Christian Armaza
En agosto de este año, las y los diputadas Pamela Jiles, Karim Bianchi, Gabriel Silber y otros parlamentarios de oposición, presentaron un nuevo proyecto para retirar el 10% de fondos desde las AFP.
La medida, que ya ha sido rechazada de plano por el gobierno –que incluso en palabras del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, pone en duda el avance de la Reforma Previsional – prosigue con su avance en la Comisión de Constitución en la Cámara de Diputados, y entre medio, ha logrado conseguir más apoyos, en la medida en que es vista, como una alternativa necesaria para que la gente pueda enfrentar los efectos de la crisis económica generada por el coronavirus.
A ella se han agregado además, otros tres proyectos (ver recuadros), que buscan, bajo ciertas condiciones, permitir también, el retiro de parte de los ahorros de los afiliados a las AFP.
Al respecto, el diputado Matías Walker, quien patrocina dos de estos proyectos, reconoció que, de aprobarse un segundo retiro de fondos, unos 4.200.000 chilenos podrían quedar sin ahorros en sus cuentas previsionales. “Pero el tema es otro” señaló.
A juicio del parlamentario, la razón por la que se ha planteado por un segundo retiro “es porque el gobierno no ha dado una repuesta satisfactoria respecto a que va a pasar con cientos de miles de chilenos que lo están pasando muy mal en medio de esta pandemia, que son vulnerables, que son de clase media, que han tenido que salir del mercado nacional o no han podido sacar ingresos producto de la disyuntiva económica y la situación sanitaria”.
El legislador advirtió por ejemplo, que el Ingreso Nacional de Emergencia, IFE, finaliza en octubre, “y por tanto, lo que uno esperaría es que el gobierno renovara el IFE y se planteara una forma de extenderlo a los sectores medios, que son los que están pidiendo un segundo retiro del 10%”.
En ese sentido, Walker señala que la idea es seguir tramitando los proyectos, entendiendo que el gobierno “no ha entregado una alternativa viable”. “En la Región de Coquimbo tenemos un nivel de desempleo récord y por eso se está planteando esta alternativa. Y yo, que he estado mucho en terreno, la gente nos pide tener al menos el derecho a elegir. Y si las respuestas no llegan de parte del gobierno tendrán que venir nuevamente del Congreso”, indicó.
Retiro 2.0 del 10%
Como se explicaba al inicio de la nota, el proyecto más importante y que, abrió la posibilidad de un segundo retiro de fondos de las AFP, es el proyecto presentado en agosto pasado por los parlamentarios Pamela Jiles, Karim Bianchi, Loreto Carvajal, Félix González, Marisela Santibáñez, Alexis Sepúlveda y Gabriel Silber.
Al respecto, la iniciativa contempla un nuevo retiro del 10% de los ahorros de las cuentas individuales de los afiliados de las administradoras privadas, estableciendo los mismos montos mínimos y máximos que estableció la reforma constitucional que permitió el proceso iniciado en agosto pasado, es decir, entre 35 UF (cerca de 1 millón de pesos) y 150 UF (4,3 millones de pesos).
En general, el proyecto rescata la mayor parte de la ley que ya fue promulgada hace unos meses, como son la inembargabilidad de los fondos. Eso sí, establece algunas diferencias, como por ejemplo, el plazo que se establece para el pago por parte de las AFP, que será de 30 días hábiles desde realizada la solicitud.
Jubilados con renta vitalicia
Este sector de afiliados quedó fuera de la anterior reforma constitucional que permitió el retiro del 10%.
Impulsada por el diputado Fernando Meza – y apoyada por el diputado Matías Walker – la iniciativa contempla el retiro anticipado de fondos de aquellos afiliados que hayan optado a la modalidad de Renta Vitalicia, con cargos a los flujos futuros de sus compañías de seguro.
Básicamente, el proyecto contempla los mismos montos mínimos y máximos a retirar, plazos semejantes y otros aspectos que contempla la primera ley e incluso, la iniciativa presentada por la diputada Pamela Jiles, que también incluye a los jubilados de este tipo de modalidad de pensión.
En efecto, hay una segunda modificación suscrita por Pamela Jiles, Alexis Sepúlveda, Marcos Ilabaca y Jorge Durán, entre otros, que propone un rescate entre 35 y 150 UF sin costo extra para el pensionado.
Pensión alimenticia
Otro de los proyectos que hoy está ingresado en el Congreso, es la iniciativa impulsada por el diputado Vlado Mirosevic, del Frente Amplio, y por otros parlamentarios de la misma coalición, y que busca implementar un retiro “forzoso” del 10% en caso de deudas alimenticias, y de esa manera, saldarla.
Al respecto, el diputado Matías Walker explicó que el proyecto contempla “una figura en la cual el juez de familia se subroga el derecho de la alimentante para pedir el retiro de fondos y con cargo a ellos, poder pagar lo adeudado en concepto de pensión alimenticia”.
En efecto, el texto de la iniciativa señala que en caso que el afiliado no retire los fondos según lo dispuesto en el inciso anterior y esté constituido en mora por deudas impagas de obligaciones alimentarias, el juez de familia autorizará al alimentario o su representante legal a solicitar el retiro de dichos fondos, en calidad de agente oficioso, hasta por el monto fijado por resolución ejecutoriada que liquide dicha deuda y de conformidad a los montos y plazos establecidos en el inciso anterior.
Sin limitación de monto
El otro proyecto que está en discusión en la cámara, y que también es suscrito por el parlamentario de la Región de Coquimbo, -y que incluye apoyos opositores y oficialistas – es aquel que busca permitir el retiro anticipado de los fondos de pensión en casos de sufrir una enfermedad terminal.
La principal característica de la iniciativa es que aquellas personas que sufran una enfermedad de este tipo, estarán autorizadas a sacar sus ahorros de sus cuentas, sin ningún tipo de limitación en el monto.
Además, a diferencia de los proyectos anteriormente mencionados, en esta ocasión, el gobierno se ha mostrado más abierto a la opción de analizar el retiro de fondos de pensiones por parte de los enfermos terminales.
En ese sentido, el proyecto entiende una enfermedad terminal como aquella patología o condición “grave, progresiva e irreversible, que no tiene tratamiento eficaz de acuerdo a los conocimientos médicos y con pronóstico fatal en un plazo inminente, certificado por un profesional habilitado”.
