ver con situaciones constitutivas que entendemos nosotros como apremios ilegítimos en dos de los casos por propinarle golpes y en los otros dos casos por tratos degradantes al tomar fotografías cuando se encontraba en la situación que referí en la formalización”, explicó la fiscal del caso Rocío Valdivia.
El juez de la primera sala del Juzgado de Garantía de Ovalle, acogió las medidas cautelares de la Fiscalía, quedando los cuatro imputados con firma mensual en la Tercera Comisaría de Ovalle, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima.
“La idea es mantener la unidad de acción y por eso hice referencia de los hechos que parten con el tiro que el funcionario le da a este joven en la vía pública y a partir de esto, se suceden esta otras situaciones que afectan a estos otros funcionarios que tienen que ver con situaciones constitutivas, entendemos nosotros como apremios ilegítimos”, explica Valdivia.
En cuanto a la nueva fecha de audiencia para la formalización de H.N.C se fijó para el 5 de marzo a las 10 horas en el Juzgado de Garantía de Ovalle. “Es al único que se le está imputando la participación en el delito de homicidio en el carácter de frustrado y también en el delito de falsificación de instrumento público”.
En la ocasión la fiscal solicitó al magistrado la fijación de la nueva fecha y la habilitación de la constitución en el domicilio del imputado para efectuar la audiencia de formalización en su casa en el caso que aún se mantenga con licencia médica para aquel entonces. “La idea es que el 5 de marzo sí o sí se realice la audiencia”, finalizó la fiscal.
La víctima se presentó al Juzgado de Garantía junto a dos abogadas querellantes; María Fernanda Pinto como abogada particular y Rocío Vázquez, abogada del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Al respecto, la jefa subrogante del INDH Coquimbo, María Fernanda Glaser, manifestó que, “nosotros como Instituto Nacional de Derechos Humanos lo que nos interesa es que estas causas se investiguen con celeridad y que se haga el trabajo de la justicia ordinaria en casos que tiene que ver con crímenes de derechos humanos”.o
