Un día antes que terminara el tiempo impuesto por la autoridad ambiental, la cartera que lleva adelante el proyecto de desalación de agua mar publicó la adenda en la que abordó los cuestionamientos formulados por los demás servicios.
En medio del proceso de evaluación ambiental del proyecto de la desaladora, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) publicó el informe consolidado en donde se recopilaron más de 700 observaciones que habían sido formuladas por distintos servicios públicos. En este contexto, dada la gran cantidad de observaciones, el MOP había solicitado extender el plazo de las respuestas, el que vencía el pasado 29 de agosto, dando cumplimiento a éste un día antes.
Según se desprende del expediente, la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas presentó la adenda al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la desaladora de Coquimbo, documento de más de 1.600 páginas en las que se responden las observaciones presentadas. En el informe, el titular del proyecto reconoce nuevos impactos significativos en flora, vegetación y comunidades indígenas, lo que obligó a redefinir parte de la ingeniería. Entre los cambios destaca la eliminación de la afectación sobre el Bosque Nativo de Guayacán, especie catalogada como de preservación. La evaluación también identificó riesgos para especies como el lucumillo, quisco, papayo silvestre, alstroemeria magnifica y varios cactus y arbustos endémicos.
En el ámbito social, se admitió que las obras restringirían el acceso a espacios utilizados por comunidades indígenas para recolección de hierbas medicinales y actividades culturales, especialmente en la zona de la ensenada El Panul, lugar con valor patrimonial diaguita.
Frente a estos impactos, el proyecto comprometió un conjunto de medidas de mitigación, reparación y compensación, entre ellas un programa de rescate y relocalización de flora y fauna nativa, la reforestación y revegetación de áreas con especies amenazadas,
Además de planes de contingencia para proteger fauna marina y terrestre, monitoreos participativos y permanentes de las variables ambientales.
Asimismo, la adenda incorpora respuestas a las observaciones ciudadanas recibidas en el proceso de participación, reforzando la necesidad de resguardar los sitios culturales y ecológicos sensibles del territorio. Al respecto, el seremi del MOP, Javier Sandoval, ratificó que “el último plazo entregado por SEA para presentar la adenda del Estudio de Impacto Ambiental, con las respuestas a las observaciones formuladas por los organismos del Estado con competencia ambiental, era el día 29 de agosto de 2025. Dicho plazo fue cumplido exitosamente por nuestro ministerio, ya que se presentó al SEA el 28 de agosto. El SEA, por su parte, distribuyó la Adenda a los 18 servicios competentes que efectuaron observaciones al EIA, y actualmente estamos a la espera de dicho proceso”, explicó.
Con una vida útil estimada de 55 años, la desaladora de Coquimbo busca garantizar el suministro de agua potable y para usos productivos en la región, aunque deberá enfrentar el desafío de equilibrar esta infraestructura con la protección del medio ambiente y las comunidades locales. Por lo pronto, los demás servicios deberán analizar las respuestas mientras se acerca el plazo para la presentación de ofertas de la licitación, cuyo plazo finaliza el próximo 23 de septiembre.