• Durante más de 13 días, en julio de 2015, la ciudad de Ovalle estuvo sin suministro de agua potable, lo que generó la indignación de la población en contra de la sanitaria Aguas del Valle.
Tras recurrir al máximo tribunal, la demanda colectiva que un grupo de vecinos de la comuna presentaron ante la justicia abre la puerta a una serie de indemnizaciones en favor de la comunidad, quienes debieron enfrentar los cortes y la turbiedad en el servicio de agua potable que la ciudad sufrió por 13 días.

“Ingresan demanda colectiva para indemnizar a usuarios de sanitaria: Más de cien personas llegaron ayer hasta el Tercer Juzgado de Letras de Ovalle para patrocinar la demanda por interese colectivos y difusos contra Aguas del Valle, tras los gastos que han debido realizar luego del problema sanitario”. Así titulaba Diario El Ovallino en su edición del día 23 de julio de 2015, cuando en dicha oportunidad, se cumplía 10 días desde que la comuna de Ovalle enfrentaba problemas de cortes y turbiedad en el suministro de agua potable a raíz de las lluvias que azotaron a la provincia el día 12 y parte del día 13 de ese mismo mes.  Ello implicó que durante casi dos semanas, los ovallinos se vieran imposibilitados de contar con el suministro normal de agua potable, recurriendo a la repartición del vital elemento a través de camiones aljibe, depósitos especiales de agua o bien gastando de su propio bolsillo para comprar el agua en el comercio.  Por supuesto, las críticas apuntaron inmediatamente hacia la empresa Aguas del Valle, lo que generó que un grupo de vecinos se organizara para buscar, a través de tribunales, una indemnización acorde a los gastos en que debieron incurrir por el problema sanitario. Así, luego de dos años, y tras recurrir a la Corte Suprema - luego de que, en primera instancia, el Tercer Juzgado de Ovalle rechazara su admisibilidad – el pasado 30 de noviembre, el máximo tribunal del país se pronunció a favor de la admisibilidad de la demanda colectiva.  Roberto Vega, abogado que patrocina dicha demanda, explica que finalmente, la justicia “acogió nuestra posición, señalando que la demanda es admisible, y que debe ser fallada por un tribunal no inhabilitado, en este caso el primer o segundo juzgado de letras de Ovalle. Ante él tenemos que discutir el monto y la cuantía de la indemnización para cada uno de los ovallinos”. Y es que ese es el especial detalle: la eventual indemnización no sólo contempla a quienes se sumaron a esta demanda colectiva (que fueron 108), sino que beneficia a todos los usuarios de la ciudad. “Solicitamos indemnizaciones para todos los habitantes de la ciudad de Ovalle entendiendo a todos los consumidores de agua potable, independiente de la cantidad de personas que habiten dentro del inmueble, y también para las pymes” sostiene Vega, afirmando que “son situaciones que el tribunal va a ponderar. Creemos que tenemos una gran causa y ha quedado demostrado que teníamos la razón, por lo menos en cuanto a presentar la demanda”. Sobre el camino que se abre ahora, el abogado explica que la empresa sanitaria Aguas del Valle debiera presentar su defensa respecto a lo que ellos han señalado “de forma reiterada.  Es decir, que ellos no tuvieron culpa (en los hechos de corte y turbiedad del agua) y que se niegan a pagar la indemnización a nuestra gente. Luego de eso, viene un periodo de pruebas, las cuales nosotros ya las tenemos ponderadas y acreditadas desde hace más de dos años, y sobre las cuales estamos esperando rendirlas. Eventualmente, el juez tendrá que fallar si acoge nuestra tesis respecto a las indemnizaciones que merecen todos los ciudadanos de Ovalle” afirma. Vega insistió en que hubo negligencia por parte de la empresa Aguas del Valle, “la cual, frente a un pequeño temporal, nos implicó un corte total de suministro durante más de 10 días, situación que no ocurrió con las grandes crecidas del último tiempo, por ejemplo”. Por último, el jurista espera que los tribunales entreguen una “buena sentencia definitiva” respecto a las indemnizaciones y que con ello “se demuestre que claramente se está cambiando la jurisprudencia y que este es un deber de defensa hacia los ciudadanos, reiterando la necesidad de que se fortalezca el rol del SERNAC y nuevamente la necesidad de dotar a Chile de un ‘Defensor Ciudadano’ que es un proyecto que duerme por más de 20 años en nuestro Congreso” concluye. 

 

 

 

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