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Los afectados habrían sido traídos mediante engaños desde Bolivia para trabajar en faenas agrícolas en el sector de Altos de la Chimba, después de ingresar al país por un paso no habilitado de Colchane.

Este viernes fue puesto a disposición de la justicia un matrimonio boliviano, quienes tras ser formalizados por el delito de trata de personas quedaron el hombre en prisión preventiva y la mujer con arresto domiciliario total. 

La detención se produjo en el operativo “El Reloj”, coordinado entre la Policía de Investigaciones, PDI y la Fiscalía de Ovalle, que detectaron el delito que habría afectado a alrededor de 50 personas, todas de nacionalidad boliviana, quienes habrían ingresado al país por un paso clandestino cerca de Colchane en la Región de Tarapacá,

Según explicó el prefecto inspector Ricardo Gatica, jefe regional de la PDI, “esta operación marca un hito, porque es la primera vez que se puede detectar la trata de personas en la provincia de Limarí”, lo que, destacó, “obedece a la constante fiscalización, trabajo que hace policía internacional en control y fiscalización de los extranjeros”.

 

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 En condiciones inhumanas

 

Las personas fueron contactadas por redes sociales por los imputados y traídas a la zona para trabajar en un predio ubicado en Altos de la Chimba, en la comuna de Ovalle. Allí, pernoctaban en precarias condiciones, en hacinamiento y viviendo bajo amenaza.

Según información recabada por El Día, la pareja, además de retener sus documentos de identidad, manteniéndolos bajo coerción y entrenándolos para no ser descubiertos, (razón por la cual al momento de la entrada de los oficiales al campamento, un grupo de trabajadores y trabajadoras migrantes arrancaron del lugar), determinaban el pago por su trabajo de forma arbitraria sin respetar acuerdos, incluso castigándolos a través de éste.  

Para detectar el delito fue fundamental el testimonio de al menos seis víctimas. Así lo dio a conocer el Subprefecto Germán Cerda, jefe de Departamento de Migraciones y Policía Internacional de La Serena.“Se recogió el testimonio que dio origen a la investigación de seis extranjeros de esa nacionalidad más un chileno, cuando se llega ayer (jueves) a practicar la detención de ambos se produce una huida de alrededor de 50 a 60 extranjeros que estaban en el lugar, ellos huyen del lugar por la coerción y las amenazas por las que estaban siendo objeto por parte del imputado”, explicó el subprefecto Cerda.

 

 

Casos similares recientes

 

Si bien la tipificación del delito es distinta, el caso recuerda a lo sucedido el pasado 11 de noviembre, cuando una pareja chileno-boliviana fue detenida por tráfico de migrantes. Estos sujetos reclutaban a temporeros desde la ciudad de Santa Cruz de La Sierra, Bolivia, quienes llegaron a trabajar a un predio en Pan de Azúcar con condiciones muy diferentes a las prometidas.

 

El fiscal regional, Adrián Vega, aclaró que la distinción se da porque en el caso de noviembre, “el ingreso ilegal al país se produce sin fines específicos”, mientras que en el caso de Ovalle “había explotación laboral de las personas que son víctimas desde el punto de vista de que nos les pagaban lo suficiente, condiciones de hacinamiento y cierta coerción para mantenerlos captados en el trabajo que debían desempeñar”.

El fiscal sostuvo que es de vital importancia seguir fiscalizando, para evitar que se sigan cometiendo este tipo de delitos. “Es importante para nosotros que la PDI, junto con la Fiscalía pueda imputar estos delitos sabiendo y dando a conocer la realidad que existe en una zona agrícola puntual, el caso anterior había sido en el sector de Pan de Azúcar Coquimbo y en este caso en el sector de La Chimba, Ovalle, por lo tanto estamos muy pendientes que esto se siga investigando y encontrar nuevos focos de explotación de este tipo de personas que lamentablemente tienen que traspasar ilegalmente nuestra frontera para venir a buscar un mejor remuneración o destino”.

En relación a posibles consecuencias penales para los predios donde se empleaban estas personas, Vega indicó que “lo que se investiga es cómo funciona esta cadena, pero generalmente las empresas contratan intermediadores agrícolas y son ellos quienes tienen que hacer el trabajo de contratar a la persona que ejecuta la labor de recolección, ahora, si esa situación no está regulada puede haber responsabilidad de tipo laboral del contratista desde que contrata el servicio, porque pueden haber contratos irregulares relaciones laborales que deberán ser responsables desde el punto de vista laboral”.

En este sentido, agregó que “los contenidos penales no podríamos descartar desde ya como hipótesis que puede haber alguna incidencia de alguna persona de una empresa en este ilícito, pero eso está en investigaciones y no se puede en ningún caso afirmar, pero se investigan todos los detalles”. 

Tras ser formalizado, el hombre quedó en prisión preventiva por peligro de fuga, con una caución de 1 millón de pesos, mientras que a su pareja se decretó arresto domiciliario total, medidas “proporcionales a las penas probables”, indicó Vega.

Es importante mencionar que las víctimas del delito no serían perseguidas, ni expulsadas del país, aunque se encuentren de forma irregular. 

 

 

 

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