Este sábado, a primera hora, la entonces Intendenta regional, Lucía Pinto, comunicó una decisión que se estaba amasando en los últimos días: renunciar a su cargo en el Gobierno Regional. Una determinación que no tomó por sorpresa a parte del mundo político regional, sino más bien esperaban un gesto ante la investigación por fraude al Fisco que indaga el Ministerio Público, tras el informe de Contraloría General de la República.
Una dimisión que se da en medio de la polémica compra de terrenos para la construcción de un complejo deportivo en el sector oriente de La Serena, que significó que la Fiscalía Nacional abriera una investigación por el posible delito de fraude al fisco.
“He tomado esta decisión, pues ella me permitirá dedicarme por completo a mi defensa. No quisiera que la Región de Coquimbo y el gobierno al que he servido pudieran verse afectados de ninguna manera”, declaró Pinto a través de un comunicado que publicó en sus redes sociales.
Este hecho abrió las opiniones del espectro político regional. Uno de los primeros en tomar el megáfono fue el presidente regional de la UDI, partido al cual pertenece la ahora exintendenta.
“Creemos que ha tomado la decisión correcta, existe un investigación en curso y no podemos hacer un juicio anticipado. Yo he conversado con Lucía, ella insiste en su inocencia y ella está juntando los antecedentes para su defensa”, sostuvo el timonel regional, Óscar Tapia.
Por su parte, el diputado UDI Juan Manuel Fuenzalida sostuvo que es de “toda lógica” la renuncia de Pinto para asumir una defensa en la investigación.
“Sin duda que podrían haber existido errores y negligencias, pero cuando se trata de un proceso penal, es necesario defenderse, ante lo cual tomó una buena decisión”, dijo el parlamentario.
Mientras que desde la tribuna desde las comunas de la provincia de Limarí, el alcalde de Combarbalá, Pedro Castillo, sostuvo que es un primer paso que da Pinto, al reconocer la responsabilidad política en los hechos detectados por Contraloría.
“Habrá que dilucidar en su momento las responsabilidades administrativas y eventualmente penales en este caso que se investiga y si es necesario saber la responsabilidad de todos los actores que se han visto involucrados de autorización y aprobación de estos recursos que a juicio de la Contraloría se han malutilizado”, sostuvo.
Castillo dice que durante todo este tiempo mantuvo una relación cordial y de respeto, pero la magnitud de los hechos revelados en las investigaciones “hacen insostenible su permanencia. Abre una puerta a una investigación mucho más profunda de lo que estaba ocurriendo dentro del Gobierno Regional”, afirma, criticando que “vemos que en un año es posible pagar un vale vista por $6.400 millones y otro por $9 mil millones en un solo acto administrativo y es sorprendente, cuando nosotros tenemos pendientes proyectos que no superan los $200 millones”.
Más cauteloso fue el alcalde de Ovalle, Claudio Rentería, quien agradeció la labor de Pinto en la Intendencia.
“Tenemos que respetar su decisión y esperar que la investigación siga su curso y que las instituciones hagan su trabajo. En lo personal, agradecer a la intendenta por su disposición y apoyo a diversos proyectos en beneficio de nuestra comunidad, durante el tiempo que estuvo en el cargo”, señaló.
Por lo pronto, el gobernador de Elqui, Gonzalo Chacón, ocupará el cargo de manera subrogante, a la espera que desde el Gobierno en Santiago designe al sucesor de Pinto. Se barajan los nombres del actual encargado de Sudere regional, César Gómez, el administrador regional, Cristián Morales, el consejero regional Marco Antonio Sulantay y del actual gobernador de Limarí, Iván Espinoza. Todos ellos son militantes UDI, mismo partido que Lucía Pinto.
