Una serie de irregularidades denunciaron ocho profesores de la comuna de Combarbalá y que involucran una serie de manejos suscitados dentro del Departamento de Educación de la comuna, como también los sucesivos informes emanados por la Contraloría Regional de la República.
Los hechos comenzaron a suscitarse desde el año 2016, acusando persecución laboral en contra del profesor Mario Vega. Relata que se efectuó una denuncia de manera anónima en su contra en la Contraloría General de la República en la que se señala que no cumplía sus funciones en la escuela Juanita Fernández Solar de Cogotí 18.
Además, denunció acoso laboral por parte del municipio local, como cuando le habría quitado su bono de la mención como profesor de Historia y Geografía.
“Lo mío comenzó por reclamar mis derechos, porque las autoridades en nuestro país se sienten amo y señor de la verdad, y se sienten como patrones de fundo. Cuando un peón es capaz de enfrentarse de buena manera y decir que me están perjudicando con lo que están haciendo conmigo. Siendo coordinador del Departamento de Educación, me enviaron un ordinario, sacándome de allí y que me tenía que quedar trabajando todas mis horas en la escuela que yo trabajaba. No había ningún argumento técnico, presenté una carta al señor alcalde y él reafirmaba la determinación de la jefa de Departamento de Educación. Luego, recurrí a Contraloría, resultando favorable y ese decretó decía que debía realizar mis labores en el DEM y no en otro lugar”, cuenta el docente, quien se agrupo con otros docentes de la comuna afectados y buscaron apoyo mediante un asesor jurídico.
Y el pasado 1 de septiembre, Vega mantuvo una reunión mediante la plataforma Zoom con el actual Contralor Regional, Hugo Segovia, para solicitar los resultados del informe especial de Contraloría Regional de la República N°851 del 28 de diciembre del 2018, cuyo documento entregaría detalles de su caso. Además, pidió la reincorporación de sus funciones como profesor. Sin embargo, no habría tenido respuesta satisfactoria.
“La sentencia fue que mi despido fue ilegal e injustificado, lo que dice la primera sentencia de la Corte de Apelaciones. Ahora estoy recurriendo a la parte administrativa, para solicitar mi reincorporación”, sostuvo el denunciante.
EL MUNICIPIO
Ante esto, el alcalde de la comuna de Combarbarlá, Pedro Castillo, afirmó que manejan todos los antecedentes del caso, quienes hicieron llegar por correo electrónico a este medio los documentos de sentencias que los favorecerían.
“Sobre los ocho profesores, han sido varios condenados por la justicia. Nosotros tenemos todos los antecedentes, hay sentencias judiciales, que nos han dado la razón”, dijo.
Vega realizó denuncias entre los años 2016 y 2018 denuncia, a lo que desde el municipio señalan que terminó con una condena para los exdocentes, quienes aludían ser "perseguidos" por el delito de "uso malicioso de instrumento público".
“Sin perjuicio de ya haber sido él condenado por injurias y calumnias hacia el jefe Daem de la época, cabe destacar que fue condenado en conjunto con don William Flores. Recientemente fue obligado en causa penal también a ofrecer disculpas públicas por injurias con publicidad”, mencionaron desde el equipo jurídico municipal.
Mientras que de otro de los docentes involucrados, señalan que “el despido de Luis Alfaro Castillo se produjo por existencia de una medida de protección en favor de una menor del mismo establecimiento, ordenando la prohibición de acercarse a la menor por parte del profesional, lo que hizo imposible mantener su contratación”.
“Lamentando la situación solo queda el interponer acciones legales por la seguidilla de acusaciones sin fundamento y notoriamente injuriosas del referido señor, ya que una cosa es tener una interpretación propia de las cosas, pero otra muy distinta es deformar la realidad con el único objeto de causar daño a personas e instituciones que solo hacen su trabajo”, señalaron desde la oficina jurídica comunal.
INFORME CONTRALORÍA
Este y otros hechos están insertos en el informe especial de Contraloría Regional de la República N°851 del 28 de diciembre del 2018, el cual el denunciante espera resultados del ente fiscalizador. Dicho informe señala que también habría fondos objetados y faltantes al interior de Departamento de Educación Municipal de la comuna, destinados a la Subvención General, Subvención Escolar Preferencial, Programa de Integración Escolar (PIE), y Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), entre otros que deberían totalizar la suma de $1.102.040.153, pero que en las cuentas corrientes que utiliza el departamento se estableció un faltante de $413 millones. Sin embargo, al verificar los saldos presentados en las conciliaciones bancarias al término del 2017, se presentó una diferencia de $138 millones.
En este contexto, el alcalde de la comuna sostuvo a El Ovallino que aquellas son deudas de arrastre de la anterior administración comunal.
“El año 2014 denunciamos en Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado un déficit en el Departamento de Educación, eso es algo de larga data. Con el paso de los años nosotros hemos ido disminuyendo significativamente el déficit, todavía existe un faltante que es necesario reintegrar, pero estamos convencidos que esos son saldos de arrastre y que hemos reintegrado esos recursos a las respectivas cuentas. Además, Fiscalía decidió no perseverar, mientras que actualmente Contraloría está realizando un sumario y eso será muy esclarecedor que son saldos de arrastre y que no tienen ninguna relación con nuestra administración y lo que hemos hecho nosotros ha sido disminuir el déficit”, aseguró.
CONTRALOR
El poco avance en los resultados de dicho informe de Contraloría se entremezcla con algunas acusaciones en contra del Contralor regional, Hugo Segovia, a quien se lo acusa de mantener cierta afinidad con algunos municipios de la región.
Es más, el 10 de septiembre los diputados Juan Manuel Fuenzalida y Sergio Gahona acusaron “obstruccionismo” frente a proyectos emblemáticos para la región, como el hospital de Coquimbo, donde Contraloría dejó sin efecto la compra del terreno. Además, agregan que no actuaría de la misma manera cuando se trata de autoridades ligadas a la ex Nueva Mayoría.
En este sentido, Vega dijo que “cuando este señor (Segovia) llegó, comenzaron a manipularse ciertas cosas que son bien raras. Porque a mí me sacaron por licencia, lo cual la sentencia dijo que era injustificada e ilegal, y resulta que el alcalde es intocable y hay privilegios para algunos, no todos somos medidos con la misma vara”.
Sin embargo, el alcalde Castillo negó cualquier cercanía. “Descarto absoluta y tajantemente (cualquier cercanía con Contralor regional). Tanto así que Contraloría tiene un sumario en contra de la municipalidad. ¿Qué actitud puede tener a favor nuestro? Ninguna”, aseguró Castillo.
Si bien este medio se contactó con Contraloría General de la República para conocer la versión de los hechos, hasta el cierre de esta edición se encontraban recabando antecedentes para entregar una respuesta lo más detallada posible.
