Desde el 19 de octubre que el equipo del Instituto Nacional de Derechos Humanos de la región de Coquimbo está apostado en las calles vigilando y observando las constantes movilizaciones y manifestaciones del estallido social que en la región también se han producido.
Coquimbo y La Serena –y en menor medida Ovalle- han sido las ciudades con mayor cantidad de manifestaciones y en donde las personas han salido a expresar su molestia en contra de la clase política, el gobierno y las injusticias sociales que día a día viven.
Es en este contexto que la directora del instituto en la región, Tarcila Piña, se hizo un espacio para conversar con diario El Ovallino, respecto al acontecer general de vulneración a los derechos humanos en la zona, que ha dejado un saldo de 275 denuncias (hasta el pasado viernes 22 de noviembre) y que en la ciudad de Ovalle acumula cuatro querellas; una acción judicial por apremio ilegítimo, otra por un trauma ocular y pérdida de visión, además de dos casos de tortura en contra de adolescentes son los casos que se han experimentado en la zona.
“Lo que hacemos es observar y hacer control de la función policial, observamos que el derecho humano a la manifestación pacífica no se ha respetado por los agentes del Estado, quienes están custodiando el orden público. En ese sentido, la primera manifestación pacífica se realizó el sábado 19 de octubre. Al día siguiente tuvimos la primera manifestación masiva, tanto en La Serena como en Coquimbo, pero a su vez fue el día en que tuvimos que lamentar dos fallecimientos, como fue la muerte en el sector de Mall Plaza La Serena (Romario Veloz, herida de bala por funcionarios militares), y ese mismo día nos avisan de otra persona muerta en Coquimbo (Kevin Gómez, herida de bala toracopulmonar por funcionarios militares) en un contexto de Estado de Excepción Constitucional de toque de queda.
El INDH presenta rápidamente las acciones judiciales correspondientes, siendo ambas querellas criminales. Estos dos fueron los hechos más graves que tuvimos que enfrentar, siendo el segundo día recién de movilizaciones”, dijo la directora regional, quien detalló que el equipo está compuesto por cinco profesionales.
- Hasta el momento, ¿cuántas denuncias por violaciones a los derechos humanos han recibido?
“Desde enero hasta el 18 de octubre habíamos realizado 8 querellas o acciones judiciales en contra de agentes del Estado. Y en este mes de movilizaciones hemos cuadruplicado las cifras, llevamos 32 acciones judiciales en este mes. Imagínate lo que hemos tenido que enfrentar en un mes de manifestaciones y de las vulneraciones de derechos humanos en este contexto.
Existen 12 denuncias por torturas, en la que se incluye una tortura con apremio ilegítimo calificado; tenemos también una tortura calificado con abuso sexual agravado; tenemos 16 querellas por apremios ilegítimos, entre otras querellas.
Hemos visto represión sin ningún motivo, sin provocación y sin ocupar la calzada. También hemos observado una falta de la gradualidad en el uso de la fuerza, ha habido ausencia de avisos previos del uso de la fuerza y ausencia de diálogo. Solo en una oportunidad observamos el uso de un megáfono a una distancia de 50 metros, por lo que la audición era menor. Hay personas heridas con gas pimienta, perdigones, carabinas lanzagases. Vemos también el lanzamiento del chorro de agua directamente al cuerpo de los manifestantes y también hemos observados que Carabineros y militares nos e encontraban debidamente identificados.
Todo esto significa que ha habido una transgresión a un incumplimiento del protocolo correspondiente al uso de la fuerza. Por tanto, estas denuncias que han sucedido cuando realizamos visita a Comisarías, hemos podido ver claramente y constatar situaciones como desnudamiento, revisiones corporales fuera de procedimientos, realización de sentadillas, tocaciones y amenazas que son parte de los castigos de las personas detenidas, al igual agresiones físicas. En ese sentido, también personas lesionadas por armas de fuego, traumas oculares y en la sede de Coquimbo han llegado cuatro denuncias por traumas oculares, siendo el más grave el de un menor de 16 años, quien perdió su ojo.
- Con todo lo que usted y su equipo ha visto y observado, ¿cómo se puede calificar el actuar de los agentes del Estado en estos 38 días de manifestaciones?
“Lo importante y lo esencial es que no hay impunidad, vamos a trabajar para que la ciudadanía tenga verdad, justicia, reparación, memoria y garantías, ya que en esta crisis el INDH está cumpliendo su mandato legal, está documentando, denunciando y condenando las graves violaciones a los derechos humanos por agentes del Estado. Esa es nuestra labor y no calificar nada, sino que es ahora cuando el mandato cobra absoluta relevancia como organismo autónomo e independiente promotor y protector de los derechos humanos en Chile”.
- En este contexto, ¿han podido reunirse con Carabineros y fuerzas de orden y seguridad para que este número de casos no se siga incrementando?
“Tenemos un trabajo constante con Carabineros desde que el instituto se instaló. Hemos realizado formación y capacitación a personal de Carabineros, tanto en las diferentes prefecturas y en la Escuela de Formación en Ovalle. Carabineros tiene protocolos y circulares que son el marco legal para su actuación. Lo que constatamos es que como INDH no se ha cumplido con aquellos protocolos, porque todas las lesiones y vulneraciones no dan cuenta de un cumplimiento. El llamado siempre ha sido a cumplir el protocolo de mantenimiento del orden público y la circular por el uso de la fuerza. Esperemos que se cumple y nos e vuelva a vulnerar el derecho de las personas que se encuentran manifestando de manera pacífica”.
- ¿Han mantenido reuniones con la Intendencia Regional para tratar las violaciones a los derechos humanos en la región?
“La primera reunión que tuve fue con el director del Servicio de Salud Coquimbo, porque al segundo día de las manifestaciones no se había dado el permiso para el ingreso de los funcionarios del instituto a los hospitales. Esto lo resolvimos rápidamente, él entendió nuestro mandato y envió un documento diciendo que nosotros estamos facultados para ingresar a los recintos de salud en contexto de manifestaciones sociales.
Estos 38 días de manifestaciones han sido de mucho trabajo de sistematización de la información, de denuncias, estamos abocados a eso, a ir a comisarías, a hospitales, se nos ha pedido una reunión con la Intendenta Lucía Pinto para este martes (ayer), es la primera reunión que tendré con la autoridad regional y espero transmitir todo el trabajo realizado, lo que hemos observado, y la situación que está viviendo la región respecto a las graves violaciones a los derechos humanos”.
- ¿No le parece tardía la reunión con la Intendenta Lucía Pinto, tras los días transcurridos y el número de denuncias de violación a los derechos humanos?
“Han pasado 38 días de esto. No soy yo quién para calificar cuando se requiera esta información, lo importante es que se va a efectuar esta reunión, para que la primera autoridad regional tenga conocimiento sobre la rigurosidad del trabajo que hace el INDH, que con estas 275 denuncias y 32 querellas que serán más en los próximos días, son en base a una riguridad en el trabajo y una metodología que caracteriza a al instituto, un equipo que ha estado en terreno y seguirá cumpliendo su rol de protección a los derechos humanos. Seguiremos adelante, porque queremos verdad, justicia, reparación a las víctimas de violación a los derechos humanos. Es importante que esto se visibilice, importante de comunicar a las personas de lo que está ocurriendo”.
