Este jueves, en dependencias de la Universidad Central, se realizó una sesión especial de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que aborda la sustracción ilegal de cobre, instancia en donde participaron distintas autoridades y legisladores, dando a conocer reveladores datos al respecto.
En la sede Coquimbo de la Universidad Central se realizó la sesión extraordinaria en regiones de la comisión especial investigadora (CEI) por el robo de cables, instancia presidida por el diputado por la región de Coquimbo, Víctor Pino, y en la cual participaron también, parlamentarios, autoridades regionales, alcaldes y representantes de la sociedad civil.
Dicha instancia, impulsada por el legislador de Demócratas luego de más de tres años de gestión, busca esclarecer un delito que se ha vuelto cada vez más común y peligroso, y que afecta de manera directa a servicios básicos como la electricidad y las telecomunicaciones.
Según Pino, “el propósito de sesionar en la región es descentralizar la discusión y mostrar que tanto Coquimbo como Atacama están entre las más afectadas a nivel nacional. Esto ya no es un problema aislado, pues se trata de bandas organizadas que incluso exportan el cobre robado, y como comisión estamos fiscalizando lo que han hecho las instituciones del Estado frente a esta amenaza. Es urgente avanzar en una coordinación real entre las regiones y no seguir actuando cada una por su cuenta”.
Uno de los primeros en tomar la palabra durante el encuentro fue el general Juan Muñoz Montero, jefe de la Zona Coquimbo de Carabineros, quien detalló que “este delito no puede abordarse solo desde la acción policial, ya que necesitamos un enfoque integral que trace todo el ciclo del delito, desde quien corta el cable hasta quien lo vende o exporta. Por eso hemos propuesto cinco ejes de trabajo que incluyen cambios legales, más tecnología y una mejor fiscalización. Las comunas más afectadas por denuncias en nuestra región son Coquimbo, La Serena y varias zonas rurales”.
En la instancia también participó la delegada presidencial (s) de Coquimbo, Paulina Mora, quien valoró el trabajo de la comisión y señaló que “desde el gobierno hemos priorizado el combate al robo de cables dentro del Consejo contra el Crimen Organizado, porque sabemos que este delito tiene un impacto directo en la calidad de vida de las personas. Desde 2022 hemos impulsado una mesa de Energía y Seguridad para abordar este fenómeno, que lamentablemente ha tenido un alza preocupante durante el primer semestre de este año”.
COQUIMBO LIDERA DENUNCIAS Y LA HIGUERA ES LA MÁS AFECTADA
Otro de los expositores fue el seremi de Energía, Eduardo Lara, quien dio cuenta que “desde 2022 funciona una mesa de robo de cables motivada por nuestro delegado presidencial Galo Luna, para tener una respuesta a la comunidad frente a este delito porque afecta a las comunidades dejándolas sin energía eléctrica y agua, y con peligro de vida para las personas electrodependientes”. Por eso, agregó, “valoramos esta sesión de la comisión investigadora en la Región de Coquimbo porque nos permite enfrentar de manera conjunta este flagelo. Tenemos expectativas que comunas como La Higuera puedan tener una fórmula más efectiva, porque si bien esta comuna no es la que lidera en metros ni en cantidad de eventos, pero sí en afectación, y por lejos La Higuera tiene el mayor índice de interrupción por horas en lo que va del año”.
En esa línea, puntualizó que “esta comisión se produce porque ha cambiado el sentido del delito. En un comienzo se hablaba de este tema como un delito común. En cambio hoy se trata de crimen organizado. Son industrias del delito, con estructura, jerarquía, inversión para sustraer y exportar el cobre. Esperamos ir disminuyendo las estadísticas con el trabajo de esta comisión”.
Por su parte, los alcaldes presentes también hicieron eco de la molestia de sus comunidades.
En primer lugar, la alcaldesa de La Higuera, Uberlinda Aquea, relató que “cuando se corta la luz en nuestra comuna, se paraliza todo: los APR dejan de funcionar, no hay internet, ni señal telefónica, ni clases. Incluso vecinos insulinodependientes quedan sin posibilidad de refrigerar sus medicamentos. Esto afecta vidas y no puede seguir ocurriendo”, sostuvo.
Mientras que el alcalde de Canela, Waldo Contreras, indicó que “a raíz de estos robos de cables reiterados nuestro pequeño comercio pierde productos por los cortes de luz. Necesitamos más fiscalización en zonas rurales y que esta comisión investigadora logre esclarecer la magnitud del daño”.
En la sede Coquimbo de la Universidad Central se realizó la sesión extraordinaria en regiones de la comisión especial investigadora (CEI) por el robo de cables, instancia presidida por el diputado por la región de Coquimbo, Víctor Pino, y en la cual participaron también, parlamentarios, autoridades regionales, alcaldes y representantes de la sociedad civil.
Dicha instancia, impulsada por el legislador de Demócratas luego de más de tres años de gestión, busca esclarecer un delito que se ha vuelto cada vez más común y peligroso, y que afecta de manera directa a servicios básicos como la electricidad y las telecomunicaciones.
