El mes de octubre fue movido en todo aspecto, pero por sobre todo porque a partir del 18 de octubre nada fue igual a como era antes. Desde ese aquel día, intensas manifestaciones en todo Chile se tomaron las calles por parte de ciudadanos, exigiendo mejoras en la calidad de vida.
En ese contexto, diversos hechos se vivieron también en la provincia de Limarí. Específicamente en la comuna de Ovalle se congregaron las masivas movilizaciones, donde en algunas ocasiones adultos y menores de edad fueron víctimas de agentes del Estado, por lo que denunciaron los hechos ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
El organismo autónomo tomó los casos y recurrió a la justicia. El INDH sede La Serena recibió las denuncias, entre ellas destacan el primer hecho de gravedad que se registró en Ovalle fue el sábado 19 de octubre, cuando Benjamín Huerta Escobar de 23 años resultó herido de bala a la altura de la ingle, luego de que intentara defender a una persona.
El estudiante no habría estado participando de la marcha y protesta de aquel día. Pasadas las 21.00 horas, Huerta transitaba por Ariztía Poniente cuando vio a pocos metros que un Carabinero de civil apuntaba con un arma de fuego en la cabeza a otra persona.
Ante los alegatos de la víctima para que soltara al individuo, en ese momento el autor tomó a Benjamín realizando un forcejeo en donde finalmente dispara a quema ropa al joven estudiante.
El responsable del disparo sería el capitán de Carabineros de la Tercera Comisaría de Ovalle, quien se mantiene bajo prisión preventiva, mientras que otros cuatro Carabineros también se mantienen formalizados.
TORTURA
Sin embargo, el resto de los hechos no presenta avances en sus respectivas investigaciones, de acuerdo al INDH.
“Tenemos ocho víctimas en Ovalle, de las cuales son cuatro niños, niñas y adolescentes que sus causas se mantienen reservadas por ser menores de edad. Tenemos cerca de 12 acciones judiciales, querellas, por violencia sexual y violencia de género, sobre todo en el contexto de detenciones en comisarías y las prácticas que iban en contra de todo protocolo que se le aplicaron a niños y adolescentes y también a mujeres detenidas dentro de las comisarías”, contó Tarcila Piña, directora regional del instituto.
Lo que hace alusión Piña son a hechos que tienen relación con posibles torturas por parte de agentes del Estado a adolescentes, detalle de los casos que el INDH mantiene en reserva, por ser las víctimas menores de edad.
A estos hechos se suma la querella interpuesta por el instituto sobre la pérdida de visión en uno de sus ojos de Alexis Seura Sarriá de 49 años, quien cruzaba Ariztía Oriente durante las manifestaciones del día viernes 8 de noviembre.
La esposa de Seura señaló que testigos en el lugar indicaron que el proyectil habría sido arrojado por la policía que se encontraba en ese momento.
Una vez trasladado a la unidad de urgencia del hospital de Ovalle, el herido ingresó a las 21.45 horas con el diagnóstico de “trauma ocular por supuesto perdigón”, donde fue trasladado rápidamente al hospital de La Serena para ser atendido tras las graves lesiones en su ojo izquierdo.
CELERIDAD INVESTIGATIVA
Esta acción judicial también se encuentra sin nuevos avances investigativos. Ante el escaso movimiento en las querellas en el Tribunal, la directora espera mayor velocidad en los procesos.
“Necesitamos que las causas y las querellas que el instituto ha presentado en Ovalle y en la región se puedan inyectar los recursos necesarios para iniciar la tramitación. Ha sido difícil cuando uno revisa las carpetas investigativas que hay diligencias esenciales que aún no están realizadas, como la declaración de víctimas. Sabemos que la pandemia obstaculiza, pero también sabemos la necesidad de avanzar. Ya van 9 meses del estallido social y una vez ingresadas las querellas, instamos a todo el sistema procesal a que avance, a que se busquen fórmulas, se inyecten recursos, porque necesitamos entregar verdad, reparación y justicia a las víctimas productos del estallido de octubre”, aseguró Piña.
Una de las falencias que Piña considera que existen en la región es la inexistencia de una brigada de derechos humanos en la PDI en la región de Coquimbo, con el fin de contar con una policía civil más experta en este tipo de casos. A su vez, también que el Servicio Médico Legal realice la pericia de protocolo; que el sistema judicial amplíe la cantidad de fiscales, mientras que reconoce la inexistencia de fiscales dentro del Ministerio Público con experiencia en derechos humanos.
“Entender la tortura, entender los compromisos internacionales y el estándar internacional es muy difícil. La tortura es uno de los delitos más deleznables que existen en el ámbito internacional de los derechos humanos, entonces entender los compromisos que Chile suscribe, es imperioso que los agentes del Estado estén interiorizados. El llamado para acelerar los procesos judiciales es que todos los organismos públicos que conforman parte del sistema procesal chileno para que se agilicen las diligencias. Es imperioso para las víctimas para que encuentren una respuesta”, cerró.
