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El Ovallino
Los comités de Agua Potable Rural de la región oficiaron un encuentro con los diputados y senadores de la región para acelerar las tratativas para posponer el inicio de la Ley 20.998 que regula los servicios sanitarios rurales.

Desde el año pasado que entró en vigencia la Ley 20.998 que regula los servicios sanitarios rurales, entre los cuales destaca el funcionamiento que deben desarrollar los diferentes sistemas de Agua Potable Rurales (APR) del país en el manejo del recurso, inclusión de tecnologías y administración.

Sin embargo, la aplicación de la Ley está generando más inconvenientes que facilidades a los distintos comités de APRs de la región, entre ellos a los de la provincia de Limarí, quienes la actual crisis sanitaria por Coronavirus y la escasez de agua están generando problemas para cumplir con la normativa.

Fue así como los distintos APRs de la región sostuvieron una reunión con los distintos parlamentarios de la zona en Ovalle, para convencerlos de posponer la entrada en vigencia del marco regulatorio.

“Que paren de hacer presión sobre los APRs y ocuparse de lo esencial, que es la crisis hídrica. En la provincia de Limarí no ha caído agua. Muchas cosas de la ley son buenas, pero otras son problemáticas, como cuando exiges un método para controlar la cantidad y calidad de agua, hay que tener el recurso primero que todo, no se puede exigir estos dos conceptos si el agua es escasa”, comentó Luis Alfaro, presidente provincial Limarí de los APRs.

Alfaro sostiene que la cantidad de reglas que contiene la nueva normativa dificulta el accionar de los comités. Muchos de ellos, dice, que están funcionando con su personalidad jurídica vencidas y operando gracias al Estado de Excepción en el cual se encuentra el país. Y este punto es de importancia, señalan, ya que debido a la pandemia no pueden realizar reuniones para validar a la misma directiva o escoger una nueva.

“La ley y el reglamento deben ponerse un poco en el congelador, pero hay una mesa consultiva. Y eso también es una complicación, ya que nosotros debemos ir a votar a La Serena. Imagínate un miembro de Tulahuén debe trasladarse de ida y vuelta por más de cinco horas para votar. Con esto, no están viviendo la realidad del campo y una serie de otras cosas”, dice Alfaro, quien considera que en estos momentos hay aspectos más importantes que la aplicación de la ley, como es la forma en que las instituciones gubernamentales trabajarán para revertir la crisis hídrica que afecta al país.

“Ellos deben preparar un plan de intervención para saber cómo harán frente a la sequía, hasta el momento no sabemos cuáles son los proyectos para esto. A ese punto estamos, no estamos hablando de cosas pequeñas y que en el camino vayamos mejorando la ley. No estoy en contra de todo, pero tampoco estoy por todo”, argumenta.

“SE PUEDE”

Los parlamentarios se reunieron con los dirigentes rurales, quienes se comprometieron a buscar fórmulas para prorrogar aspectos de la ley que estarían perjudicándolos.

“Lo que necesitamos hacer es prorrogar la aplicación de la ley para los efectos que puedan reunir las condiciones y puedan ser supervisados y fiscalizados en su funcionamiento, la forma que administraran sus recursos, el tema tarifario, la emisión de boletas electrónicas. Estamos en tiempo de emergencia y ellos no pueden hacer sus asambleas y eso acompañado a la necesidad de avanzar en la regularización de sus derechos de aguas, los terrenos en los que están las fuentes de captación. Ellos se han quejado de no ser considerados en la aplicación del reglamento y la idea es facilitar la vida”, dijo el senador Jorge Pizarro, quien cree que se puede llegar a aplicar una ley corta para tales efectos.

“Si uno aplicara la ley tal como se señala, más de laguna complejidad va a causar a los APR. Para eso, vamos a buscar fórmulas para prorrogar ciertos plazos de la ley y no suspender la ley completa. Los efectos de la pandemia ha provocado que todos los procesos para la entrada en vigor de la ley se vean sobrepasados”, sostuvo el diputado Sergio Gahona.

En el encuentro también estuvo el delegado presidencial regional, Pablo Herman, quien señaló que existen dos años –desde su promulgación en noviembre del 2020- para que los sistemas de agua potables rurales actúen de acuerdo a  esta ley.

“La ley tiene cosas buenas y cosas malas, como la poca conectividad eléctrica y a internet que genera muchas problemas. Desde las bases conocemos todas estas prácticas que tiene la ley para que los parlamentarios puedan mejorar o prorrogar la ley en beneficio de los APRs. Me toca coordinar y definir financiamiento de los ministerio en la región y Obras Púbicas coordina con los APRs la inversión”, manifestó.

Los dirigentes deberán esperar al Congreso para saber si se prorroga o no la lñey que más de alguna complicación les está generando.

 

 

 

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