A pesar de que todavía no se consolidan como una organización jurídica, debido a algunas barreras que no han logrado sortear y al retroceso que significó la pandemia para su sociabilidad, la Agrupación de Sordos de Limarí ha registrado grandes avances en su proyecto de lograr cada vez mayor igualdad en una sociedad que a pesar de los esfuerzos, todavía mantiene algunas deudas en su brecha comunitaria.
Cada paso que da la comunidad sorda de la provincia tiene mayor relevancia y significado, porque se hace con el doble del esfuerzo que pudiera imprimirle cualquier otra organización social y funcional. Comenzando por el hecho de que sus objetivos iniciales buscan nivelara sus miembros con una comunidad que camina a pasos raudos en su propia dirección.
Una de las intérpretes certificadas de la provincia y colaboradora incondicional de la comunidad con deficiencia auditiva, Rossana Díaz, señala a El Ovallino que si bien se ha logrado que varios de sus integrantes hayan podido acceder a trabajos y plazas de estudios, se requiere de mayor apoyo por parte de diferentes entes públicos y privados para que cada paso sea cada vez más como algo cotidiano y rutinario.
Ejemplos como el de Diego Torres, quien consiguió trabajo en comercios de retail, abrieron las puertas a personas con discapacidad auditiva para hacerse de un espacio que les había sido esquivo.
“Varios miembros de la comunidad sorda han logrado obtener puestos de trabajo en tiendas y una de nuestras chicas está estudiando su primer año en el Santo Tomás. Han tenido todo el apoyo de la Oficina de la Discapacidad de la Municipalidad de Ovalle, ellos han apoyado al cien por ciento todo el proceso, y en el tema de educación que es en lo que más estamos enfocados sí hemos conseguido algunas dificultades para ello”, señaló Díaz, advirtiendo que ella como colaboradora es solo gestora y apoyo de la comunidad sorda, mientras los grandes protagonistas son los miembros de la agrupación.
Sería gracias a la incipiente aplicación de la Ley 20.422, aprobada en enero de año pasado, que se han logrado algunos avances -aunque no completos- en materia de inclusión. Y es que la norma establece directrices sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, para promover el uso de lengua de señas en los ámbitos educacional y laboral.
El articulado legal establece que el Estado reconoce y se obliga a promover, respetar y a hacer respetar los derechos culturales y lingüísticos de las personas sordas, asegurándoles el acceso a servicios públicos y privados, a la educación, al mercado laboral, la salud y demás ámbitos de la vida en sociedad en lengua de señas.
Integración social
Refirió Díaz, que poco antes de la pandemia comenzaron a reunirse varias personas sordas, con el objetivo de formalizar una asociación, cuyo norte como agrupación siempre fuera apoyar a la comunidad con discapacidad auditiva en su necesidad de integración, tanto en lo social, como en lo educativo y laboral.
Tras dos años de gestiones han logrado avanzar en su integración entre ellos, aunque los objetivos de mezclarse con una sociedad que todavía no los está esperando se han tenido que posponer hasta que las condiciones sanitarias así lo permitan.
Destacan que si bien algunos miembros de la comunidad sorda han logrado en lo individual ocupar algunas plazas académicas y laborales, la comunidad todavía parece no entender que deben ajustar algunos parámetros para integrarlos de manera efectiva.
Algo tan sencillo como recibir una información, sobre todo una tan relevante como la eliminación del pase de movilidad y la restricción obligatoria de las mascarillas, aspecto que a muchos de quienes saben leer los labios les complica demasiado, no fue en su momento para todos por igual.
“En el momento en el que se informó la medida nadie cuidó el detalle de tener un intérprete de señas, así que los sordos tuvieron que esperar hasta el noticiero de la noche donde había un intérprete de turno, para poder entender la noticia a las 21.00 horas, cuando los oyentes nos enteramos al instante”, apuntó.
Integración real
Indicó que como agrupación y colaboradores han tenido algunos aciertos en actividades masivas en las que han contratado o han contado con un intérprete parala traducción al lenguaje de señas.
“En un par de actividades del Mall Plaza les propusimos que tuvieran un intérprete en tarima (Fiesta de Navidad y Día del Niño), ellos accedieron y ahí estuvimos, porque al hacerlo así, la invitación luego se hizo abierta a la comunidad sorda y allí estuvieron presentes. Pero no todas las actividades públicas cuentan con un intérprete, entonces son excluyentes, así que todavía nos falta mucho por avanzar en materia de inclusión”, señaló Díaz.
Adelantó que el objetivo sería normalizar la presencia de intérpretes en distintas actividades y centros laborales.
“En los servicios públicos se ha avanzado -poco- en la utilización de una aplicación con la que un intérprete de otra ciudad pueda ayudar con las gestiones. En los consultorios, no en el hospital, se han apoyado en ella pero los resultados no son tan satisfactorios, porque no cuentan con buena señal, o no lograr comunicarse de manera correcta”, precisó.
Advirtió que no es factible o necesario que un intérprete esté permanente en los consultorios, pero sí que los tengan a mano para que colaboren en sus gestiones, sobre todo de salud.
Si bien hay dos intérpretes certificados en la comuna, desde la agrupación intentan conseguir la certificación de más personas, para que contar con el apoyo de un traductor no sea algo tan complejo.
En Chile, se estima que hay 2.836.818 personas con discapacidad (ENDISC 2015), equivalente al 16,7% de la población. De este grupo, un 40% presenta dependencia funcional, es decir, dependen de un tercero para realizar actividades de la vida diaria. Sin embargo, en el Registro Nacional de la Discapacidad hay sólo 391.771 personas inscritas (septiembre 2020), lo que corresponde a un 13,8% del total nacional de población.
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Historia del parto asistido
Aniuska es una joven ovallina sorda que pudo apoyarse en la Ley de Accesibilidad 20.422 para que en el parto de su segundo hijo, pudiera contar con una intérprete, lo que le daba tranquilidad y abría la puerta a gestiones menos engorrosas y complicadas para lograr asistencia en trámites de salud.
El caso se registró en diciembre del año 2020 en el Hospital Provincial de Ovalle, recinto que entendió que se debía facilitar el acompañamiento de una intérprete en un momento tan complejo.
Según el reglamento público la atención debería ser inmediata, sobre todo en urgencia, donde cualquier persona sorda debería tener acceso a un intérprete. “No habría que enviar un correo, no hay que tener tanta burocracia como ahora, debe ser inmediato. A lo mejor estamos en camino de que sea así”, explicó en su momento Alicia Barraza, colaboradora de la Comunidad Sorda del Limarí.
“En su primer parto, ella sufrió mucho, porque estaba sola en la sala de operaciones sin escuchar lo que le decían, con todo el personal con la boca tapada. Se le subió la presión, porque había mucho estrés. Eso fue en Calama, por eso para su segundo parto estaba muy preocupada” señaló por su parte Rossana Díaz.
Recordó Díaz una vez finalizado el trabajo de parto, fue muy importante mantener la comunicación con la mamá, explicando cada parte del proceso. En ese momento y por una condición puntual, el bebé tuvo que quedarse un par de días más en el hospital. “Y si no hubiese un intérprete ¿cómo se le explica a esa mamá que se va a casa sin su hijo? Por eso es tan importante la accesibilidad de personas con discapacidad auditiva en materia de salud”.
