Tras no recibir por varios años el pago el Bono de Rentas mínimas establecido en la ley para que los Asistentes de la Educación pudieran acercar sus ingresos al salario mínimo, hace más de un año la Asociación de Paradocentes y Administrativos del Departamento de Educación de Ovalle introdujeron una demanda exigiendo esclarecer la situación.
Recién esta semana se emitió el informe del peritaje contable solicitado por la causa RIT O-47-2019, y al cual diario El Ovallino tuvo acceso, en el que especifica que hay una deuda neta de $ 341.829.761 que se le debería pagar a los más de 400 demandantes, aunque sin reajuste ni intereses, por concepto de no pago entre los períodos de Enero 2016 a Junio 2021. Con reajustes e intereses el monto subiría a $ 929.539.795.
El presidente de la Asociación de Funcionarios, Patricio Carrasco, explicó a El Ovallino que el perito contable que fue designado por un tribunal encontró que efectivamente faltaban recursos que no se habían cancelado.
“Pero no es solamente el Departamento de Educación de Ovalle, sino que muchos de los dineros adeudados vienen de parte del Ministerio de Educación, que no hizo las transferencias correspondientes. Cuando se hizo a primera audiencia el Consejo de Defensa del Estado señaló que no había deudas, pero tras la investigación del perito se logró demostrar que sí hay recursos que faltan por cancelar. Lo importante es que sí se pudo comprobar que hay recursos que no han sido pagados”.
El informe indica que las cifras adeudadas resultan de los pagos insuficientes realizados por el sostenedor, debido a que el MINEDUC ha incumplido transferir regularmente y cada mes los recursos y la nómina de beneficiarios.
En total son 463 demandantes con contrato vigente, 130 demandantes que fueron desvinculados, pero tienen finiquito firmado y tendrían derecho a recibir su bono atrasado y 64 trabajadores que desistieron de participar en el proceso judicial.
Legal desde 2015
Explicando la situación, el abogado Alejandro Cáceres, representante de la organización gremial, señaló que hace más de un año introdujeron la demanda en el Juzgado del Trabajo en Ovalle, aunque por el tema de la pandemia se dilataron los tiempos de presentación de argumentos, que son muchos, y por la cantidad de demandantes.
“Estamos en presencia de un no pago de un bono que intentaba aumentar las remuneraciones de aquellos trabajadores que no ganaban tanto y que servía para nivelar a los asistentes de la educación para que se acercaran al salario mínimo. Es un bono que está en el contrato y que se oficializó en 2015, aunque se comenzó a pagar en 2016 de manera esporádica. En base a esa circunstancia existe una deuda bastante importante. Porque al no pagarse van corriendo intereses, reajustes, y es una cantidad importante por la cual se demandó”, señaló Cáceres.
Señaló que fue en el juicio cuando se solicitó una prueba pericial, desarrollada por un experto contable nombrado por la Corte de Apelaciones de La Serena, con la misión de establecer los parámetros legales sobre la situación.
El resultado del peritaje entregado recientemente será pieza clave en la etapa probatoria del juicio que se retomará el próximo 26 de agosto.
“Este juicio es contra la Municipalidad y solidariamente contra el Ministerio de Educación, porque son dineros públicos que el Ministerio debía transferir a cada uno de los sostenedores, por eso es una demanda solidaria, para que responda quien tenga que hacerlo. El monto que arroja el informe es de unos 900 millones de pesos en los que van incluidos intereses y reajustes, que también van a ser discutidos en el juicio. Ese informe lo que da cuenta es que sí existe una deuda, ahora habrá que determinar en el mismo juicio, quién es el que se tiene que hacer cargo de esa deuda”, destacó Cáceres.
Cumpliendo la legalidad
Consultados por este tema, desde el Municipio de Ovalle señalaron que tratándose de un proceso en curso no emitirán declaraciones, y que acatarán lo que la justicia resuelva en su momento. Asimismo, indicaron que la Municipalidad de Ovalle cumple con la legalidad vigente respecto al pago de bonos y remuneraciones que la ley establece en favor de todos sus funcionarios.
