A pesar de estar vigente desde 2023, la normativa municipal que sanciona el acoso callejero sigue siendo desconocida por funcionarios que deberían aplicarla. La concejala Fanny Vega exige medidas concretas, mientras Viviana Pastel relata cómo su denuncia fue ignorada por Carabineros.
La concejala de Ovalle, Fanny Vega, alzó la voz en el último concejo municipal para alertar sobre una grave falencia: la ordenanza contra el acoso callejero, vigente desde enero de 2023, no estaría siendo aplicada por quienes deben garantizar la seguridad en los espacios públicos. En las últimas semanas, la concejala afirma haber recibido “más de una decena de mujeres las que me han comentado sus experiencias, algunas en el centro de Ovalle, otras en sectores rurales”, señaló. Uno de esos casos es el de Viviana Pastel.
El hecho ocurrió recientemente. Viviana se trasladaba en bicicleta por la Av. Manuel Peñafiel, hacia su hogar cuando notó que un hombre la seguía con insistencia. Al tomar acciones para evitarlo, como bajarse de la bicicleta y esperar a que pasara primero, el sujeto la esperaba y la observaba, llegando hasta las afueras de su domicilio. Atónita y asustada, llamó a Carabineros para denunciar el hecho. La respuesta fue desconcertante: le dijeron que desconocían la existencia de la ordenanza municipal sobre acoso callejero.“Me sentí vulnerada, como pasada a llevar. Siento que nosotros como mujeres, los demás no le toman el peso relevante de lo que es vivir un acoso callejero”, comentó Viviana.
Por su parte, la concejala Vega ante la situación señaló: “Me parece gravísimo. La ordenanza fue aprobada por el Concejo Municipal y su lanzamiento oficial se hizo con presencia de Carabineros, la PDI y organizaciones como Sayen. Que hoy digan que la desconocen refleja una desconexión muy peligrosa entre las normativas locales y las instituciones encargadas de resguardar nuestra seguridad”.
Fanny Vega ha advertido un aumento de estos relatos y aunque la ordenanza fue aprobada hace más de dos años, muchas mujeres siguen sin saber cómo denunciar, mientras otras son desmotivadas por la falta de acción institucional.
“Desde la aprobación de la ordenanza he recibido casos esporádicos, pero en las últimas semanas los testimonios se han intensificado. Hay miedo, frustración e incertidumbre. Muchas mujeres no denuncian porque creen que no va a pasar nada”, lamentó Vega.
¿Qué castiga la ordenanza?
La ordenanza sanciona conductas como comentarios sexualizados, gestos obscenos, persecuciones y cualquier forma de acoso en espacios públicos, con multas de 3 a 5 UTM (entre 150 mil y 255 mil pesos). Su objetivo es claro: garantizar el derecho de las personas, especialmente mujeres y disidencias, a transitar libres y sin miedo. Pero según Vega, esto no se está cumpliendo.
FALTA DE COORDINACIÓN Y FISCALIZACIÓN
Para la concejala Vega, el problema se origina principalmente por la difusión insuficiente y la falta de capacitaciones a Carabineros y funcionarios. “Necesitamos que el municipio impulse un plan concreto: capacitación a instituciones, protocolos claros, difusión masiva y puntos seguros de denuncia. También necesitamos fiscalización: saber cuántas denuncias se han hecho, qué seguimiento se les ha dado y qué sanciones se han aplicado, subrayó Vega.
SIN DENUNCIAS FORMALES
Desde el municipio de Ovalle señalaron que todas las ordenanzas, una vez publicadas en el Diario Oficial, son de carácter público y accesible para la comunidad. En el caso de la ordenanza contra el acoso callejero, destacaron que esta fue acompañada de un lanzamiento comunicacional para darla a conocer.
Además, indicaron que hasta la fecha no se han recibido denuncias formales vinculadas a este tipo de hechos a través de la Oficina Municipal de la Mujer y Equidad de Género, ni por los canales de Seguridad Ciudadana o la OIRS municipal.
“Se mantiene de forma permanente la difusión de las ordenanzas para que la comunidad esté informada. No obstante, reforzaremos nuevamente su contenido para asegurar que llegue de manera clara a todas y todos los ciudadanos”, afirmaron desde el municipio.
Desde Carabineros, el comisario de la Tercera Comisaría de Ovalle, Erwin Orellana, afirmó que la institución sí está coordinada con el municipio para aplicar la ordenanza. “Nuestra función es fiscalizar activamente estas conductas en la vía pública, incluyendo patrullajes preventivos en zonas clave para proteger a nuestra comunidad, especialmente a niñas, niños, adolescentes y mujeres”, señaló.
Además, precisó que en caso de detectarse infracciones, los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público o al Juzgado de Policía Local, según lo establece el artículo 6 de la normativa. También destacó el trabajo conjunto con inspectores municipales y el rol preventivo que desempeñan a través de la Oficina de Integración Comunitaria (MICC).
Casos como el de Viviana son más frecuentes de lo que se cree. Y aunque existan leyes que protegen, cuando no se aplican, el acoso callejero sigue siendo una amenaza silenciosa y cotidiana para muchas mujeres en Ovalle.