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De los 33 alcances que realizó la Mesa de Desarrollo Rural solo tres fueron corregidas por el ministerio, siendo una de carácter ambiental (Central Termoeléctrica de Combarbalá), y dos de ordenanza que fueron corregidos. Un proceso lento que podría definir el plan entre uno o más años.

El año 2016 comenzó a realizarse el estudio a la actualización del Plan Regulador Intercomunal de Limarí, herramienta urbanística que comenzó a idearse en 2007 y que concluyó el 2015. Sin embargo, el terremoto y posterior tsunami en la región obligó a realizar ciertas actualizaciones a la normativa vigente.

Fue así como el Ministerio de Vivienda y Urbanismo definió los objetivos de planificación, entre los cuales destaca la revisión de las áreas de riesgo post terremoto del 16 de septiembre, corrección de Zonas de Extensión Urbana y actualización a nuevas zonas urbanas, además de ajustes en la vialidad intercomunal dentro de la provincia.

Luego de pasar las etapas técnicas, ambientales, el año pasado fue el turno de la etapa participativa, donde cerca de 150 personas participaron de las observaciones a las nuevas actualizaciones. Y fue este miércoles en la gobernación provincial que se presentaron las observaciones a los comentarios que realizó la comunidad respecto al plan regulador.

De las 33 observaciones que realizó la Mesa de Desarrollo Rural solo tres fueron corregidas por el ministerio, siendo una de carácter ambiental (cuyo informe daba a entender –según la comunidad- que la Central Termoeléctrica de Combarbalá sería de respaldo para las plantas fotovoltaicas, que finalmente el Minvu terminó por eliminar el texto), y dos de ordenanza que fueron corregidos.

“A través de un oficio dimos respuesta a las observaciones, punto por punto, y el objetivo fue explicar con más detalle cada una de las observaciones que en su mayoría eran más de forma que de fondo. Esta actualización viene a especificar cuáles son las zonas de riesgo de mediana o alta complejidad y a través de eso entregar herramientas a las familias para las familias en el caso de que construyan sus casas no tengan riesgo de hacerlo, es para solucionar los subsidios que se entregaron y que no se han podido materializar”, sostuvo Abel Espinoza, seremi (s) de Vivienda.

Un proceso largo y lento que no estuvo exento de discusiones en la jornada de este miércoles, ya que muchos asistentes de las comunidades manifestaron que el plan no enfatizaba el desarrollo de las comunidades rurales de la provincia, añadiendo que Limarí es una zona eminentemente rural.

“El Consejo Regional hizo de coordinador junto con el Ministerio de Vivienda, quienes contrataron este estudio del plan regulador. Tuvimos reuniones y se conversó para llegar acuerdos para resolver las observaciones. En esta reunión quedó claro que el sector rural no tiene que ver con los planos reguladores, porque por ley no dependen del ministerio, dimos superadas a esa confusión y pocos puntos quedaron en discusión”, dijo Marcelo Castagneto, consejero regional y presidente de la comisión de ordenamiento territorial.

La actualización contempla el aumento de zona de extensión urbana. Si el plan actual vigente contempla 45 localidades, la actualización permite el aumento a 60, entre las que destacan Quebrada Seca, Chalinga, Villaseca, Carachilla, Valdivia de Punilla y Caleta El Sauce en Ovalle; Semita, Los Tapia, El Coipo y Chañaral de Carén en Monte Patria; Tahuinco, Tabaqueros, Huampulla y Las Breas en Río Hurtado; y El Toro en Punitaqui.

Algunas de las especificaciones de la actualización permitirán conservar el actual territorio de planificación y da mayor especificidad al área rural. Además, se plantea conservar territorio de altas cumbres como protección al origen del recurso hídrico de la provincia, dentro de una mayor especificidad del potencial del área rural.

Se plantea un incremento de la superficie preferentemente agrícola; se proyecta un mayor impulso de desarrollo al sector costero entre Ruta 5 Norte y costa: agrícola, turismo, pesquero, energético; se proyecta un aumento en la conectividad interior generando una circunvalación que independiza el sistema de centros poblados de  ruta 55 Ovalle-Monte Patria; y se plantea la conexión hacia y desde Argentina por el paso La Chapetona.

Este último punto llamó la atención del concejal de Monte Patria Pascal Lagunas, quien acotó que la comunidad votó en contra de impulsar el paso fronterizo con fines turísticos, en la consulta ciudadana de diciembre del año pasado.

“Este plan refleja ese paso, pero nosotros realizamos una consulta ciudadana la cual definió que la gente no quiere este paso y eso nos llama a un replanteamiento del cuidado de nuestros territorio. Se pensaba que al abrir el paso íbamos a convivir con un buen turismo desde Argentina, pero hay que replantearse que los turistas lleven a través de otros medio”, manifestó el concejal.

El estudio concluyó en julio del 2019, que luego dio paso al proceso participativo de la comunidad y posteriormente elaboró la resolución de término de proceso. En caso que no se realicen más observaciones al plan, el paso siguiente sería notificar a la Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente para, finalmente, que el Consejo Regional revise, vote y promulgue el Plan Regulador Intercomunal. Un proceso que podría demorar uno o más años.

 

 

 

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