Según Pino, “el propósito de sesionar en la región es descentralizar la discusión y mostrar que tanto Coquimbo como Atacama están entre las más afectadas a nivel nacional. Esto ya no es un problema aislado, pues se trata de bandas organizadas que incluso exportan el cobre robado, y como comisión estamos fiscalizando lo que han hecho las instituciones del Estado frente a esta amenaza. Es urgente avanzar en una coordinación real entre las regiones y no seguir actuando cada una por su cuenta”.
Uno de los primeros en tomar la palabra durante el encuentro fue el general Juan Muñoz Montero, jefe de la Zona Coquimbo de Carabineros, quien detalló que “este delito no puede abordarse solo desde la acción policial, ya que necesitamos un enfoque integral que trace todo el ciclo del delito, desde quien corta el cable hasta quien lo vende o exporta. Por eso hemos propuesto cinco ejes de trabajo que incluyen cambios legales, más tecnología y una mejor fiscalización. Las comunas más afectadas por denuncias en nuestra región son Coquimbo, La Serena y varias zonas rurales”.
En la instancia también participó la delegada presidencial (s) de Coquimbo, Paulina Mora, quien valoró el trabajo de la comisión y señaló que “desde el gobierno hemos priorizado el combate al robo de cables dentro del Consejo contra el Crimen Organizado, porque sabemos que este delito tiene un impacto directo en la calidad de vida de las personas. Desde 2022 hemos impulsado una mesa de Energía y Seguridad para abordar este fenómeno, que lamentablemente ha tenido un alza preocupante durante el primer semestre de este año”.
COQUIMBO LIDERA DENUNCIAS Y LA HIGUERA ES LA MÁS AFECTADA
Otro de los expositores fue el seremi de Energía, Eduardo Lara, quien dio cuenta que “desde 2022 funciona una mesa de robo de cables motivada por nuestro delegado presidencial Galo Luna, para tener una respuesta a la comunidad frente a este delito porque afecta a las comunidades dejándolas sin energía eléctrica y agua, y con peligro de vida para las personas electrodependientes”. Por eso, agregó, “valoramos esta sesión de la comisión investigadora en la Región de Coquimbo porque nos permite enfrentar de manera conjunta este flagelo. Tenemos expectativas que comunas como La Higuera puedan tener una fórmula más efectiva, porque si bien esta comuna no es la que lidera en metros ni en cantidad de eventos, pero sí en afectación, y por lejos La Higuera tiene el mayor índice de interrupción por horas en lo que va del año”.
En esa línea, puntualizó que “esta comisión se produce porque ha cambiado el sentido del delito. En un comienzo se hablaba de este tema como un delito común. En cambio hoy se trata de crimen organizado. Son industrias del delito, con estructura, jerarquía, inversión para sustraer y exportar el cobre. Esperamos ir disminuyendo las estadísticas con el trabajo de esta comisión”.
Por su parte, los alcaldes presentes también hicieron eco de la molestia de sus comunidades.
En primer lugar, la alcaldesa de La Higuera, Uberlinda Aquea, relató que “cuando se corta la luz en nuestra comuna, se paraliza todo: los APR dejan de funcionar, no hay internet, ni señal telefónica, ni clases. Incluso vecinos insulinodependientes quedan sin posibilidad de refrigerar sus medicamentos. Esto afecta vidas y no puede seguir ocurriendo”, sostuvo.
Mientras que el alcalde de Canela, Waldo Contreras, indicó que “a raíz de estos robos de cables reiterados nuestro pequeño comercio pierde productos por los cortes de luz. Necesitamos más fiscalización en zonas rurales y que esta comisión investigadora logre esclarecer la magnitud del daño”.
BANDAS ORGANIZADAS
En tanto, la diputada, Nathalie Castillo, destacó la instancia que se llevó a cabo en la región y reiteró que hoy, “estamos frente a bandas organizadas, respecto de los robos de cables de cobre. Mañana puede ser otro tipo de contrabando, a través de bandas que podrían estar también vinculadas a la política y a personas que puedan tener relevancia en nuestra sociedad. Creo que por eso, y espero, que esta comisión, todas sus diputadas y diputados, también las bancadas del hemiciclo, podamos hacer un pacto y avanzar hacia el levantamiento del secreto bancario. Creo que hoy día hacer la ruta del dinero, buscar dónde se están realizando las diversas transacciones en el sistema financiero de nuestro país, va a entregar al menos transparencia”. A su vez, el diputado Daniel Manouchehri, indicó que “acá no hablamos de una persona en bicicleta que se roba los cables, acá hablamos de crimen organizado, con poder de fuego, crimen que tiene la capacidad de poder armar una red de distribución. Aquí se robaban el cobre, pero además, se fundía el cobre y se exportaba hacia afuera”.
FUTURAS SESIONES
La comisión especial investigadora continuará sesionando en la Cámara de Diputados, con la participación de una serie de expertos en el tema, y ya el diputado Víctor Pino adelantó que “próximamente se espera que asista el fiscal nacional, Ángel Valencia y a otros actores que consideramos clave. Estamos comprometidos en llegar al fondo de este delito”.