Rumores corrían por los talleres, por los patios, los pasillos y las oficinas. Nadie siquiera podía imaginar que fueran a concretarse los comentarios agoreros que presagiaban el quiebre de una empresa que apenas comenzaba a desplegar sus alas.
Era noviembre de 2008 y el precio del cobre marcaba un grave descenso que registraría a finales de diciembre su punto más bajo en una década. La burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos explotaba en lo que se denominó la Crisis de las Hipotecas, salpicando otras economías como la española y la latinoamericana, mientras Barack Obama combinaba su carisma de rockstar y su formación en la defensa de los derechos civiles para convertirse en el primer presidente negro de su nación.
Pero el mundo no importaba. Punitaqui se miraba hacia adentro y se preocupaba más por el futuro de 500 de sus trabajadores que por las elecciones en Estados Unidos: La Minera Punitaqui estaba a punto de declararse en quiebra.
La portada de El Ovallino del jueves 6 de noviembre de 2008 anunciaba lo que ocurrió recién a las 20.00 horas del día anterior: “500 mineros viven incierto futuro laboral”. Dentro de la edición, en la página 7 se escribía el primer capítulo de una crónica de suspenso en más de 10 entregas: “Minera Punitaqui cesa operaciones y deja en la incertidumbre a 500 trabajadores”.
Ese día las llamadas iban y se devolvían, se repetían entre gerentes, políticos, dirigentes sindicales, trabajadores y familiares de éstos. “La medida afectó a 500 trabajadores, quienes viven en la incertidumbre laboral, al no saber si la empresa entrará en quiebra (…/…) Aunque la empresa informó que los sueldos se cancelarán con normalidad, la angustia de los trabajadores es creciente” se leía en uno de los párrafos.
“Imagínese cuál es la situación, si hablamos de más de mil personas que se verán afectadas por esta medida”, relataba a El Ovallino el tesorero del Sindicato N° 2, Marcos Maturana.
Las deudas
En la edición del viernes 7 de noviembre el panorama no lucía prometedor: “Millonarias deudas a contratistas deja cierre de Minera Punitaqui”, y se explicaba en la nota que los compromisos con diferentes acreedores sobrepasaban los 4 mil millones de pesos chilenos, esto debido a la falta de inyección de recursos que tendrían que recibir de su casa matriz, la australiana Tamaya Resources, quienes se habrían comprometido a aportar US$ 1 millón mensual, aunque en la práctica, había quedado intermitente dicho pago.
Ese día se daba cuenta de la reunión surgida en el Salón O’Higgins de la Intendencia Regional, entre el representante de la empresa, Chris Harrison, el intendente Ricardo Cifuentes, y los seremis de minería y trabajo, Antonio Videka y Cristian Martínez, respectivamente, quienes exigían una explicación de lo ocurrido el miércoles 5 en el yacimiento, “uno de los que se proyectaba con mayor futuro en la Provincia de Limarí”.
En ese momento la minera se comprometió con el pago de 150 trabajadores que no habían recibido sus honorarios desde octubre, y descartaban la crisis mundial como factor de descalabro de la empresa.
Preocupación colectiva
Tras el anuncio de cierre, el sábado 8 de noviembre, la edición de El Ovallino reflejaba en su página 9: “Comunidad de Punitaqui preocupada por futuro tras cierre de minera”, mostrando una consulta ciudadana en la que los consultados (contratados, comerciantes, jefas de hogar) mostraban su incertidumbre al respecto.
“Al no haber trabajo, más delincuencia va a haber, porque la cesantía insta a los que no tienen a buscar en lo ajeno y va a afectarnos mucho” expresaba Irenne Albornoz, una de las encuestadas. “Creo que va a ser difícil que nos recuperemos”, presagiaba Antonio Tapia, trabajador del sector agrícola.
Todo depende
A una semana de publicada la noticia, las señales de reapertura de la minera apuntaba a los acreedores quienes tendrían en definitiva la última palabra. En ese momento no había actor gremial o político regional, que no figurara en entrevistas tocando el tema de la empresa.
“Tanto los sindicatos, como la gerencia y los diputados de la zona están de acuerdo en buscar los recursos que permitan la continuidad de giro para la empresa, sin embargo es necesario gestionar los recursos necesarios para ello”, se leía en la página 3 del martes 11 de noviembre.
“Durante gran parte de la tarde de ayer, en la sede de la Confederación Minera de Santiago, estuvieron reunidos los dirigentes de los sindicatos de la Minera Punitaqui, los gerentes de la empresa y los parlamentarios de la zona, con el fin de lograr una solución frente al obligado cierre de la faena decretada la semana pasada”, indicaba El Ovallino, detallando que sólo esperaban “una respuesta de los acreedores” para reiniciar las faenas.
Golpe a la mesa
La edición del sábado 29 de noviembre se informaba que “Trabajadores de Minera Punitaqui ya no están dispuestos a esperar: Se tomaron la planta”.
Además anunciaron tomas de carretera y protestas con el fin de que el gobierno a través del Ministerio Público acogiera sus demandas, ante la negativa de Enami de entregar el préstamo que vendría a resolver la situación.
Las protestas surgieron luego de que en las asambleas de trabajadores estimaran que las instancias de diálogo se habían agotado y que ya no les quedaban otras opciones.
Luego de muchas conversaciones, cambios de directiva, dueños, nombres, gerentes y trabajadores, la historia de Minera Punitaqui siguió su curso en el transcurrir de los meses y años, pero los detonantes de su quiebra se conocieron un 5 de noviembre, tal día como hoy hace exactamente 10 años.
