Por Romina Onel / Provincia del Limarí
Después de 11 años de tramitación en el Congreso, el 6 de abril de 2022, entró en vigencia la Ley N° 21.435 que reforma el Código de Aguas de Chile, con el fin de reafirmar el carácter de derecho real de los Derechos de Aprovechamiento de Aguas (DAA).
Entre los principales cambios introducidos por esta reforma, se establece la priorización del consumo humano, el saneamiento y el uso doméstico de subsistencia; la preservación ecosistémica y la elaboración de un nuevo Registro Público de Derechos de Aprovechamiento de Aguas en el Catastro Público de Aguas (CPA), para aplicar una mejor gobernanza y gestión territorial del recurso hídrico.
Según lo explicado por el Seremi de Obras Públicas de Coquimbo, Javier Sandoval, “existen 4 trámites de gran importancia, que son la inscripción del DAA en el Conservador de Bienes Raíces (CBR); registrar el derecho en la Dirección General de Aguas (DGA), y eventualmente, regularizar el derecho en la DGA y finalmente perfeccionar el derecho en el juzgado de letras, en caso de ser necesario”.
En detalle se tiene que los titulares tendrán que inscribir sus DAA en el Registro de Propiedad de Aguas del CBR, -pagando el valor que establece-, y luego deberán registrar, -gratuitamente-, el DAA en el CPA de la DGA. Ambos trámites tienen como fecha límite octubre del 2023.
Además de esto, se tiene que hay plazo hasta abril del 2027 para que los titulares regularicen el DAA en la DGA. Solo podrán hacer este trámite, -que también es gratuito-, las personas que han utilizado ininterrumpidamente las aguas por 5 años, -libre de clandestinidad o violencia y sin reconocer dominio ajeno-, y quienes tengan DAA de predios expropiados o adquiridos en la Reforma Agraria.
Si el DAA que se inscribió en el CBR no especifica si es consuntivo o no consuntivo; permanente o eventual; continuo, discontinuo o alternado entre varias personas, el titular deberá solicitar el perfeccionamiento del DAA al Juzgado de Letras y posteriormente registrarlo en la DGA.
PRÓRROGA
El representante de la Comunidad de Aguas de Los Tapia de Monte Patria, Floridor Solar, se refirió a este tema, asegurando que “hay muchos pequeños agricultores que se arriesgan a perder sus derechos de agua, porque no saben qué hacer y no pueden costear abogados que les hagan los trámites”.
Para Solar, parte de la problemática se debe a que “hay personas que tendrán que sacar posesiones efectivas, cosa que tiene un costo y además toma tiempo”.
“Lo ideal sería que la DGA hiciera más participaciones ciudadanas, aunque hay que reconocer que la gente no asiste a las reuniones, porque las hacen cuando la gente está trabajando”, explicó el dirigente.
Por su parte, el representante de la Agrupación de Pequeños Regantes y No Regantes del Río Mostazal de Monte Patria, Alejandro Cortés, opinó que “a pesar de que la reforma del Código de Aguas servirá para saber en qué manos están los derechos de agua, nos complica, porque en la ruralidad no se tiene el tiempo ni los recursos para estar viajando a hacer este tipo de trámites”.
“Los anteriores parlamentarios no tomaron en cuenta que el mundo campesino es mayoritariamente de adultos mayores que no se manejan con las tecnologías, sumado a que la conectividad es pésima, entonces ayudaría contar con más capacitaciones en las localidades más alejadas”, recalcó Cortés.
Por su parte, el presidente de la Junta de Vigilancia de Río Hurtado, Hugo Miranda, destacó que estuvieron apoyando a la DGA mientras hicieron charlas en 5 sectores de Río Hurtado, para explicar este procedimiento.
Miranda también detalló que además de comprometerse a ayudar a los titulares a llenar los formularios, gestionar la prórroga del plazo para 5 años más, también quieren reunirse con los parlamentarios regionales, para solicitarles que intercedan en esto, ya que “queremos que la gente pueda inscribirse por comunidades como hizo la misma DGA el año 1997, para que no tengan que gastar tiempo y recursos en ir a hacer los trámites”.
La diputada Nathalie Castillo, junto a otros parlamentarios, presentaron un proyecto que modifica la ley N°21.435, que reforma el Código de Aguas, para establecer un plazo general de 5 años para el proceso de inscripción y regularización de derechos de aprovechamiento de aguas, para todo tipo de titulares.
Ahondando en esto, la diputada Nathalie Castillo, quien es miembro de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, señaló que además de presentar dicha moción, invitaron en dos oportunidades al Consejo Regional Campesino a exponer esta situación al Congreso y agregó que “en el mes de enero me reuní con el Ministro de Obras Públicas y sus directores nacionales, para solicitarle que el Gobierno ingrese una prórroga de las inscripciones, así como se realizó con la ley corta de servicios sanitarios rurales”.
ASESORÍA JURÍDICA
Al ser consultado por el apoyo brindado a los titulares que deban enfrentar este trámite, el Seremi de Obras Públicas de Coquimbo, Javier Sandoval indicó que “desde que entró en vigencia la reforma al Código de Aguas, en abril de 2022, como DGA hemos intensificado las instancias informativas, entendiendo que hay trámites que deben hacerse en ciertos plazos de ciertas maneras, así es que hemos estado desplegados en la comunidad”.
“Tenemos asesoría jurídica a través de un abogado que asiste constantemente a las provincias a resolver dudas, precisamente este martes 21 estará en las oficinas de la DGA en Ovalle, atendiendo dudas de usuarios referentes a la temática del agua desde las 9:30 de la mañana”, anunció el Seremi.
