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Dos secuestros en las últimas semanas, cifras de denuncias que no terminan de bajar drásticamente, mucho menos en el contexto de la pandemia, una legislación que debe atender algunos factores para endurecer las penas por delitos de género y personal que se va capacitando para atender denuncias específicas, son parte del escenario en materia de protección a las madres y mujeres de la provincia del Limarí.

Una llamada al contacto de Carabineros y se despliega un operativo que termina con un sujeto detenido y formalizado por el delito de secuestro contra su pareja sentimental. El hecho ocurrió el 29 de abril y se convirtió en el segundo secuestro en la provincia del Limarí en menos de dos semanas, lo que visibilizó una triste realidad que es un secreto a gritos: la violencia de género está lejos de erradicarse.

Según el último balance semanal de seguridad entregado por la institución policial, en la región de Coquimbo se registraron 72 casos de violencia Intrafamiliar, dejando un saldo de 16 detenidos y 63 víctimas. 17 de los casos se produjeron en la provincia del Limarí.

Ante esta realidad distintas instituciones mantienen esfuerzos conjuntos para minimizar los efectos de la violencia de género y eventualmente superarla por completo, aunque admiten que los factores, sobre todo en el contexto de la pandemia, pueden ser muy difíciles de controlar.

“Carabineros de Chile participa de manera formal en la Red de Asistencia a Víctimas (RAV), mesa liderada por el ministerio del interior y seguridad pública, específicamente para el programa de apoyo a víctimas. Su objetivo apunta a contribuir a generar las condiciones que garanticen el ejercicio pleno de derechos de las víctimas de delito, mediante la intervención coordinada de las instituciones que integran el circuito por el cual transitan”, explicó a El Ovallino el vocero en materia de Género, Teniente Coronel Luis Martínez, de la Prefectura Limarí.

Señaló que existe un convenio de colaboración intersectorial que se materializa en una mesa nacional de trabajo, integrada por representantes de todas las instituciones firmantes (Fiscalía, SernaMEG, PDI, etc), y a su vez, se constituyen en mesas técnicas regionales de asistencia a víctimas, existiendo una en cada región del país.

El modelo de coordinación intersectorial que define a la RAV, está referido a la celebración de acuerdos entre dos o más instituciones que tienen en común una materia específica que las vincule, donde se destaca: circuito de femicidio (cif) y protocolo intersectorial de trata de personas.

En la región a contar del año 2021 se dispuso la inclusión y participación de la Prefectura de Limarí en estas mesas de trabajo, para las coordinaciones locales de ambas mesas. Así, y tras la capacitación de personal en ese respecto, la región se convirtió en la primera del país en contar con al menos un funcionario de Carabineros capacitado en materia de género en cada una de sus dependencias.

“En la actualidad la cifras se han logrado bajar gracias a la denuncia oportuna al fono familia 149, en donde en las unidades existen funcionarias especializadas para acoger la denuncia, capacitadas y especializadas en esta materia, lo cual ha sido reforzado con las trabajos constantes con reuniones con los vecinos para sensibilizar y dar la confianza hacer las denuncias”, señaló Martínez.

Refirió que el trabajo de prevención en general aborda tres ejes: Prevención y difusión que es un trabajo educativo permanente con la comunidad, la capacitación de funcionarios que serán Encargados de Género en cada destacamento, y la concurrencia oportuna a los procedimientos y llamados, dándole prioridad a las denuncias de violencia de género.

Factores y labores

En tanto la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Ivón Guerra, advirtieron que el confinamiento por las medidas sanitarias tiende a aumentar la violencia intrafamiliar.

“Por lo mismo, junto a carabineros hemos generado una alianza para entregarle prioridad a los casos o denuncias de VIF, y sin duda eso ha quedado claro en los últimos dos lamentables episodios de secuestros a mujeres en la comuna de Ovalle. Además, hemos capacitado a carabineros en temas de género para que atiendan de mejor manera las denuncias tanto de víctimas como de testigo”, señaló Guerra.

Destacó que uno de los una de las labores para combatir los delitos de género en la difusión constante de los canales de apoyo para víctimas y testigos de violencia intrafamiliar, como el fono orientación 1455, gratuito y 24/7 donde las mujeres serán orientadas de qué hacer o dónde acudir si son víctimas de violencia, o la consultas y denuncias “Whatsapp silencioso” +569-9700-7000.

