Familia ovallina insiste que son dueños de terreno pese a fallo adverso de la Corte Suprema

gobiados  y cansados se encuentran los integrantes de una familia campesina de la comuna de Ovalle, tras perder ante los tribunales de justicia una demanda interpuesta en su contra por la Empresa Urbana Río Limarí Limitada, quienes exigen el desalojo del terreno.

Se trata de los Araya Gallardo, quienes expresaron que esta empresa quiere despojarlos del terreno denominado La Parcela La Parra N°2, que está ubicado en la ribera del Río Limarí, bajo el sector de la población Ariztía,  de Potrerillos bajo. “Este espacio que está en disputa ha sido su hogar desde siempre”, señaló Eloína Gallardo, integrante de la familia.

El actual conflicto comenzó el año 2014 con una medida prejudicial precautoria que interpuso Patricio Madariaga, representante de la empresa, en el Primer Juzgado de Ovalle en contra de Armando Araya Gallardo. Esta demanda tenía el fin de sacar a toda la familia de aquel terreno, ya que, según la empresa pertenece a ellos desde el año 2010. La entidad judicial local, acogió la solicitud y ordenó el desalojo de los campesinos en septiembre del año 2015.

Ante la sentencia a favor de la Inmobiliaria y en contra de ellos, la familia recurrió el mismo año a la Corte de Apelaciones de La Serena, donde se revocó el fallo, acogiéndose el derecho de los campesinos. Sin embargo, Inversiones Limarí Ltda, insistió en la Corte Suprema, donde puso un recurso de casación de forma y fondo, el cual fue considerado por la máxima entidad judicial del país en enero del 2018 y, ordenó el alzamiento de los Araya-Gallardo del terreno disputado, explicó Carlos Sáez actual Abogado de la familia demandada.

Pese a que el tribunal supremo es la última instancia judicial y, para esta causa ya ordenó la condena, la familia Araya Gallardo sigue luchando para que no les quiten los terrenos en los que han forjado toda su vida. Es por esto que, Carlos Sáez, envió una carta al Primer Juzgado de Ovalle argumentando su oposición a la sentencia mientras, buscan las instancias para que se pueda revertir la situación.  

ORIGENES DEL CONFLICTO

La familia Araya Gallardo, asegura que ellos son dueños del terreno desde de mayo de 1962,  época en la que su padre Fermín Araya adquirió el título de dominio y que actualmente cada uno de los 12 herederos demuestra con las escrituras.

“Mi padre Fermín Araya y mi madre Raquel Gallardo compraron el 25 de abril de ese año la propiedad que me vio nacer, crecer y donde he vivido ininterrumpidamente junto a toda mi familia. Con mis padres fallecidos mis hermanos y yo heredamos este terreno y los títulos están debidamente inscritos en el Conservador de Bienes Raíces”, declaró Armando Araya ante el juzgado de Ovalle. 

En aquel tiempo el terreno estaba emplazado al sur del cauce del Río Limarí y al norte se encontraban los dominios que pertenecían a Julio Aguirre, padre de María Estela Aguirre y Sergio Aguirre.

No obstante, en  1984, asegura la familia,  el cauce del Río Limarí  se trasladó un poco más  hacia el sur de su lugar de origen, por ende, el terreno de Fermín Araya, que antes estaba ubicado en un sector de la ribera de la hoya hidrográfica, pasó a estar emplazada en el otro costado. 

La propiedad consta de 6,4 hectáreas (800mts de largo por 80 de ancho) y está dividida en 4 Lotes. Con el cambio en el curso del río, el lote 1 y 2 quedaron al norte de la ribera del Limarí.

En 1968 el Estado expropió a través de la Ley 16.962 que declaró en su art 1° “Son terrenos fiscales los que constituyen en la actualidad la caja del río Limarí, entre el Puente Los Peñones y el Puente La Chimba”, por lo que a Fermín Araya el fisco le despojó 3200mts los que correspondían al lote  3 de su terreno, lo cuales serían destinados para hacer áreas verdes. Respecto al cuarto espacio, este quedó ubicado en las faldas del cerro,  al sur del cauce del río.

Según cuenta la familia Araya, en 1981 Estela Aguirre Gallardo demandó a Fermín Araya por los mismos terrenos que hoy están en disputa, pero entonces el abogado Carlos Sáez logró demostrar que la propiedad les pertenecía. 

