Tras el rechazo de la propuesta de redefinición de la planta municipal de la comuna de Monte Patria, proceso que se desarrolla en el marco de la Ley de Plantas Municipales que comenzó a regir este año, se espera trabajar en un nuevo plan que cuente con la anuencia de las distintas visiones del concejo.
Desde el 1 de enero de este año, se encuentra vigente la nueva Ley de Plantas Municipales, lo que permite que ahora, después de largo tiempo, los municipios puedan modificar y actualizar sus plantas de funcionarios municipales cada ocho años.
Dicha legislación establece que serán los alcaldes, con el apoyo de dos tercios del Concejo Municipal y previa consulta a un “comité bipartito-paritario”, compuesto por representantes de los funcionarios y del propio edil, tendrán la facultad de decidir, por ejemplo, el traspaso de funcionarios de contrata a planta y de honorarios a contrata o planta, permitiendo a los trabajadores recibir todos los beneficios y garantías pertinentes, por ejemplo, en materias previsionales.
El objetivo final es incorporar a funcionarios a honorarios en cargos en planta o contrata y con ello, abandonar la figura de honorarios en el sector municipal. Además, la ley fija un límite máximo de gasto en personal que corresponderá al 42% del presupuesto total del municipio, sin limitar la cantidad de funcionarios que pueda tener.
Es en ese contexto que en la comuna de Monte Patria, la votación de la propuesta de actualización de la planta de funcionarios sufrió un traspié, pues no logró los dos tercios del concejo municipal como establece la ley.
En síntesis, fueron dos concejales que votaron en contra (Nicolás Araya de la UDI, y Pascal Laguna del PC) y uno que se abstuvo (René Chepillo, del PS). El resto, Pía Galleguillos (DC), Carolina Rojas (DC) y Carlota Villalobos (PPD) votaron a favor.
ALZA DE REMUNERACIÓN
El traspié que sufrió la propuesta en la votación del concejo generó cierta polémica en el municipio, pues se esperaba que el documento elaborado por el alcalde Camilo Ossandón y los dirigentes de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales (ASEMUCH) en el comité bipartito, fuese aprobado.
Pero para quienes votaron en contra, la razón de su decisión se da por el supuesto aumento de remuneración que beneficiaría al alcalde y a los directores de departamento, en detrimento de otros funcionarios que esperan una mejora de su situación contractual.
Nicolás Araya, concejal que votó en contra de la propuesta explica que su rechazo se explica por “como se pretendía distribuir los recursos”.
“Porque que el alcalde haya propuesto su alza de grado, lo que tiene como consecuencia un alza en su remuneración, traía como consecuencia que subían directores detrás de él y como consecuencia presupuestaria, se establece un gasto de 32 millones de pesos anuales aproximadamente, lo que estaba dejando a varios funcionarios y profesionales fuera del beneficio” sostuvo.
En este punto, cabe recordar que al modificar la planta municipal, se deben subir los grados de cada funcionario, lo que hace funcionar el proceso como una pirámide: cuando sube de grado un funcionario, pueden subir quienes se encuentran a contrata a planta, o los que están a honorarios a contrata, lo que implicaría entre cosas, el aumento de sus rentas.
Pero Nicolás Araya niega que el alza de grado implique necesariamente, un alza de las renta, asegurando que “de hecho, en muchas municipalidades están elaborando sus propuestas sin el alza de grados de sus principales autoridades, pues los únicos beneficiados con el alza de grado del alcalde, son los directores de departamentos, que además, son nombrados por el alcalde”.
“El espíritu de la ley de Planta no es beneficiar a las autoridades, sino que beneficiar a los funcionarios municipales que por muchos años han estado con un grado determinado como contrata u honorario” remató.
PROPUESTA MÁS SOLIDARIA
Por su parte, para Pascual Laguna, el otro concejal que votó en contra de la propuesta, justificó su decisión señalando que esta ley “nació de la movilización social de los propios trabajadores”.
En ese sentido, Laguna señaló que esperaba que la propuesta presentada por el alcalde “fuera más generosa en el sentido de atraer a una mayor cantidad de profesionales del país para la comuna. O sea, buscamos robustecer el municipio”.
Laguna reconoció que para modificar la planta municipal, el alcalde debe subirse el grado, pero insiste en que “esta propuesta pudo ser más generosa, y por eso la rechacé. Yo creo que llegó el minuto de fortalecer el municipio y eso necesita recursos. Esperamos una nueva propuesta de un carácter más solidaria y que beneficie a una cantidad mayor de trabajadores, que pueda abarcar a más funcionarios”.
En ese sentido, la posición de Laguna se acerca a la sustentada por su par de la UDI, expresando que una nueva propuesta tendría que considerar que no se suban los grados de los cargos directivos, pues “si no se sube el grado, no subirían los cargos de los directores”, ante lo cual explica, hay una disyuntiva, dado que como se ha explica antes, la modificación de la planta municipal se haría cada ocho años.
“O esperan 8 años para subir a los cargos directivos, o esperan 8 años para crear más cargos o subir más grados a los demás funcionarios. Aquí estamos por fortalecer más la creación de más cupos, en vez de aumentar los grados de los cargos directivos a sabiendas de que sus remuneraciones no son nada despreciables” señaló.
UNA PROPUESTA ADECUADA
Ante los dichos de los concejales, si bien el alcalde Camilo Ossandón no se refirió al tema, fuentes del municipio señalaron que el alcalde nunca participó directamente en la elaboración de la propuesta de actualización de la planta municipal, pues su elaboración es de carácter técnico, ya que los recursos para hacer este cambio, se deben acreditar ante Contraloría.
En esa línea, la concejala Pía Galleguillos, quien dio su voto favorable a la propuesta, explicó que el plan presentado por el municipio era adecuado, “pues era financiable, era una propuesta muy conservadora, que estaba por debajo del 42% de gasto en personal que debe tener el municipio según esta ley”.
Galleguillos señala que el alza de grado del alcalde Ossandón y de los directores de departamentos “fue motivo de discusión”, pero que “necesariamente tenía que subir el alcalde, para que los otros pudieran subir” insistió, señalando que la propuesta fue expuesta y discutida en el concejo en dos oportunidades.
Y a diferencia de lo señalado por el concejal Nicolás Araya, Galleguillos señaló que “si bien el aumento de grado implica un aumento de remuneración”, este aumento “no era excesivo. Es más, mucho más subían (las rentas de) los directores y otras áreas, incluso más que el alcalde. Eso no fue así. La propuesta no lo dice así”.
Tanto la concejala como desde el mismo municipio de Monte Patria, explicaron que el proceso continúa abierto, por lo que todavía pueden hacerse modificaciones a la propuesta original.
“Seguramente se harán nuevas propuestas o mejoras. Quizás hay personas que a lo mejor debieran incluirse. Pero ahí el comité bipartito va a tener que hacer otro trabajo y presentar una nueva propuesta” comentó Pía Galleguillos.
En efecto, la ley establece dos plazos para comenzar la redefinición de las plantas municipales. El primero está en vigencia y finaliza el 31 de diciembre de este año para los municipios que quieran tener una nueva planta a contar de 2019, mientras que los municipios que no alcancen a concretar este cambio, lo hagan desde el 1 de enero de 2019 y las plantas comiencen a operar el 2020. De no realizar este cambio antes de 2020, los municipios tendrán que esperar ocho años.
