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Romina Navea R.
El funcionario policial habría disparado a un joven el sábado 19 de octubre, mientras este intentaba defender a otra persona en la primera manifestación realizada en Ovalle. H.N.C quedó con la máxima medida cautelar, luego de que el Tribunal acogiera lo solicitado por la Fiscalía como un peligro para sociedad, para la victima y asegurar las diligencias de la investigación.

Una extensa audiencia de formalización se llevó a cabo durante este miércoles en contra del imputado H.N.C, funcionario policial de la Tercera Comisaría de Ovalle, quien el pasado 19 de octubre habría disparado a Benjamín Huerta de 23 años a la altura de la ingle luego de que intentara defender a otra persona en el contexto de manifestación.

Por al menos cuatro horas se desarrolló la audiencia en donde el Ministerio Público, abogadas querellantes y defensa del imputado expusieron sus argumentos ante el tribunal en la primera sala del Juzgado de Garantía de Ovalle. Luego de que en una primera instancia, específicamente el 13 de febrero del presente año, el imputado no asistiera a la formalización tras encontrarse con licencia médica.

Finalmente durante esta jornada se logró formalizar al capitán de Carabineros H.N.C por tres delitos; Homicidio frustrado, falsificación de documentos públicos  y detención ilegal.

En el proceso de investigación, la Fiscalía logró obtener  grabaciones de cámara de seguridad, una grabación de redes sociales efectuada con un teléfono celular, declaraciones de testigos, prueba documental, prueba pericial que da cuenta del carácter mortal de la herida, además de documentos médicos y policiales que acreditan varios hechos ocurridos en aquella oportunidad.

La solicitud del ente persecutor señaló la prisión preventiva para el imputado, luego de que este fuera un peligro para sociedad, para víctima y a la vez, asegurar las diligencias de la investigación, donde en esta oportunidad se acreditó que el imputado tendría directo acceso a varios antecedentes o elementos de pericias en los que – según la Fiscalía- , no se podría ejercer un resultado objetivo.

DETALLES DE LA INVESTIGACIÓN

Durante la audiencia, son varios los antecedentes que se lograron entregar tras la investigación. Según los datos de la Fiscalía, el imputado habría estado con licencia médica por una enfermedad común desde el 11 al 19 de octubre del año 2019.

Los hechos ocurrieron el día sábado 19 de octubre, donde el funcionario decide de manera voluntaria comenzar con sus labores policiales luego de la primera manifestación tras el estallido social en la ciudad, la cual terminó con varios desmanes en las dependencias de la Tercera Comisaría de Ovalle y sector de la Alameda.

Este miércoles, fueron entregadas las declaraciones de la víctima Benjamín Huerta Escobar de 23 años, donde relata que no habría estado participando de las manifestaciones, encontrándose con la escena en donde un carabinero de civil apuntaba con un arma en la cabeza a otra persona.  Ese sábado, la víctima se encontraba en un evento familiar en una población aledaña al lugar de los hechos. Luego de unas horas, el joven estudiante camina por calle Ariztía Poniente, donde observa que un sujeto se encontraba apuntando con un arma a un joven. Es en ese momento, Huerta increpa al funcionario policial que se encontraba de civil – sin saber que se trataba de un carabinero- y  dispara en una primera instancia, se dirige a la víctima y le propina un disparo a la altura ingle sin salida del proyectil.

DEFENSA

Por otro lado, las declaraciones del imputado, las cuales también fueron expuestas por la defensa y el parte policial que se creó en el día de los hechos. H.N.C, tendría una versión bastante distinta a la de la víctima, donde aseguraba que Benjamín habría sido detenido por “maltrato a la obra” (golpear a un carabinero) y tras no obedecer a la detención, propinó el disparo.

Esta hipótesis fue descartada en la audiencia de formalización por el juez de Garantía tras no mantenerse pruebas que concretaran los dichos, puesto que la fiscalía mantenía videos que si demostraba la versión entregada por la víctima, el cual asegura nunca haber golpeado al policía.

