Se trata del jefe provincial de Bienes Nacionales de Ovalle, a quien se le había rechazado la petición de vivir en el inmueble en, al menos, dos ocasiones. En tanto, la jefa regional de la cartera, Mabel Iturrieta, explicó que ya se inició un sumario administrativo por este tema.
Una situación incómoda es la que vive la seremi de Bienes Nacionales, Mabel Iturrieta Bascuñán, luego que se ingresara una denuncia a la Contraloría General de la República por mal uso de un inmueble fiscal por parte de su expareja, Horacio Rabuco Ramírez, también funcionario de ese ministerio y que ocupa el cargo de jefe provincial de la cartera en Ovalle.
EL RECLAMO
Pero, ¿qué es lo que realmente se está reclamando ante la Contraloría General de la República?
Básicamente, se acusa a Horacio Rabuco de hacer uso, desde el año 2023, de un inmueble fiscal ubicado en el pasaje Álvarez Jofré 715 en Ovalle, con fines habitacionales, pero sin una documentación de por medio, como un contrato de arriendo, una concesión o un acto administrativo que respalde legalmente dicha ocupación.
La denuncia, que fue recepcionada el miércoles recién pasado por el ente contralor y a la que se le asignó el folio N°84659 apunta a que tanto la seremi de Bienes Nacionales como su expareja son funcionarios de la misma repartición pública y que, al tener un hijo en común, habría una relación personal y familiar directa entre ellos.
Por lo anterior, quienes cuestionan esta situación plantean que de confirmars
e la falta de regulación o pago por el uso del inmueble, se estaría frente a un eventual uso indebido de un bien fiscal y un posible conflicto de interés, contraviniendo el principio de probidad consagrado en la Ley Nº 18.575.
Mientras tanto, la Contraloría recepcionó la denuncia de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente, por lo cual, analizará los hechos expuestos y realizará las gestiones que sean necesarias para determinar la veracidad de lo denunciado, según se lee en la respuesta otorgada al denunciante.
LOS RECHAZOS
Cabe señalar que, según antecedentes a los que accedió Diario El Día, Horacio Rabuco solicitó poder utilizar la vivienda fiscal el 12 de abril de 2023, sin embargo le rechazaron la petición. No obstante, insistió con una segunda solicitud en febrero de 2024, que nuevamente fue denegada.
Por lo anterior, no queda claro cómo Rabuco figura utilizando la vivienda fiscal desde junio del año pasado.
A raíz de esta situación, Diario El Día se comunicó con la seremi de Bienes Nacionales, quien reconoció que, hasta el momento, no existe documentación que autorice la ocupación de la vivienda fiscal mencionada.
“Al realizar este revisión nos dimos cuenta que, este caso en específico, no estaba totalmente tramitado, ante lo cual, instruí de forma inmediata la normalización administrativa”, aseguró.
Al ser consultada sobre las medidas a tomar, considerando que el funcionario ingnoró las negativas a su petición, comentó que “se ha instruido un procedimiento disciplinario para esclarecer el retraso de la tramitación de dicho expediente”.
Ahora bien, la autoridad subrayó que cuando fue nombrada en el cargo en el mes de septiembre del año pasado, el inmueble ya estaba siendo ocupado “desde junio de 2024, por lo que no me correspondió realizar los actos administrativos del caso”.
ABSTENCIÓN
A juicio de la abogada y académica de la Universidad Central, María José Lira, en este caso parecía prudente no solo hacer una investigación sumaria para efectos de esclarecer la demora en la entrega del documento que autorizase el uso de la vivienda fiscal.
“Me parece que ahí el funcionario tiene responsabilidad en términos de hacer uso de la vivienda sin pagar el derecho que corresponde y tampoco preocuparse de agilizar si es que tenía esta solicitud en trámite. Por otro lado, también me parece que la seremi no debió firmar los actos administrativos relativos a este señor, porque si bien no existe una inhabilidad legal respecto a la expareja, las normas de probidad sí establecen que cuando exista cualquier circunstancia que pueda restar imparcialidad en el proceso, el funcionario debe abstenerse de conocerlo”.
En ese sentido, afirma, lo que correspondía era traspasar el caso al funcionario que le seguía en jerarquía a la seremi o el subrogante respectivo.