Años más tarde, la Sociedad Aguirre Gallardo y Cía Limitada, perteneciente a Estela Gallardo y Sergio Gallardo llevó nuevamente a la familia Araya hasta tribunales, argumentado que habían adquirido el terreno en 1984 señalando que los campesinos se instalaron de manera ilegal en los predios en 1985. En la ocasión también se demostró nuevamente que el campo pertenece a la familia Araya.

NACIDOS Y CRIADOS ALLÍ

Los herederos de Fermín Araya son doce hijos y todos indican vivir en ese terreno desde que nacieron y manifiestan su deseo de  seguir allí establecidos cada uno con sus familias, pese a las adversidades que han sufrido, así lo constató un equipo periodístico cuando visitó el terreno

Petronila Araya Gallardo, una de las hijas de Fermín y Raquel ( 49)   nacida y criada  en este lugar, recalca que están viviendo  una injusticia, “estos terrenos valen mucha plata, esa es la verdad. Nunca nos han dejado tranquilos, hemos pasado necesidades por luchar por nuestras tierras”, afirmó con voz de impotencia. 

Manuel Gallardo recuerda que hace 7 años    llegó una empresa “presentando escrituras falsas, indicando que ellos habían comprado el terreno en el 2010 a Griselda Castillo de Gallardo. Ella era mi mamá y murió en 1988, ¿cómo le pudieron comprar entonces? Nosotros nunca nos hemos movido de aquí”, acusó. 

PREOCUPACIÓN

 Con planos en mano la familia que dice  estar viviendo un verdadero calvario. Durante el recorrido  por el polémico terreno  insistieron  que ellos siempre han vivido allí  y que se  dedicaban a la agricultura y cosechaban palta, lechugas, choclos, sin embargo las condiciones actuales sólo les permite vivir, pues ya no cuentan con el mismo acceso al agua, que antes.

Los hermanos Araya Gallardo confesaron que cada paso que daban por este territorio significaba un recuerdo de infancia. “Nosotros sembrábamos todos estos terrenos. Mi hija mayor nació aquí y  ya tiene 40 años y desde entonces ya vivíamos acá. Ellos no nos pueden quitar algo que nos pertenece. Si quieren ser dueños que lo compren y nos paguen lo que corresponde”, puntualizó   Iris Araya Gallardo.

“GANAMOS 5 A 0”

La Sociedad de Inversiones Urbana Río Limarí Ltda, es una empresa que está representada por Manuel Rojas Fabres y Gilberto Pardo Alcayaga. Ambos precisan que son dueños absolutos del terreno que hoy ocupa la familia de Armando Araya Gallardo, por lo tanto, acudieron  a la justicia a través de una demanda por reivindicación de terreno, la cual ganaron ante la Corte Suprema quien ordenó el alzamiento de los actuales moradores.

Gilberto Pardo explicó que es poseedor de sólo un 10% de las acciones de esta Inversiones Limarí, por lo que, el poder de las decisiones son entregadas desde Santiago,  pero en lo que refiere a esta causa indicó que ya está terminada. “La corte falló a nuestro favor, ya no hay vuelta que darle, estamos a la espera que la jueza de Ovalle haga cumplir el caso para que la gente salga de un terreno que no es de ellos, eso es todo”, comentó.

Desde  Santiago, Patricio Madariaga, en representación de los dueños, comentó que ellos compraron la propiedad en el  2010, luego de realizar exhaustivos estudios de viabilidad y los cuales quedaron aprobados por las instancias judiciales en las que se presentaron. “Adquirimos esa propiedad hace varios años y queremos desalojar  a las personas que están ocupando el espacio de forma ilegal. Por eso, acudimos a la justicia donde ganamos en primera instancia, luego perdimos en la Corte de Apelaciones,  pero fue por un tema de forma, de allí apelamos a la Suprema y  ganamos 5 a 0”, aseveró.

En cuanto a las escrituras que presentan los herederos Araya-Gallardo que los sindican como propietarios, Madariaga admitió que son   veraces, pero que corresponden a la ribera sur del río. “Según ellos, el Limarí cambió no se en que año y los dejó al norte, curiosamente los únicos que pasaron a este otro lado fueron ellos, pues la familia Lucena, que son los vecinos quedaron al otro lado”, agregó. 

Sobre las acusaciones que ha realizado la familia de un supuesto ofrecimiento de dinero para que desocupen la propiedad Patricio Madariaga asumió que en principio les propuso entregarles 20 millones y, evitar los procesos de los tribunales, pero como no aceptaron, esa cantidad se ha destinado al pago de los servicios judiciales de la misma causa. No obstante, “la última vez que estuve con la representante de la familia (Eloína Gallardo), le dije,’ ando con dos millones de pesos, cerremos esto”, reconoció. 