Los informes periciales y médicos expuestos en la sala, señalaban y establecían que las heridas provocadas por el disparo de H.N.C en contra de la víctima, podría haber sido fatales, luego de comprobar la factura expuesta a la altura de la pelvis sin salida proyectil y el tiempo de asistencia al herido.

Otro dato relevante en la investigación, señalaron que el revolver el cual se produjo el disparo, pertenecía de manera particular al imputado.

MÁXIMA CAUTELAR

Tras los argumentos expuestos por ambas partes, finalmente el juez otorgó la prisión preventiva del funcionario policial, acogiendo la solicitud de la entidad persecutora junto a la abogada querellante María Fernanda Rojas y la abogada representante del INDH Rocío Vásquez.

El imputado “quedó con prisión preventiva y la necesidad de cautela se fundamentó por parte nuestra y que compartió el tribunal por peligro para la seguridad de la sociedad, peligro para la seguridad de la víctima y para asegurar diligencias de investigación”, dijo la fiscal Rocío Valdivia.

El tiempo de investigación en esta causa fue fijado en 60 días. De esta manera, la fiscal del caso indicó que “lo que nos deja poco conforme fue el plazo de investigación que se nos otorgaron que son 60 días, la verdad es que hay varias diligencias que  se tienen que realizar, que están pendientes y entendemos que el plazo es bastante acotado así que vamos a hacer los esfuerzos para tratar de obtener todas las pruebas necesarias antes de que se venza el plazo”.

María Fernanda Rojas, abogada querellante, indicó que se encuentra conforme con el resultado de la formalización y que durante el proceso de investigación, “hasta el día de hoy se ha avanzado mucho, el trabajo de la fiscalía ha sido muy diligente, pero aún faltan algunas diligencias por realizar (…) lo que nosotros queremos es apurar estas diligencias porque hay un plazo de investigación solo respecto del señor H.N.C de 60 días, la idea es avanzar lo más pronto posible”.

A su vez, aclara que, “acá lo único que nosotros queremos es que esclarezcan los hechos, buscar justicia. Nada más que eso; ni Benjamín, ni la familia de Benjamín, ni yo como querellante, no tenemos ninguna animadversión en contra de la institución propiamente tal, sino que lo único que queremos es un esclarecimiento de los hechos porque Benjamín es una persona que estudia y  trabaja y que además ha sido becado por su buen rendimiento”, agrega la abogada querellante.

Por otro lado, desde Instituto Nacional de Derechos Humanos, Rocío Vásquez, abogada querellante desde la entidad, sostuvo que “estamos conformes con la decisión de prisión preventiva, entendíamos que había antecedentes más que suficientes para poder decretarla. Ahora lo que queda pendiente efectivamente son las declaraciones de los dos co-imputados, pericias sicológicas específicamente a la víctima y también pericias que tiene que ver con la trayectoria balística del disparo”.

“La intención del instituto, más que nada es que verifique la verdad, que se esclarezcan los hechos y que obviamente, que las personas que deban responder que así lo hagan”, finalizó Vásquez.

 

CO-IMPUTADOS

El día 13 de febrero, se llevó a cabo la audiencia de formalización de cuatro funcionarios de Carabineros de iniciales A.C.G.A, E.N.S.R, J.B.V y C.C.H, por apremios ilegítimos tras estar involucrados en los hechos del sábado 19 de octubre cuando la víctima recibió el disparo.

Una vez que la víctima fue detenida, los carabineros “lo golpearon con golpes de pies, puños en distintas partes de cuerpo y le jalaron el cabello ingresándolo al interior de la Tercera Comisaria de Ovalle, lugar en el cual es  llevado al calabozo”, describe la investigación del ente persecutor.

En el lugar, “J.B.V procedió a colocar las esposas inmovilizándolo y dejándolo en el piso en el sector de los calabozos sin recibir atención médica, donde además la víctima fue fotografiada por el cuarto imputado C.C.H junto a los demás implicados, en el instante que se encontraba semidesnudo en el suelo de acceso al calabozo”.

El juez de la primera sala del Juzgado de Garantía de Ovalle, acogió las medidas cautelares de la Fiscalía, quedando los cuatro imputados con firma mensual en la Tercera Comisaría de Ovalle, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima.

 

 

 

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