“En la provincia de Limarí a través de SernamEG contamos con dispositivos de apoyo como lo es una Casa de Acogida para mujeres víctimas de violencia y con el Centro de la Mujer Sayen que presta apoyo jurídico y psicosocial a mujeres  de toda la provincia que sufren violencia.  Sabemos que la violencia de género es un flagelo que sigue arraigado en la cultura. Pero eso debe cambiar. Estamos trabajando con ímpetu para generar cambios culturales en esta materia. Es importante que estos cambios vengan de la cuna, de la primera infancia y allí la educación familiar y escolar juega un rol fundamental”, sentenció la seremi.

Deuda legal

En tanto la abogada especialista en temas de género, María Belén Rojas, explicó a El Ovallino que si bien el tema de la Violencia Intrafamiliar no escapa a la realidad limarina, la tipificación de secuestro como delito en la provincia no es algo muy frecuente.

“Es poco usual la tipificación de secuestro porque la gente no se atreve a denunciar. Esto en Chile ocurre siempre, a mí como abogada me ha tocado llevar muchos casos en los que muchas mujeres relatan historias de secuestros en las que las han golpeado, las han retenido en sus casas, las han llevado a otras casas de sus agresores, porque no siempre viven juntos, y las han tenido retenidas a modo de castigo, así que esto no es nuevo, sino que ahora se ha visibilizado en el contexto de la pandemia”.

Señaló que el hecho de que se denunciaran dos secuestros en una misma semana es impulsado por una parte por los llamados a denunciar estos delitos, pero que refleja un problema de fondo que es la agudización de la violencia al interior de los hogares en el contexto de la pandemia.

“La violencia es un fenómeno que se genera mucho bajo ciertas situaciones de vivencia de las personas. Existe una gran cantidad de familias que viven violencia al interior de sus hogares, que crecieron, se desarrollaron, armaron sus vidas, tuvieron sus propias familias y ahora la pandemia y las condiciones de estrés que la misma genera hacen que esa violencia se haya recrudecido y por lo tanto sea más visible”.

Bajo ese escenario aseguró que en Chile existe una gran deuda en materia judicial referidos a temas de género, que deja abiertas posibilidades para que las tipificaciones o condenas no sean tan contundentes.

“En Chile si la pareja no vive bajo el mismo techo con su agresor, no se puede tipificar como violencia intrafamiliar, aunque en la práctica la mujer sí lo esté sufriendo. Pero para la ley no sería un caso VIF. Es decir, que si son novios y no viven juntos, no se considera Violencia Intrafamiliar, sino que sólo se considerarían como lesiones, que es un delito mucho menor. Y lo peor de todo es que cuando hay denuncias por VIF de inmediato tiene una orden de alejamiento, mientras que si solo se tipifican las lesiones, no la hay, porque se consideraría que son completos desconocidos aunque tengan muchos años conociéndose”, destacó Rojas.

Preocupante factor

Resaltó que los secuestros ocurridos no fueron por temas políticos o económicos, sino que fueron perpetrados en un contexto exclusivo en un contexto de violencia de género hacia la mujer.

“Eso denota la relación de poder que ha existido durante todo este tiempo, en el que la mujer ha quedado relegada a la vida privada durante la pandemia. Han sido las más perjudicadas dentro de la sociedad. La precarización de la mujer se ha recrudecido con la pandemia, ya que la mayoría de los puestos de trabajo que se han perdido están ocupados por mujeres. Muchas tuvieron que renunciar para quedarse en sus casas atendiendo las clases en línea, y esto significa que muy probablemente los casos de violencia intrafamiliar, que se generan en estas relaciones de poder y de dependencia económica, en la que han de caer, ahora que han vuelto a la casa, va a aumentar las tasas de VIF en un futuro y esto es lo que tenemos que trabajar ahora más que nunca, porque desgraciadamente si seguimos de esta manera, van a salir más casos como los ocurridos en Ovalle. Yo misma he patrocinado casos donde sí han ocurrido, y varias veces”.

 

 

 

 

 

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