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Leonel Pizarro
La junta de condominio La Quebrada de Villa Terrazas del Valle, señala que hay casas sociales entregadas, pero no ocupadas que arrastran pendientes de gastos comunes que dificultan su labor comunitaria, sobre todo tras heredar diversas deudas. Serviu señala que investigará casos sociales y llama a denunciar formalmente.

La convivencia comunitaria nunca ha sido bien entendida por todos los vecinos, pero si a ello le sumamos una deuda heredada desde la misma entrega del mando comunitario, la situación parece inmanejable, amén de las medidas impopulares como el corte de electricidad a vecinos morosos para obligarlos a ponerse al día.

Es la difícil situación con la que han tenido que lidiar en el Condominio La Quebrada, de Villa Terrazas del Valle, donde “apretar tuercas” tiene una nueva lectura.

“Nosotros una vez que asumimos la dirección de la Junta de Condominios, tuvimos que adecuarnos a las normas que nos dejaron, a los pagos de los gastos comunes que estaban establecidos y a las deudas que se habían adquirido, sobre todo con la empresa de seguridad”, explica a El Ovallino el presidente de la junta vecinal, Mario Rojas.

Indicó que muchos de los 92 residentes del condominio no tenían la costumbre de pagar los gastos comunes, y que como la empresa constructora encargada estaba en La Serena, la cobranza era muy permisiva.

“A raíz de eso se creó una deuda de más de cinco millones de pesos, porque hay vecinos que no pagaron nunca los gastos comunes. A nosotros cuando nos entregaron (el manejo del condominio) nos dejaron las carpetas con los estatutos y las deudas. Debíamos cuatro meses a la empresa de seguridad, y eso hemos tenido que asumirlos nosotros”, indicó.

Señaló que la Ley de Copropiedad advierte que pueden recurrir al corte de electricidad cuando se trata de vecinos morosos.  

“Llevamos dos meses solamente en esta administración, porque la anterior renunció por lo mismo, porque la gente no quería pagar, y no había fondos como para responder a los compromisos”.

Vivienda social

Otra de las situaciones con las que han tenido que lidiar la directiva es con un par de residencias sociales que aunque fueron entregadas, no están habitadas y por supuesto no cancela gastos comunes.

“Los gastos comunes de las casas que no han vendido los paga la constructora, por allí no hay problema, pero las que entregaron y no están habitadas nos generan una deuda y un problema. Eso se debería investigar, porque si las entregaron fue para algo. Todos pagamos y la idea es no meterle la mano en el bolsillo al vecino. Hasta una rifa estamos haciendo, para poder responder por los compromisos”.  

La deuda mayor

Por su parte, la también integrante de la junta, Francisca Vergara, indicó que la mayor de las deudas que mantienen es con la empresa de vigilancia, pero que no han podido retirar su servicio.

“Para retirar el servicio tendríamos que pagar la deuda de contado, y es un monto que todavía no tenemos.  La idea es que participen todos los vecinos en las asambleas, porque cuando se convoca asiste una minoría, y el objetivo es proponer más medidas para salir de las deudas y avanzar, y para ello necesitamos que todos colaboren”, señaló Vergara.

Casas sociales

Con respecto a la denuncia de los vecinos, SERVIU Región de Coquimbo indicó que cuentan con un equipo de fiscalizadores para evitar que las casas sociales tengan un uso diferente al comprometido.

“Como servicio estamos trabajando constantemente para resolver la necesidad habitacional que tienen las familias de la región, por ello dentro de las tareas que desarrollamos, está también la fiscalización al correcto uso de las viviendas adquiridas con subsidio habitacional, ya que queremos que los beneficios lleguen a las personas que realmente lo necesitan”.

Explicaron que el proceso general de fiscalización, comprende el ingreso de denuncia por vivienda deshabitada, arrendada o en situación irregular, a través de la plataforma web del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, o en forma física a través de la oficina de partes de SERVIU Región de Coquimbo, donde se recaba la información, se evalúan los antecedentes y si corresponde se procede a una fiscalización,

“En caso de comprobarse las irregularidades se evalúan los pasos a seguir jurídicamente. Por ello invitamos a las personas a realizar formalmente la denuncia, ya que necesitamos también la colaboración de la ciudadanía para detectar este tipo de casos y poder velar porque los beneficios realmente sean ocupados por las familias que tienen necesidad de contar con un hogar propio.”

 

 

 

 

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