Comunas de la conurbación se mantienen a la expectativa de la discusión que avanza en el Congreso Nacional que aumenta penas y multas a quienes se dediquen a “cuidar y ayudar” a estacionar autos en la vía pública. Ordenanzas y fiscalizaciones se adaptan a la normativa vigente, a la espera de una nueva ley.
En medio de crecientes denuncias por cobros indebidos y situaciones de violencia en espacios públicos, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados inició la discusión de un proyecto de ley que busca sancionar el ejercicio ilegal de cuidadores de vehículos en las calles del país.
La iniciativa propone multas y penas de cárcel de hasta 540 días para quienes ejerzan esta actividad sin autorización. Según los parlamentarios que impulsan el proyecto, muchos de estos cuidadores operan en zonas controladas por mafias, donde se exige dinero a los automovilistas sin prestar un servicio real. En algunos casos, los conductores pagan por temor a represalias.
El debate también ha puesto sobre la mesa el rol de los municipios, ya que diversos legisladores han señalado que el control del estacionamiento debe quedar en manos municipales, con cuidadores acreditados y fiscalizados, de modo que los recursos ingresen a las arcas comunales, aunque no necesariamente son las funciones de los parquímetros.
Sin embargo, no todas las municipalidades cuentan con ordenanzas claras sobre esta materia, y los servicios de parquímetros no cubren toda la extensión de las ciudades, lo que ha generado un vacío normativo que permite la proliferación de prácticas abusivas.
La propuesta legislativa apunta a recuperar los espacios públicos, garantizar la seguridad de los automovilistas y establecer un marco regulatorio que permita distinguir entre quienes ofrecen un servicio legítimo y quienes se aprovechan de la informalidad para ejercer presión.
En la actualidad, las infracciones cursadas -ante los Juzgados de Policía Local- por este tipo de actividad quedan en su gran mayoría sin efecto por su difícil cobro.
Ahora, el proyecto legislativo establece penas de reclusión menor, que van de 60 a 540 días, o multas entre 10 y 50 UTM, para quienes realicen cobros por ayudar a estacionar o vigilar vehículos sin autorización, ya sea en espacios fiscales o concesionados.
Las sanciones equivalen actualmente a montos que oscilan entre 689.000 hasta 3.446.000 pesos de castigo.
Mirada municipal
Consultados al respecto, los municipios metropolitanos de la región señalaron que la medida va en la misma dirección de los esfuerzos locales por recuperar la tranquilidad en las calles.
“Desde el municipio de La Serena ya estamos trabajando a través de la Dirección de Seguridad Ciudadana en una ordenanza municipal que va en la misma línea de lo que están planteando los parlamentarios con este proyecto de ley”, señaló sobre el tema la alcaldesa Daniela Norambuena.
Precisó que la eventual normativa comunal busca regular acciones que se desarrollan en el Bien Nacional de Uso Público, como la vigilancia informal de vehículos y otras actividades similares.
“Ahora, es clave observar con atención cómo avanza el trabajo del Congreso, conocer con claridad los alcances de esta nueva ley, cómo se implementará el proceso de fiscalización y especialmente cuál será el rol que tendremos los municipios. También es importante saber si esta ley llegará con recursos asociados, ya que su correcta aplicación requiere respaldo técnico y financiero para las municipalidades”, puntualizó la edil.
Fiscalizando
En tanto, desde la comuna de Coquimbo, el director de Seguridad Pública de esa entidad, Juan Diego García, precisó que si bien esa institución no cuenta con una ordenanza específica al respecto, nos regimos por normas generales que se incluyen en la ordenanza Comunal para el Comercio Estacionado y Ambulante en Bienes Nacionales de uso Público.
“La Dirección de Seguridad Pública realiza constantes fiscalizaciones en conjunto con Carabineros para prevenir delitos, operativos donde se realizan controles de identidad a quienes estén ejerciendo cobros ilegales por estacionamiento de vehículos. Sin duda, contar con una normativa clara respecto a situaciones incivilidades que ahora se caractericen como delito, y sean sancionadas con penas mayores, nos permite aumentar nuestra fiscalización, operar bajo una regularización clara y generar mayor seguridad al evitar la presencia de estas personas inescrupulosas que, muchas veces realizan cobros excesivos y también utilizan estos negocios para la ocurrencia de otro tipo de delitos como tráfico de drogas, puntualizó García.