Como admisible fue declarada la querella por delito de desacato y cohecho interpuesta por la empresa constructora Inversiones Urbanas Río Limarí Limitada a raíz del segundo fallido desalojo de la familia Araya, ocurrido el pasado 4 de septiembre de 2018.
QUERELLA
Dentro de los antecedentes expuestos se menciona, “a dicha diligencia se apersonó el gobernador de la provincia del Limarí, junto a asesores de la referida gobernación, quien manifestó públicamente su apoyo a quienes hacían resistencia al lanzamiento y desobediencia a una sentencia judicial del más alto tribunal de nuestro país y su oposición al actuar policial, a tal punto que convenció al oficial de Carabineros a cargo de la diligencia, con quién acordó suspender y no dar cumplimiento a la orden de lanzamiento judicial ordenada por el Primer Juzgado de Letras de Ovalle y ratificada por la Corte Suprema, es decir, ambos funcionarios concordaron en desobedecer una sentencia judicial”.
Luego se expone que, “en la especie Carabineros de Chile representado por su oficialidad en este caso don Christian Herrera comenzó a ejecutar el cumplimiento de una orden judicial de lanzamiento y previa intervención del Gobernador Provincial decidió suspenderla sin que haya existido ninguna resolución judicial que ordenara dicha suspensión, y peor aún, al decidir retirar al personal policial del lugar en donde debía decretarse el lanzamiento señalaron que ello había sido ordenado por el Primer Juzgado de Letras de Ovalle, lo cual es totalmente falso”.
Finalmente, se solicita la práctica de algunas diligencias, entre ellas que se cite a declarar al gobernador Darío Molina y al prefecto de Carabineros, Christian Herrera.
El representante de la constructora, Patricio Madariaga, sostuvo al respecto, “nosotros perseguimos que sean sancionados porque el delito que se está configurando aquí, tiene pena de cárcel de 541 días y también vamos a hacer una demanda civil por los daños que nos han ocasionado”
