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El pasado 20 de noviembre entró en vigencia la ley N°20.998 que regula los Servicios Sanitarios Rurales y que establece un marco regulatorio para los comités de Agua Potable Rural.

Estefanía González

Este 2020 ha sido un año complejo, la pandemia por el Covid-19, el aumento del desempleo y la sequía son graves problemas que afectan a los habitantes de la provincia de Limarí.

Los niveles de los embalses siguen bajando y el agua disponible es cada vez menor. Es por eso que es fundamental que se asegure el abastecimiento del vital líquido para el consumo humano, en ese sentido el trabajo de los comités de Agua Potable Rural (APR) es fundamental.

Es por ello que los más de 90 APR de Limarí siguen trabajando para mejorar su servicio, construyendo pozos, presentando proyectos para el estudio de napas freáticas o invirtiendo en generadores, bombas y redes de abastecimiento.

Luis Alfaro, presidente de la Asociación Gremial de APR de Limarí sostuvo que durante la emergencia sanitaria “hemos sabido mantener una permanencia constante durante todo el periodo, tenemos presencia y hemos sabido responder los problemas de nuestros afiliados”, agregando que uno de los principales problemas es la escasez hídrica y que ésta se debe ver “desde un punto de vista humano, no político”.

“Tenemos que tener una simbiosis con áreas productivas como la agricultura o la minería, porque la gente que se dedica a la agricultura necesita mano de obra y estos habitantes necesitan agua”, indicó Alfaro quien sostiene que “Lo único que nosotros queremos es que el agua sea preservada para la vida humana”.

Y es que los APR ocuparían del 2 al 3 % del agua disponible, no obstante, de todas forman existen roces “lamentablemente hay agrícolas que no les importa y provoca alteraciones en el agua de consumo humano, pasa de vez en cuando que algunos van más allá de los derechos que tienen y por eso necesitamos mayor fiscalización, ya que en los próximos años esto va a ser un problema”.

PROYECTOS Y ESTUDIOS

Si bien hoy algunos comités deben apoyarse con camiones aljibe, sobre todo en la comuna de Combarbalá, nuevos estudios y obras ayudarían a los APR a mejorar el abastecimiento de agua.

“La primera cosa que tenemos que hacer son pozos, renovar redes antiguas, mejorar algunas plantas de osmosis inversa, entre otras. Con el MOP desarrollamos un proyecto para entregar estanques auxiliares para apoyar a los APR durante la sequía, además se entregaron bombas generadoras y se trabaja para preparar una cartera de generadores para entregar a los comités y bombas auxiliares para que se cambien cuando se rompan y no tengan que esperar en caso de que falle”, explicó Alfaro.

Además, se está trabajando con Ceaza y Prommra en el proyecto “Desarrollo de un modelo 3D de reservas de agua subterránea en una plataforma web para mejorar la toma de decisión durante sequías en el río Limarí” mediante el cual se busca obtener información acerca de la cantidad y ubicación de los recursos hídricos subterráneos de la provincia que podrían ayudar a mitigar las consecuencias negativas de la sequía.

“Los APR tienen que cambiar la forma de hacer las cosas y trabajar con científicos y de forma ordenada”, añadió Alfaro, informando que “Estamos preparando proyectos piloto sobre la telemetría y control para Punitaqui y Ovalle, lo que nos va a permitir saber como están funcionando las napas freáticas, cuál es la capacidad de los pozos, cómo funcionan las bombas, cuáles son los niveles de los estanques. Nosotros queremos cambiar la forma de hacer las cosas, y la única forma de saber como trabajar es trabajar de forma científica”, sostuvo el presidente de la Asociación Gremial de APR de Limarí.

LEY SERVICIOS SANITARIOS RURALES

A partir del 20 de noviembre entró en vigencia la Ley N°20.998 que regula los Servicios Sanitarios Rurales. Así lo informó el Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, quien explicó que se trata de una Ley que establece el marco regulatorio para la provisión de los servicios sanitarios de agua potable y saneamiento en las zonas rurales, y se constituye en el cambio regulatorio más importante de los últimos años en Chile para los  sistemas de agua potable rural (APR), que pasaran a denominarse servicios sanitarios rurales. (SSR)

El Secretario de Estado destacó la importancia de establecer un marco regulatorio de apoyo a los servicios sanitarios rurales. “Esta Ley regula materias como el área geográfica que cada uno de estos comités va a tener, sus obligaciones, sus derechos y define el apoyo del estado en asesoría e infraestructura. Además, establece que la Superintendencia de Servicios Sanitarios va a ampliar sus funciones, va a salir de las ciudades y paulatinamente se va a ir acercando también al mundo rural, de tal manera que los podamos asegurar un mejor servicio a los usuarios que se proveen de agua a través de estos sistemas”.

Al respecto el seremi de Obras Públicas, Pedro Rojas, recalcó que la implementación de esta nueva normativa legal, se hará de manera paulatina, donde los diferentes sistemas de agua potable rural, contarán con el apoyo de la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP para acogerse a esta ley. “Esto viene asociado también a una modernización de estos sistemas, lo cual va a garantizar un mejor funcionamiento y llegada hacia los consumidores y asociados a estos sistemas”

La Ley 20.998 permitirá la incorporación en nuestra región de alrededor de 65 sistemas APR que no pertenecen al Programa MOP, que hoy incluye casi 193 sistemas de agua potable rural, siempre que lo soliciten y cumplan con los requisitos de la Ley.

Con una aplicación gradual, la Ley N°20.998 tiene entre sus principales beneficios el reconocer a las organizaciones comunitarias y sociales como administradores y operadores de Servicios Sanitarios Rurales, mantiene la obligación del Estado para el financiamiento y ejecución de la infraestructura y establece un ente revisor de proyectos de proyectos de agua potable y saneamiento, la nueva Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, lo que asegurará un estándar homogéneo en las soluciones.

Adicionalmente, establece que las tarifas por los servicios serán calculadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios SISS, lo que facilitará la labor de los dirigentes. Esto a partir del tercer año de vigencia de la ley, entre otras materias.

 

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