Preocupados y molestos están los habitantes del Valle del río Cogotí en la comuna de Combarbalá, producto de los numerosos pozos ilegales de extracción de agua que acusan, están perjudicando a esa cuenca y con ello, ponen en peligro la disponibilidad de agua para consumo humano.
Roberto Ochoa, miembro y vocero de la Coordinadora por la Defensa del Agua Valle de Cogotí 18, agrupación creada para denunciar y enfrentar esta situación, y a la cual pertenecen juntas de vecinos, comités de APR, y gremios de la Salud entre otros miembros, explica que “al estar instalados estos pozos y extraer el agua, disminuye el caudal que tiene el subsuelo y obviamente disminuyen las napas que alimentan a los APR, quienes son los que administran la entrega de agua a todas nuestras comunidades”.
En ese sentido, Ochoa lamenta que producto de la pandemia, el tema de la crisis hídrica que se está viviendo en zonas como el Valle de Cogotí – y en otras localidades del interior – haya quedado a su juicio, invisibilizada, puesto que la realidad de la sequía sumada a situaciones como la extracción ilegal de agua, hacen de ésta, una situación delicada.
“Nuestra preocupación aquí es que los vecinos se están quedando sin agua. Y sin el recurso hídrico, estos territorios se van a despoblar tarde o temprano. La crisis hídrica que estamos viviendo en Combarbalá es brutal. Aquí por ejemplo, hay camiones que están prácticamente todo el día corriendo para abastecer a los APR”, subraya.
En todo el río
Desde el municipio de Combarbalá en tanto, el alcalde Pedro Castillo también se ha hecho parte de los reclamos de los vecinos del valle de Cogotí, señalando que lo que ocurre en ese lugar “es muy complejo”.
Y la razón dice, es porque actualmente “esos sistemas de APR son los últimos que van quedando con cierto grado de autosuficiencia para abastecer de agua potable a los vecinos de esos sectores. Por lo tanto la existencia de pozos ilegales ponen en serio riesgo el abastecimiento para los próximos meses más críticos, como son febrero, marzo y probablemente abril”.
El edil explica que según cifras preliminares que se están manejando serían cerca de 125 los pozos ilegales contabilizados, los cuales se extienden a lo largo del río Cogotí, dañando las napas subterráneas y afectando los sistemas de APR.
Fiscalización insuficiente
En ese sentido, tanto la municipalidad como la coordinadora del Valle de Cogotí, insistieron en que es necesario que la Dirección General de Aguas, intensifique las medidas de control y fiscalización en los predios en donde se ubicarían los pozos ilegales, pues a juicio de los habitantes del sector, pese a que hay denuncias, las acciones de la DGA hasta ahora, han sido completamente insuficientes para detener el robo de agua.
Incluso asegura el vocero Roberto Ochoa, se dan casos como los que explica a continuación: “Tenemos personas que cuando han puesto denuncias en la DGA, funcionarios de ésta van a fiscalizar y no sabemos cómo, se anticipan, y cuando llegan los fiscalizadores, ya han extraído o sacado las bombas de los pozos. De hecho, han cambiado la cantidad de caudal que tira la bomba”, indica. Ello evita pues, la comprobación del ilícito.
A su vez, lamenta que durante las fiscalizaciones, los funcionarios de la DGA, “no se apoyen de gente de los APR o de las juntas de vecinos que están siendo afectadas”.
Al respecto, el alcalde Pedro Castillo, señala que hasta ahora las denuncias que se han hecho han quedado reducidas a temas administrativos, por lo que su intención es pedir una audiencia en La Serena con el director regional de Aguas para plantear este problema.
“Hay situaciones que a nuestro juicio tienen que ser corregidas. Por ejemplo, desconocemos si hay una jefatura titular a nivel provincial del Limarí, y hace bastante tiempo que no tenemos noticias de la DGA a nivel provincial, tampoco a nivel regional. No hay respuesta a los requerimientos que se han hecho”, asegura.
Poner la denuncia
Consultado por diario El Día, el director regional de la DGA, Cristóbal Juliá, reconoció que efectivamente Combarbalá y sectores de Monte Patria, están entre las zonas con más denuncias por robo de agua, agregando que “por supuesto tenemos identificados una gran cantidad de puntos donde hay extracción ilegal de agua”.
En ese sentido, Juliá señaló que el martes, la fiscalizadora DGA de Ovalle, Alejandra Aguilar, se movilizó precisamente a la zona de Cogotí, pero aseguró hasta el día de hoy “tenemos muy pocas denuncias en la zona. De hecho en el río Huatulame tenemos una sola denuncia, y por parte de Cogotí tenemos una o dos”.
Por ello, y ante la información que dio a conocer el alcalde Pedro Castillo sobre los más de 100 pozos que existirían en la cuenca del río Cogotí, el director de la DGA indicó que “es de suma importancia que se identifiquen esos pozos y que pongan la denuncia en la DGA. Eso a nosotros nos permite actuar de manera mucho más eficiente con los limitados recursos que tenemos como servicio. Por ley estamos obligados a actuar. O bien si hay indicios de usurpación de aguas, la denuncia se debe hacer ante el Ministerio Público”.
En este punto, Juliá también hizo un llamado a los vecinos “a hacer las denuncias pertinentes, con fotografías, con nombre y apellidos, y nosotros administrativamente tendremos que resolver”.
Actualmente, la DGA dispone de solo 5 fiscalizadores para toda la región, de los cuales 2 están destinados a la Provincia del Limarí.
