Hace pocos días el seremi de Obras Públicas hacía el llamado a denunciar los casos de uso ilegal de aguas tras la severa crisis hídrica que atraviesa la zona. Los motivos se centran ya sea a través de pozos ilegales o excediendo los derechos de aprovechamiento de agua otorgados por la Dirección General de Aguas (D.G.A).
Ante este último caso, hace una semana, los vecinos de la localidad de Cerrillos de Rapel de la comuna de Monte Patria, dieron a conocer las posibles irregularidades que estaría realizando uno de los habitantes del sector, quien contaría con los derechos, pero estaría haciendo mal uso del elemento vital, extrayendo más de lo que ese le permite por normativa.
El pasado viernes 21, la directiva del Canal El Huerto de Cerrillos de Rapel, convocó a una reunión a todos los vecinos regantes, comuniad, autoridades locales y regionales para lograr esclarecer el caso y solicitar las fiscalizaciones correspondientes a las entidades públicas encargadas en el tema.
El presidente de la Junta de Vigilancia del Río Rapel, Onofre Juliá, señaló los detalles de la denuncia y a su vez, realizó duras críticas ante el trabajo que estaría realizando la Dirección General de Agua en la región. “Se le otorgó un derecho que es de pozo profundo y el agua es superficial. Hay una cadena de errores que ha cometido la Dirección General de Agua en este caso”.
Asimismo manifestó que el organismo público habría realizado una inspección errónea en el lugar, “por un lado la autorización que ellos entregaron hay muchos errores; en primer lugar otorgaron un derecho de extracción de 1.5 litros por segundo y él tiene una bomba para 60 litros por segundo. Tenía que haber instalado un caudalímetro para poder medir lo que tenía que extraer. No está cumpliendo con la norma de acuerdo al derecho que se le otorgó, pero no es una extracción ilegal, es una extracción que no cumple lo que está en el decreto”, sostiene Juliá.
Al respecto, el seremi de Obras Públicas, Pablo Herman indicó que “efectivamente la Dirección General de Aguas tomó conocimiento al respecto a la denuncia que estarían haciendo algunos vecinos del Río Rapel. Algunos regantes señalan que este pozo en cuestión estaría afectado el caudal de algunos canales. En ese sentido, la Dirección General de Aguas ya abrió un expediente para fiscalizar aquel pozo y revisar si es que está afectando precisamente al caudal de los ríos”.
Hoy se realiza una inspección por parte de la Dirección General de Aguas en el lugar. “Se espera resolver de forma definitiva lo que están demandando los regantes, debería tomar medidas por ejemplo de detener la extracción de agua mientras la persona cambia los sistemas, los cuales no corresponden a la norma”, dijo el presidente de la Junta de Vigilancia del Río Rapel.
Según la información recabada, el 2017 el titular del derecho (quién está siendo cuestionado), solicitó cambio de punto de captación a la DGA sobre un derecho que tenía desde el año 2005.
Información que la Junta de Vigilancia no maneja por completo, “no tenemos claro el punto de captación, porque él pidió el traslado de punto de captación y no lo sabemos”, manifiesta Juliá.
En esta línea, el representante criticó algunas acciones desde la Dirección General de Aguas, asegurando que “están otorgando derechos donde no deben otorgar derechos, donde le están causando daños a terceros, otorgando derechos de agua profundas en consecuencia que está sacando agua de caudales superficiales que abastecen a otras comunidades”.
Por otro lado, el seremi afirmó que “es importante mencionar el trabajo que estamos haciendo como región en la Dirección General de Aguas, precisamente donde ya se le instruyó a los distintos titulares de derechos la obligación de instalar y mantener en sistema de medición y transmisión de las extracciones de agua. Eso quiere decir que se les está pidiendo a todos los titulares de derecho que puedan tener un instrumento donde se mida exactamente el caudal que están extrayendo”.
CONSECUENCIA DE EXTRACCIONES ILEGALES
En definitiva, ¿cuáles son las repercusiones negativas de la extracción ilegal de agua?, de acuerdo a información entregada por la Secretaría Regional Ministerial de Obras públicas, “los estudios de la mayoría de las cuencas y acuíferos de la región, han permitido establecer que no existe disponibilidad de aguas superficiales y de aguas subterráneas, por lo que esta Dirección entiende que toda extracción no autorizada de aguas superficiales y/o subterráneas, perjudica la oferta de las aguas disponibles. Esto, en los acuíferos dificulta su recarga y en algunos sectores la calidad de las aguas subterráneas, debido a la disminución de los niveles freáticos”.
LAS SANCIONES QUE SE EXPONEN
De acuerdo a la información entregada por el MOP, “los actos como la extracción de aguas no autorizada (sin título o por sobre los caudales otorgados) y obras sin autorización que afecten la disponibilidad de las aguas, están afectos a multas que desde las 501 Unidades Tributarias Mensuales (25 millones de pesos aproximadamente), hasta 1.000 UTM. Y sus agravantes pueden incrementarlas, incluso hasta en un 100%. Además, la DGA actualmente tiene atribuciones para cegar las captaciones no autorizadas, a objeto de impedir que las extracciones no autorizadas de aguas se mantengan”.
¿CÓMO HACER UNA DENUNCIA DE EXTRACCIÓN ILEGAL?
Mediante la información entregada por el MOP, “Las materias denunciadas por las cuales se puede solicitar una fiscalización son obras no autorizadas en cuaces, extracción de aguas no autorizada, bocatomas, obras hidráulicas mayores, caudal ecológico, extracción de áridos no autorizada, control de extracciones de aguas, incumplimiento a condiciones al ejercicio del derecho u otras relacionada con el Código de Aguas”.
Toda persona que realice una denuncia deberá llenar un formulario respectivo, el cual se puede encontrar en las Oficinas D.G.A. y en la página web del Servicio. El documento deberá ser completado, firmado y presentado en papel en la respectiva Dirección Regional o Provincial de Aguas.
También se podrá realizar la denuncia vía correo electrónico dga.denunciacoquim@mop.gov.cl, para este caso deberá adjuntarse el formulario de ingreso de denuncias, debidamente completado y firmado al correo designado para ello, según la región donde se ubica la presunta contravención al Código de Aguas.
El plazo de tramitación de un expediente de fiscalización de denuncias es de máximo 6 meses.
