La instalación de la Mesa Rural Campesina de Monte Patria, en la que participaron representantes de la Dirección General de Agua, el municipio local, el Consejo Campesino y las Juntas de Vigilancia del Río Grande, Mostazal, Huatulame y Rapel, tuvo como foco principal el problema de escasez de agua y cómo resolverlo y regularizar la extracción actual. Solo la Junta de Vigilancia de Río Ponio no estuvo presente.
En la reunión se presentó un video con diversos puntos de extracción irregular que evidencian problemas de fiscalización, ya sea por falta de personal y falta de formalización de las denuncias. Ante esto, se acordó generar un mecanismo conjunto de monitoreo de las denuncias, en el que estarán presentes las Juntas de Vigilancia, del Consejo Comunal, la DGA y el municipio, revisando constantemente las denuncias que reciban.
Así mismo el alcalde anfitrión, Cristián Herrera, informó que se está estudiando la viabilidad de generar un convenio con la DGA para tener fiscalización especial en la comuna, y solicitó apoyo en el financiamiento al gobierno regional.
“Acordamos poder generar restricciones en los acuíferos y además avanzar en convenio con la DGA para poder ir preservando y cuidando nuestro recurso hídrico. Creo que es una instancia importantísima que se dio en Monte Patria ya que podemos estar todos sentados en una misma mesa y logrando acuerdos”, sostuvo el edil.
Cerrando la llave
Por su parte la Secretaria del Consejo Regional Campesino, Consuelo Infante, señaló a El Ovallino que actualmente se está reactivando la mesa rural, y por ello están constituyendo la organización a nivel comunal.
“Lo más importante es que se reactivó la Mesa como un espacio de convergencia de los problemas territoriales, de manera vinculante con la autoridad central y local para generar acuerdos colectivos. Las comunidades decidimos que el tema hídrico debe inaugurar estas mesas, y luego abordar otros problemas de manera conjunta. Como el tema del agua es un tema muy álgido, hubo dos decisiones centrales: Una cerrar el acuífero, para que no se otorguen más derechos de aguas subterráneas, porque hay un sobreotorgamiento de un 600% en el Río Rapel, es decir que nos estamos acabando las reservas, y una vez que se acabe, ya no habrá más”, indicó la dirigente gremial.
Estimó que en unos cuatro meses esa propuesta pueda estar consignada para darle paso a la constitución de Comunidades de Agua Subterránea, que tendrían la misma responsabilidad que la que tienen las Juntas de Vigilancia con las aguas superficiales, para tener más control del recurso bajo tierra.
“Ahora desplegamos creativamente y en conjunto mecanismos de fiscalización que comprometen el conocimiento del terreno, la infraestructura, logística y las facultades compartidas para contener lo que esté irregular. Es un trabajo en conjunto”, puntualizó.
Gran apoyo
En tanto el Seremi del MOP, Pedro Rojas precisó que la necesidad de fiscalización cada vez es mayor. “Sobre todo en el contexto hídrico en el que nos encontramos y en el cuidado de las fuentes de agua superficiales y subterráneas. La DGA ha tenido una cantidad de expedientes tramitados en este año, mucho mayor a los años anteriores. Se pueden usar nuevas tecnologías cada vez hay más comparativos en relación a lo que consiste a las superficies cultivables y los derechos asociados a los lugares donde precisamente se pueden hacer fiscalizaciones, que por sobre todo nacen a través de denuncias y que invitamos a la comunidad a ser parte de estas denuncias, porque para nosotros es muy importante poder estudiarlas”.
Señaló que las denuncias pueden ser entregadas a través de un formulario o a través de un oficio cuya facultad es del director regional.
“Hemos estado con la comunidad de Tome Alto en el río Huatulame precisamente fiscalizando en el lecho del río, donde posiblemente podamos encontrar unas extracciones de agua ilegales, por lo tanto podemos abrir los expedientes asociados”.
Reconoció que el recurso humano para fiscalizar cada vez es más limitado. “En relación a eso podemos decir que hay herramientas que ya hemos puesto en práctica con otros municipios, como Illapel con quienes generamos un convenio, ya que ellos tienen la facultad –si bien con implicancias distintas- de manejar y administrar el bien nacional de uso público, como en este caso los ríos”
Destacó que por el convenio Illapel aporta funcionarios y movilización lo que les ayuda mucho a aumentar la presencia de la DGA en los distintos lugares, lo que esperan poder replicar en Monte Patria tras las solicitudes de esta reunión.
Por su parte el director regional de la DGA, Cristóbal Juliá, valoró la convocatoria y que se lleve registro de una serie de irregularidades que existe en la comuna por extracción ilegal de agua de pozos someros. “Nos muestran evidencia bastante gráfica y como están actuando algunos productores sacando el agua de manera ilegal y esto nos permite a nosotros también levantar las fiscalizaciones de oficio pertinente”, indicó Juliá.
