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Luciano Alday
En medio de la reunión de ordenamiento territorial de Ovalle se ahondó sobre esta práctica que trae como principal consecuencia el no contar con servicios básicos como agua potable, electricidad y alcantarillado.

En el Teatro Municipal de Ovalle se llevó a cabo una nueva reunión por ordenamiento territorial de la comuna. En esta oportunidad se tocó un problema que aqueja a muchos ovallinos, quienes han comprado loteos subdivididos de terrenos de 5.000 m2, sin saber las consecuencias que trae para ellos mismos.

“Existe una subdivisión indiscriminada de los loteos de 5.000 m2, los cuales se están vendiendo con factibilidad de luz y agua potable pero en realidad no tienen esas factibilidades, eso genera un problema para las personas que lo compran, porque luego van a los APR para solicitar la dotación de agua potable, lo cual no es posible”, comenzó explicando el secretario de planificación comunal de Ovalle, Héctor Vega.

En la misma línea el presidente de la Asociación de Municipios Rurales del Norte Chico, Pedro Castillo, agregó que “lo que está ocurriendo hoy, a propósito de la escasez hídrica, es que la proliferación de aquellos loteos que no tienen la característica de factibilidad de agua, va generando una presión adicional sobre los sistemas de agua potable rural, que en estos momentos no tienen condiciones para poder abastecer a estas personas”.

El arquitecto y director de obras municipales de Ovalle, Glen Flores, comenta el dolor de cabeza que esto ha significado para la municipalidad, “estamos muy complicados por el gasto que se requiere para hacer traslado de cientos de miles de metros cúbicos de agua para entregar a la gente que por una opción personal se fue a vivir al campo”, manifestó.

Otras consecuencias

La presidenta de la unión comunal de junta de vecinos rurales de Ovalle, Rosa Angel Castillo, enfatizó en que el aumento de la población rural en la comuna ha provocado un problema sanitario, ya que al no haber alcantarillado cada vez se masifica más el uso de fosas sépticas, “el crecimiento de la cantidad de habitantes rurales provoca que no sean suficientes los camiones limpia fosas que tiene el municipio, porque deben hacerse cargo de todo el sector rural, y si alguien se quiere hacer cargo de forma privada del camión cuesta entre 90 y 120 mil pesos, y las familias no están en condiciones de hacer ese gasto”.

La dirigenta vecinal señala que han solicitado un aumento en la dotación del servicio de limpieza, pero considera que esta solución no sería suficiente de no haber un mayor control en la población que se traslada desde las ciudades al campo, “hay que considerar que se pueden comprar 10 camiones más pero mientras no haya un control este problema seguirá creciendo”, sentenció.

Por su parte Glen Flores agrega que con esta situación se le está quitando espacio a la agricultura, “hay que pensar que Chile siempre fue pensado como un país de vocación agrícola grande, en los 80 y 90 éramos los principales exportadores, con estas parcelaciones se está perdiendo eso”. Además añade el daño a la naturaleza provocado, “con esto se está contribuyendo al cambio climático, se ha perdido flora y fauna por medio de estas parcelaciones, se ha provocado que el medio ambiente se siga siendo degradando”.

Posible causante

El secretario de planificación comunal de Ovalle, Héctor Vega, señala que esta masiva migración del sector urbano al campo se ha provocado por la necesidad de las familias de tener una casa propia, “en la reunión se pudo analizar que existe un problema habitacional, dado que la gente necesita tener sus viviendas y como no las tienen tratan de buscar otra solución, compran un terreno en el sector rural que es de bajo precio pero que lamentablemente no cuenta con energía eléctrica, agua potable ni alcantarillado, a la larga es un problema que se genera por una política nacional”, explicó.

En la misma línea el arquitecto Glen Flores indicó que “la ciudad no está entregando las respuestas necesarias para una vivienda digna, entonces todo esto se desencadena en todo lo que estamos viviendo hoy en día”.

Más allá de la necesidad habitacional, hay quienes apuntan que la Ley 3.516 sobre división de predios rústicos debe ser modificada, “no puede ser que los loteadores y la gente dueña de estos predios genere un negocio inmobiliario inmenso y le den todas las externalidades negativas a los municipios o a los gobiernos locales. La ley debe ser modificada, debe haber mayores exigencias para la gente que pretenda lotear para vender en el área agrícola”, explicó Glen Flores.

Búsqueda de soluciones

La reunión de ordenamiento territorial de este viernes contó, a diferencia de oportunidades pasadas, con la presencia de parlamentarios de la región de Coquimbo, por lo que los afectados exigieron una solución a esta problemática. “Es necesario una mayor regulación sobre esta materia y desde esa perspectiva esperamos que los parlamentarios hayan tomado nota y que esto se transforme en mejores iniciativas de ley”, apuntó el presidente de la Asociación de Municipios Rurales del Norte Chico y actual alcalde de Combarbalá, Pedro Castillo.

En ese aspecto el diputado democratacristiano Matías Walker manifestó que “hay que convencer al gobierno de enviar un proyecto de ley para establecer una superficie de construcción máxima en aquellos lotes que tienen subdivisión de 5.000 m2 para que no se pueda destinar más de 250 m2 a la edificación de viviendas”.

Mientras tanto, el llamado es a la población para que no caiga en la compra de estas subdivisiones de terrenos, “tenemos problemas que son los loteos brujos, se venden sesiones de derecho, ni siquiera parcelas que tengan títulos individuales, y eso hay que decirlo con todas sus letras, es una estafa”, concluyó el diputado DC.

 

 

 

 

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