Este martes se inició el proceso de desalojo contra “Armando Araya Gallardo, sus familiares, dependientes y habitantes del lote 3 y 4”, desde el terreno que han habitado durante décadas y que aseguran que se les está quitando injustamente. Esa misma jornada el gobierno presentó un recurso enfocado en la manera en que se llevará a cabo el procedimiento.
“El abogado de la intendenta Lucía Pinto presentó ayer (martes) en la Corte de Apelaciones un recurso de protección que fue fallado en el día de hoy (miércoles) y ha permitido que el receptor (judicial) tenga un plazo de 8 días para determinar cómo va a realizar el lanzamiento”, explica el gobernador de la provincia de Limarí, Darío Molina.
De esa forma, añade que, “tenemos un plazo de 15 días en que no se va a realizar el lanzamiento porque hay un plazo de 8 para informarlo, la Corte tiene que responder si corresponde o no la manera cómo va a ser el lanzamiento”.
La máxima autoridad provincial, considera que la orden de desalojo siembra dudas en torno a quienes son finalmente los que deben hacer abandono. En ese sentido comenta, “hemos pedido a la Corte una orden de no innovar para que explique quiénes son las personas que deben ser lanzadas porque se señala, ‘familiares, dependientes y personas introducidas por don Armando Araya Gallardo’. Pero la pregunta es, ¿qué se entiende por familia? porque jurídicamente se entiende que es padre, madre e hijos, no tíos, primos y abuelos, además hay personas ahí que no son familiares de él”.
En cuanto a los otros puntos confusos de la orden de desalojo, prosigue indicando, “en segundo lugar, ¿qué es dependiente? Se entiende jurídicamente que es alguien que trabaja para uno. Ahí no hay ninguna persona que trabaje para don Armando, por lo tanto, no podrían ser lanzadas otras personas del lugar. Además se menciona ‘personas introducidas por él’, ¿pero cómo se prueba que él (Armando Araya) introdujo a las otras personas que están ahí? Eso es absolutamente raro y se tiene que explicar”, declara.
GESTIÓN DE AYUDA
Molina enfatiza que como Gobierno han estado abordando la dramática situación de los Araya Gallardo. “Desde el primer día estamos apoyando a la familia porque nuestra labor como Gobierno no es meternos en un caso judicial, no tenemos competencia, es un caso que fue fallado en primera instancia por la Corte de Apelaciones y por la Corte Suprema, que tuvo un resultado y no podemos comentar los fallos judiciales. Pero sí nos compete como Gobierno apoyar la vulnerabilidad de las personas desde el punto de vista social y psicológico. Nosotros hemos trabajado desde hace más de 30 días con las familias, con equipo jurídico que han estado apoyando jurídicamente a sus abogados”.
La autoridad provincial cuenta que el día 7 de agosto se coordinó con los servicios públicos la manera para ir en ayuda de la familia que a esa hora estaba siendo desalojada.
De esa forma en la Gobernación del Limarí se reunieron esa jornada; el director del Hospital de Ovalle, Froilán Estay, el director provincial de la seremía de Salud, Francisco González, el seremi de Desarrollo Social, Juan Pablo Flores, la directora del Departamento Social de la Municipalidad de Ovalle, Edna Franulic, la directora de la Corporación de Asistencia Judicial, Evelyn Flores y el director provincial de Serviu, Luis Vega.
Algunos de los acuerdos logrados para entregar apoyo a esta familia fueron: realización de catastros por parte del Equipo Sanitario de Seremi de Salud, equipo social del municipio y equipo del Hospital de Ovalle. Visita de un equipo de psicólogos, médicos y enfermeros. Corporación Judicial los representará para presentar un recurso de protección la mañana de este 8 de agosto.
Además se definió que Serviu entrará en acción una vez que realicen los catastros y se tenga claridad sobre las familias que reúnan las condiciones para acceder a un subsidio de arriendo. Sumado a lo anterior se otorgará asistencia para mascotas y coordinación de traslado si fuese necesario, al canil de Ovalle y se dispuso la entrega de caja de alimentos y de un camión para traslado de pertenencias de afectados.
