Este martes fue una jornada particularmente tensa para la familia Araya Gallardo, quienes insisten en que se les está quitando injustamente un terreno en donde han vivido por generaciones (ver recuadro abajo).
Tras algunos momentos de tensión, finalmente pasado el mediodía la familia comenzó a retirar algunos enseres desde la propiedad, sin embargo, en horas de la tarde el proceso se vio suspendido por problemas logísticos de los receptores judiciales.
Familia: “Desalojo injusto”
“Estamos siendo afectados por una demanda que se hizo mal, solamente han demandado a una persona que es dueño, pero ésta es una asociación. La justicia falló contra una empresa que no son dueños de estos terrenos. Tenemos nuestros papeles al día y firmados por Bienes Raíces, inscritos en todas las entidades, tenemos nuestro rol”, expresó Alexis Villaroel, integrante de la familia que asegura ser dueña del terreno en disputa.
De acuerdo a su relato, la justicia falló porque, “antiguamente el río pasaba por un tramo y fue cambiado y las otras personas pusieron de deslinde el río. Y ¿qué pasó? Al cambiarse se hicieron dueños de nuestros terrenos. Eso está pasando y nadie nos quiere hacer caso, la justicia está fallando contra el sinvergüenza, contra Empresa Urbana Río Limarí Limitada”.
Lo que él no se explica es qué pasó con Bienes Raíces, “nuestros papeles están firmados y timbrados por ellos y ¿por qué ellos permiten que otras personas vuelvan a inscribir un terreno? Nuestros papeles son de 1962 y los de ellos del 2010. Llevamos más de 60 años viviendo en el terreno”.
“Dimos aviso que la demanda había sido a un solo dueño pero nosotros somos una asociación, hay muchos hermanos, hay 12 de un terreno y 15 de otro. Son dos escrituras en un terreno. Estamos luchando por lo nuestro, por nuestros derechos”, mencionó.
Por otro lado, Juan Carlos Ávalos, integrante del clan familiar, puntualizó, “llegamos a todas las instancias posibles pero ellos (la empresa demandante) no reconoce que los documentos que están presentando son falsos. Tengo más de cuarenta años acá, con mis hijos que nacieron acá”.
Además añadió, “nos vienen a desalojar, teniendo todas las escrituras, todas las cosas legales de los años que hemos ido renovando. Todos los documentos los tenemos ellos tienen falsos porque se prestó el conservador se prestó para movilizar algunos números de roles, incisos, folios”.
Finalmente sentenció, “no hemos tenido apoyo de autoridades”.
Empresa demandante: “Todo ha sido transparente”.
El representante de la Empresa Urbana Río Limarí Limitada, Patricio Madariaga Aránguiz, estuvo en el lugar observando atentamente el procedimiento.
“Compramos hace varios años atrás 14 hectáreas y le vendimos un lote al Serviu y le vendimos a Roberto Dabed el lote 1 y 2. Incluso tuvimos juicio con los colectiveros de la Línea 69, la ganamos, llegamos a la Corte Suprema, desalojamos a otro señor Castillo y nuestros títulos están saneados y sin ningún problema”, indicó acerca de los terrenos que reclaman.
Madariaga prosiguió diciendo, “nunca le objetamos los títulos a esta gente (familia Araya Gallardo), jamás, pero están en la ribera sur del Río Limarí, en Potrerillo Bajos. En segunda instancia perdimos por un problema de forma (…) Fuimos a la Suprema (Corte) y ganamos 5-0, nos dieron la razón, salió el desalojo y en eso estamos”.
Al ser consultado por las familias que se niegan a desalojar, expresó que simplemente fueron asesorados de mala forma. “Aquí hubo una cantidad de abogados por parte de ellos que como se dice vulgarmente les ‘vendieron la pomada’, les decían ‘vamos a ganarle a estos gallos los vamos a meter presos, traigan 1 millón, traigan 2 millones’. Nosotros tratamos de llegar a un acuerdo, les ofrecimos la plata para reubicarlos, pero no aceptaron porque los abogados insistían que esto era ganable, pero a poco andar cuando perdían los juicios les decían ‘no, lo que pasa es que estos gallos son poderosos, tienen comprado a medio mundo’, y eso no ha sido así, todo ha sido transparente, Serviu no va a comprar algo que no corresponda”.
Además comentó su deseo de poder agilizar el proceso y así entregar los lotes que fueron vendidos por la empresa. “Tenemos un compromiso ante notario y estamos pagando intereses por eso, porque pensamos que esto iba a ser rápido y se ha demorado cuatro años este juicio”.
Ausencia de autoridades e interrogante sobre la reubicación
Hasta el lugar llegó la jefa regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Tarcila Piña, quien señaló que la competencia que tuvieron en en este caso fue, “hacer observación de todo el procedimiento de desalojo que se le van a hacer a estas familias” y garantizar que dicho paso se realice con, “enfoque de derechos humanos”.
