Durante los últimos días, el gobierno ha debido modificar su discurso, e incluso dar pie atrás a un aspecto esencial desde que estallaron las manifestaciones hace cuatro semanas. Del “Un cambio en la Constitución no va a arreglar la vida del ciudadano de a pie” del diputado Juan Manuel Fuenzalida publicada en El Ovallino el pasado 31 de octubre, al “Creemos que el mejor camino es trabajar bajo la base de un Congreso constituyente, que en primer lugar cuente con amplia participación ciudadana y, en segundo lugar, que pueda tener un plebiscito ratificatorio”, del ministro del Interior Gonzalo Blumel este domingo.
Pero, ¿qué pasó en el intertanto para que el gobierno cambiara su postura de no realizar cambios a la Carta Magna, luego pasar a las “reformas” según el Presidente Sebastián Piñera, a la creación de una nueva?
Para la UDI regional pasa porque el estallido social ha sido de tal nivel que estarían obligados a realizar cambios.
“Nos estamos enfrentando a una situación histórica. No tengo memoria de haber vivido un estallido social de esta envergadura en los últimos 30 años, lo que está obligando a nuestra clase política donde tendremos que dar respuesta a cada una de las demandas. Ahora no hay que perderse y el estallido social nace producto de la rabia que generan los abusos, de mejorar las pensiones, de mejorar los sueldos, de disminuir el precio de medicamentos, el acceso de salud, desde ahí parte”, comenta Óscar Tapia, presidente regional de la UDI.
Para varios dentro del oficialismo, habrían influido en este cambio de postura las diversas encuestas que señalaban que la ciudadanía apoyaba la idea de una nueva Constitución, donde el apoyo a una Asamblea Constituyente como mecanismo sería la opción ampliamente apoyada.
Sin embargo, para el timonel regional aún considera que la actual Constitución otorgó estabilidad política al país hasta el día de hoy.
“Nosotros nos sentimos orgullosos de la Constitución de 1980. Nosotros no nos avergonzamos de ella, al contario, sentimos que entregó estabilidad al país durante 30 años, permitiendo que Chile caminara hacia el desarrollo”, acotó.
Por su parte, la Democracia Cristiana es una de las colectividades de oposición que busca que el Gobierno se inclina derechamente por una nueva Constitución, pero a través de una fórmula mixta, donde el Congreso no tenga la real exclusividad de la creación de la Carta Fundamental.
“No podemos tener una Carta Magna que fue creada bajo dictadura, solo por ese hecho debe hacerse un cambio de Constitución, pero creemos que no puede formularse a través de un Congreso Constituyente. Hoy, los mismos parlamentarios de gobierno dicen que el Congreso es una institución que no goza de legitimidad ciudadana, y esto es un portazo a los ciudadanos que se están volcando en las calles”, considera Daniela Velásquez, presidenta regional de la Falange.
RN POR UNA NUEVA CARTA
Desde los círculos internos del oficialismo, incluso desde la posición, consideraban que RN podría tener la “llave” para convencer al resto de las fuerzas políticas en la creación de una nueva Carta Magna.
Renovación Nacional habría influido directamente en el Presidente Piñera para que tomara la decisión de impulsarla. De hecho, en entrevista con El Ovallino, el diputado Francisco Eguiguren aseguró que “en mi partido hay unanimidad. Siento un gran orgullo, porque en RN ha sido un partido muy empático con las demandas sociales, hemos sido reconocidos transversalmente, teniendo una sintonía muy fuerte con la gente y esperemos que los demás partidos de Chile Vamos que no están convencidos de esto, lo estén muy luego”, dijo el parlamentario, haciendo un giño principalmente a la UDI.
El mismo diputado concuerda con la DC en que el mecanismo para la conformación constitucional debe estar compuesto por el Congreso y un grupo de representantes sociales.
Una mirada diametralmente opuesta es la que tiene el PRI, partido perteneciente al oficialismo. Consideran que solo debe realizarse un cambio constitucional.
“Como partido hemos estado por una modificación a la constitución, pero no un cambio. Creemos que la mayoría de los países que han hecho cambios han sido los países de Latinoamérica, mientras que países más antiguos han conservado la suya por 50 o 100 años. Ahora, para nuestro partido cree que en caso que exista el cambio, debe hacerse de manera programada, con tiempo, que la ciudadanía le dé tiempo para entender los cambios que se pueden hacer, no se pueden hacer cambios radicales muy rápidos, que no nos pase algo como pasó con el Brexit en Inglaterra”, sostuvo Kenneth Olave, presidente regional.
Mientras que Tapia insiste en decir que una Carta Magna no tendría la facultad de entregar mejores pensiones o de subir el sueldo mínimo.
“Ahora, el cambio de Constitución no necesariamente va a mejorar las pensiones, no aumentará el sueldo mínimo, eso pasa por leyes, eso para por otro lado. El cambio de Constitución tiene que ver con fortalecer nuestra democracia y nuestro sistema político. Es por ello, que en un comienzo el foco del gobierno no estaba puesto en el cambio, sino en cómo responder a todas estas demandas sociales”, cerró.
