Varios puntos pendientes se discutieron, se aclararon y se comprometieron en la sesión ampliada de la Mesa de Desarrollo Campesina que se efectuó la mañana de este jueves en la sede de la Delegación Presidencial Provincial y que contó con la participación de los delegados Regional y Provinciales de Limarí y Choapa, consejeros regionales, diputados y senadores, alcaldes de varias comunas de la provincia, seremis y directores de organismos técnicos, y una nutrida asistencia de representantes de comunidades agrícolas, campesinas y de organizaciones rurales.
Uno de los puntos más importantes de la reunión tuvo que ver con la discusión de los plazos y prórrogas de la inscripción de Derechos de Agua, lapso que para los campesinos no usuarios de herramientas Indap, está más cerca de vencerse según la última modificación al Código de Agua.
Precisamente la presidenta de la asociación gremial de Comunidades Agrícolas, Mirtha Gallardo, criticó dicha separación de requisitos. “A nosotros nos cuesta entender qué tenían en la cabeza las personas cuando dividieron a los campesinos, dando un plazo de cinco años para unos, y de 18 meses para otros”.
En la instancia, y luego de la presentación de las autoridades, la presidenta del Consejo Regional Campesino, Leticia Ramírez, se refirió al primero de los temas en agenda: la inscripción de los derechos de agua de los campesinos en el catastro público.
“Hemos llegado a esta situación de dificultad, para poder vincularnos con el aparato público porque no está funcionando la estructura de la mesa en su integralidad. Gracias a los Cores hemos tenido algunas instancias para no quedarnos totalmente marginados de la política pública regional. Hemos avanzado en algunos puntos, estuvimos en la Comisión Hídrica para generar los compromisos, para manifestar una realidad que a lo mejor no se estaba entendiendo desde el nivel central, y es que el catastro público presenta innumerables dificultades a los campesinos para poder demostrar que son los propietarios del agua”, indicó Ramírez.
Aseguró que la demostración individual de origen de cada una de las propiedades de agua, que debía hacerse en línea, era prácticamente imposible para la mayoría de los pequeños productores, y criticó además la forma en cómo se relaciona el aparato público con los campesinos, porque lejos de aclarar las dudas, los deja más confundidos.
“Estuvimos recientemente en Combarbalá, con muchísima gente de la Mesa Comunal, quienes trataban de saber cómo debían hacer el proceso y por qué, y lejos de resolver y quedar más tranquilos, quedaron más confundidos. Nosotros creemos que el Estado debe facilitar el acceso a las personas. Los tiempos son muy reducidos para que las personas puedan hacer ese trámite, y es muy confuso para la gente. Pero estamos acá principalmente para discutir la prórroga, pero también tenemos que discutir la forma, estamos convencidos que se tiene que cambiar el procedimiento, facilitándolo para que las personas puedan realizar esta inscripción”.
Incertidumbre
En tanto, la representante limarina en el Consejo Regional Campesino, Consuelo Infante, destacó que “el catastro en sí ha generado mucha incertidumbre. Se diseña un procedimiento completamente en línea, que requiere alfabetización digital avanzada, para que los campesinos puedan informarle a la DGA sobre sus Derechos de Aprovechamiento de Agua, sabiendo que esa información está en los Conservadores de Bienes Raíces –en su mayoría-. No es que nos neguemos al catastro, pero nos negamos a que se transforme en una catástrofe por falta de escucha al campesinado”
Acusó que falta apoyo municipal y de algunos sectores del Estado, para trabajar ese tipo de temáticas en conjunto.
“Aprendamos en conjunto, para que no se transforme el catastro público de agua, en una usurpación velada de los derechos de agua del campesinado histórico. Si eso pasa, no habrá permanencia campesina en el territorio”, presagió Infante.
En tal sentido, varios de los parlamentarios presentes, incluido el presidente de la comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, del congreso, diputado Víctor Pino, comprometieron esfuerzos para aprobar una prórroga considerable o una homologación entre todos los campesinos para que los requisitos se puedan cumplir en cinco años.
Estructura
En la instancia se discutió el trabajo y la formación propia de la Mesa Rural Regional, cuya estructura responde al funcionamiento de las mesas comunales y provinciales, y donde se revisó las dificultades de su propio funcionamiento.
Al respecto se señaló que el Nivel Regional de la Mesa Rural no ha funcionado ya desde hace un año, y se revisó su formación. En ese punto se criticó la poca o nula participación de la gobernadora regional, Krist Naranjo, y se analizaron las maneras de retomar un trabajo aun cuando no se cuente con esa figura o algún subrogante.
