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El proceso judicial que estaría abierto contra el edil ovallino por presuntas irregularidades en los fondos educativos podría dilucidarse en las próximas semanas, aunque un dictamen publicado en marzo por Contraloría ya le habría levantado los cargos. Edil deberá enfrentar además una querella por supuesto cohecho en el caso de recolección de firmas para su reelección

Desde instancias judiciales se anunció que sería el próximo 12 de enero cuando se retome el juicio que lleva adelante el Tribunal Electoral Regional contra el alcalde de Ovalle Claudio Rentería, por presuntas irregularidades ligadas al supuesto déficit de casi siete mil millones de pesos de los Fondos Educativos, imputándole cargos por “notable abandono de deberes y faltas a la probidad”.

Tras el inicio del proceso la Contraloría General de la República, mediante la Resolución Exenta N°22, de fecha 19 de marzo del 2020, habría levantado todos los cargos formulados contra el alcalde Rentería, eximiéndolo de toda responsabilidad sobre los hechos denunciados, lo que podría ser determinante a la hora de analizar y resolver la causa.

Contraloría habría expresado en diciembre de 2015 el déficit de más de seis mil millones de pesos, apuntando luego al alcalde Rentería como posible “responsable administrativo”, con lo cual cuatro de los ocho concejales de la comuna solicitaron iniciar el procedimiento judicial ante el TER.

El juicio fue postergado producto de la pandemia, y sería por las mismas razones sanitarias que las nuevas gestiones se realizarían de manera virtual en dos semanas.

Sin efecto

Consultado por El Ovallino acerca de si la resolución de Contraloría sería suficiente para zanjar el juicio abierto en su contra, el edil Rentería advirtió que estaría eximido de toda responsabilidad.

“Eso lo resolverá el Tribunal Electoral Regional (TER) en la oportunidad procesal que corresponda. Pero lo resuelto por la Contraloría es extraordinariamente importante, pues deja sin efecto el principal sustento que utilizaron los concejales para plantear el requerimiento ante el TER, toda vez que no consideraron la reapertura del sumario original ordenada por el Contralor General de la República, que en definitiva es el que concluye levantar el cargo único formulado en su oportunidad en mi contra, y en consecuencia, me exime de toda responsabilidad administrativa”.

¿Cuál es su expectativa de este proceso judicial?

“Tengo las mejores expectativas, por cuanto confío en los tribunales de mi país y tengo plena certeza que no he cometido ninguna irregularidad”, afirmó.

Querella admitida

En otro proceso, y presumiendo que habría un delito de cohecho en la solicitud de firmas para el proceso de postulación para optar de nuevo al cargo de alcalde de Ovalle, el abogado Sebastián Cárdenas Vargas interpuso recientemente ante el Juzgado de Garantía de Ovalle, una querella judicial por presunto Fraude al Fisco y Cohecho, en la solicitud de firmas para la reelección del edil, la cual luego fue admitida.

En el documento ingresado al tribunal, el abogado “en su representación como Ciudadano Chileno”, estima que el alcalde local habría solicitado beneficios que si bien no serían de tipo económicos, estarían reñidos con la probidad que debe cubrir su cargo público.

La solicitud de querella ingresada al tribunal, bajo el Rol 0-4599-2020, presentaría dos presuntas irregularidades, a lo que el mismo edil habría señalado como parte de una jugada política.

La primera sería la solicitud que hiciera el presidente del Comité Procasa de los ExSoldados Conscriptos, supuestamente a pedido de Rentería, a los miembros de la agrupación para firmar en notaría a favor de la postulación del edil para asegurarse de participar en un nuevo proceso electoral municipal, advirtiendo que sería necesario el apoyo “para no perder los beneficios” conseguidos durante las gestiones entre el comité de viviendas y la municipalidad local.

La segunda falta sería por supuestamente otorgar al comité y a su presidente “una oficina con secretaria, muebles y materiales de trabajo”, en dependencias municipales, siendo que el dirigente gremial no es funcionario público.

El querellante explicó a El Ovallino que el objetivo es “terminar con las malas prácticas políticas en la comuna, como esas de manipular a ciertos comités, utilizar los beneficios del cargo político para obtener beneficios propios, como en este caso serían las firmas para levantar la candidatura a la reelección”.

Señaló que estas serían prácticas comunes desde hace muchos años en muchas comunas del país, lo que habría generado un hastío en la ciudadanía sobre esos casos y por eso habría decidido presentar este recurso legal estipulado en la ley.

“Ni el alcalde ni yo tenemos la autoridad para decir si ocurrieron o no los hechos. La Fiscalía, que es quien tiene la competencia de la investigación de los delitos, deberá iniciar las indagatorias y determinar si existieron o no ambos delitos o uno de ellos. Son ellos quienes harán las diligencias y expondrán los antecedentes al tribunal para que este decida al respecto”, señaló Cárdenas.

Señaló que decidió presentar la acción judicial estimando que delitos como los expuestos en el documento siempre quedan impunes y que sería hora de terminar con las malas prácticas políticas de cualquier funcionario público del país.

 

 

 

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Diario El Ovallino