Ahora, esperan la orden la jueza del Primer Juzgado de Ovalle para que ordene el cumplimiento de la sentencia que emitió la Corte Suprema. “Solicitamos que se ejecute la condena y se restituyan los terrenos, pues ya hay una resolución hace más de un mes. Ahora si eso no se ha llevado a cabo es por flojera de la jueza”, expresó Madariaga.

NADIE TOCA EL LOTE 3

Tras ser consultado por este conflicto entre la empresa y la familia de los Araya, el Jefe de Obras, Glen Flores fue enfático en señalar que el terreno que se encuentra al norte de la ribera del río Limarí, por el cual están enfrentados estos privados corresponden a una propiedad que fue expropiada en el año 1968 y hoy es administrada por el municipio de Ovalle.

“Al norte del río está el terreno municipal, eso es falso. Del lote 3, no es ni dueño ni la familia Araya y tampoco la sociedad de Julio Aguirre, sino más bien la municipalidad es la propietaria”, puntualizó Flores.

Ambas partes reconocen que este espacio del terreno fue expropiado, por lo que aclaran que es el Lote 2 el que se disputan. Pero, de todas formas la opinión del jefe de obras municipal es tajante, puesto que “la familia Araya, jamás han sido dueños del otro lado del río (sector norte), lo que ellos quieren es hacer negocio, al igual que la empresa”, enfatizó. 

Al cierre de esta nota, se confirmó el cumplimiento de la sentencia ordenada por la Corte Suprema, por lo que la jueza del Primer Juzgado de Ovalle rechazó la solicitud de oposición realizada por el abogado de la parte demandada Carlos Sáez, quien había solicitado  una excepción al cumplimiento incidental del fallo. Sin embargo, en el escrito no se establece  el tiempo estimado para que los agricultores,  específicamente Armando Araya desaloje la propiedad. 

Río Limarí: Principal protagonista  

Uno de los argumentos en los que se basa la Familia Araya- Gallardo para demostrar que el terreno en disputa les pertenece a ellos es el cambio en el curso de las aguas de Río Limarí. Antecedente que según apreciaciones de los afectados, no fue considerado por los tribunales al momento de emitir el fallo a favor de la empresa. 

Para esclarecer la información entregada por ellos, quienes indicaron que este cambio se realizó en la década de los 80, es que se acudió a diversas instituciones con el fin de llegar al dato exacto sobre la intervención en la dirección de las aguas. 

Desde  la Junta de Vigilancia del Rio Grande y Limarí, indicaron que sus facultades sólo tenían relación con la distribución de las aguas, por lo que no era posible entregar con exactitud los años en que se modificó el caudal del río.

En el municipio de Ovalle el jefe de Obras señaló que no poseen un historial de las modificaciones del río, pero que pese a ello, ese dato no influye en la sentencia de los tribunales en contra de Los Araya-Gallardo, pues según el artículo 650 del Código Civil se indica que “El terreno de aluvión accede a las heredades riberanas dentro de sus respectivas líneas de demarcación, prolongadas directamente hasta el agua; pero en puertos habilitados pertenecerá al Estado. El suelo que el agua ocupa y desocupa alternativamente en sus creces y bajas periódicas, forma parte de la ribera o del cauce, y no accede mientras tanto a las heredades contiguas”, citó Glen Flores.

En la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas, Carlos Galleguillos  explicó que originalmente todo lo relacionado con el manejo o modificación de los cauces de ríos o informes de extracción de áridos era responsabilidad de la Dirección de Vialidad, ya que el Departamento de Defensas Fluviales se encontraba instalado allí, por ende tampoco cuenta con registros sobre las intervenciones realizadas al curso del río Limarí.

Respecto al conflicto entre privados por el terreno riberano al río. “Allí no hay una definición de deslinde. Cuando hay una disputa entre dos particulares lo primero que se debió establecer es eso. Es decir, es un  estudio sobre las crecidas del río y se establece cual debiera ser el ancho que se debe mantener ante bajas y crecidas”, determinó el director regional de DGA. 

No obstante admitió que “efectivamente 1984, 1987, 1992 y 1997 fueron años muy lluviosos y con crecidas importantes y eso requiere,  si es necesario hacer un ajuste del curso de las aguas, también se hace”, confirmó.