Piña declaró su extrañeza ante la ausencia de autoridades durante este procedimiento, “lo que nos preocupa es que no vemos a ningún representante del Estado, gobernación o municipio para que vengan a aclarar cómo va a ser el proceso de reubicación de estas personas porque si se produce el desalojo, ¿los van a lanzar a la calle?, ¿dónde estos niños y niñas van a ir a la escuela?, hay mujeres embarazadas. Deberíamos tener un contingente del Gobierno presente en este procedimiento”, sostuvo.
Intervención de carabineros
Durante la jornada hubo una importante presencia policial de Fuerzas Especiales. En uno de los momentos de mayor tensión se detuvo a dos sujetos, quienes no formaban parte de las familias que protestaban. “En la población Ariztia comenzaron a arrojar piedras, una de las cuales ocasionó daños en el parabrisas del bus de Carabineros, y se procedió a la detención de esas dos personas”, dijo el mayor de la Tercera Comisaría de Ovalle, Rodrigo Ajraz. En tanto, afortunadamente no se registraron lesionados.
Ajraz precisó que la orden de desalojo fue emanada en contra de, “Armando Araya Gallardo, familiares, dependientes y toda persona introducida al lote 3 y 4”. Finalmente la única persona que alcanzó a ser desalojada fue Armando Araya Gallardo y su círculo cercano.
El mayor cuenta que durante la tarde finalmente se suspendió el desalojo pero que pese a eso aún se hace latente cierta incertidumbre. ”Hubo un problema con el tema logístico por parte de los receptores (judiciales) porque no tenían gente que terminara de hacer el desalojo. Al mismo tiempo las familias están presentando un recurso ante la Corte, entonces también se está abordando por esa parte. Además van a tener una conversación con gente de la Gobernación. Entonces hay hartas cosas aún que se tienen que ver para que nosotros podamos seguir procediendo en el lugar”.
Sobre el trabajo policial durante la jornada, el uniformado manifestó, “la gente puso de su parte, nosotros tratamos de mediar con el receptor judicial (…) entendemos también la situación de la familia, entonces intentamos que no hubieran agresiones de ningún lado y ser lo más pacíficos posible en el sentido de que se cumpliera la orden sin tener gente lesionada ni que se produjeran desmanes”.
Respecto al desalojo, el alcalde de Ovalle, Claudio Rentería, precisó que se trata de un tema legal entre privados, en el cual el municipio no tiene injerencia. Sin embargo, agregó que “entendemos que el desalojo dejará sin hogar a muchas de estas familias, por lo que estamos llanos a poder colaborar con aquéllos casos sociales que necesiten de apoyo municipal, los que serán abordados a través del Departamento Social. Nosotros dispondremos de todo el personal para que se les brinde un apoyo a las familias, con mediaguas, ropa de cama y todos los recursos que tenemos y también dispondremos de camiones para trasladar a las personas a casas de familiares o donde ellos lo estimen”.
RECUADRO
Los 12 herederos de Fermín Araya, aseguran que ese terreno les pertenece desde 1962 y que cuentan con todos los documentos que lo avalan. La Empresa Urbana Río Limarí Limitada por su parte indica que compró la propiedad el año 2010 a la sociedad Aguirre Gallardo, luego de exhaustivos estudios que aprobó la justicia. En tanto, desde el municipio de Ovalle, el jefe de obras fue tajante al indicar que los Araya nunca fueron dueños del norte de la ribera del río Limarí.
Los Araya Gallardo aseguran que la empresa quiere despojarlos del terreno denominado La Parcela La Parra N°2, que está ubicado en la ribera del Río Limarí, bajo el sector de la población Ariztía, de Potrerillos bajo. “Este espacio que está en disputa ha sido su hogar desde siempre”, había señalado Eloína Gallardo, integrante de la familia.
El actual conflicto comenzó el año 2014 con una medida prejudicial precautoria que interpuso Patricio Madariaga, representante de la empresa, en el Primer Juzgado de Ovalle en contra de Armando Araya Gallardo. Esta demanda tenía el fin de sacar a toda la familia de aquel terreno, ya que, según la empresa pertenece a ellos desde el año 2010. La entidad judicial local, acogió la solicitud y ordenó el desalojo de los campesinos en septiembre del año 2015.
Ante la sentencia a favor de la Inmobiliaria y en contra de ellos, la familia recurrió el mismo año a la Corte de Apelaciones de La Serena, donde se revocó el fallo, acogiéndose el derecho de los campesinos. Sin embargo, la empresa insistió en la Corte Suprema, donde puso un recurso de casación de forma y fondo, el cual fue considerado por la máxima entidad judicial del país en enero del 2018 y, ordenó el alzamiento de los Araya-Gallardo del terreno disputado, había explicado explicó Carlos Sáez actual abogado de la familia demandada.
“Mi padre Fermín Araya y mi madre Raquel Gallardo compraron el 25 de abril de ese año (1962) la propiedad que me vio nacer, crecer y donde he vivido ininterrumpidamente junto a toda mi familia. Con mis padres fallecidos mis hermanos y yo heredamos este terreno y los títulos están debidamente inscritos en el Conservador de Bienes Raíces”, declaró hace algún tiempo Armando Araya ante el juzgado de Ovalle.
