Iniciativas ingresadas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y desarrollados en comunas declaradas como áreas protegidas para la actividad astronómica científica que se realiza en la zona.
Desde octubre de 2023, los nuevos proyectos industriales que buscan instalarse en comunas declaradas áreas de interés para la investigación astronómica deben demostrar si son susceptibles de generar afectación lumínica en dichas zonas. En caso de producir contaminación lumínica, deben ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) mediante un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
En ese contexto, un informe de la Fundación Cielos de Chile revisó 118 proyectos presentados en las 29 comunas de las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo, declaradas Áreas con Valor Científico y de Investigación para la Observación Astronómica por el Ministerio de Ciencia. El análisis consideró las iniciativas que ingresaron al SEIA entre el 18 de octubre de 2023 —fecha de publicación de la nueva norma lumínica— y el 30 de junio de 2025, localizadas a menos de 100 km de un sitio astronómico.
Daniela González, directora ejecutiva de la Fundación Cielos de Chile, explicó que “la norma lumínica establece que los proyectos en áreas de valor astronómico deben reemplazar sus luminarias antes de octubre de 2029 si se ubican en comunas cercanas. Pese a ello, ninguno de los proyectos emplazados en alguna de estas comunas menciona su plan de recambio, argumentando en muchos casos que no sumarán nuevas luminarias”.
Realidad regional
En la Región de Coquimbo, el estudio concluyó un preocupante panorama respecto de la aplicación de la nueva normativa de contaminación lumínica. El reporte —dado a conocer esta semana— analizó 29 proyectos ingresados al SEIA. La norma es considerada la herramienta clave para proteger los cielos del norte de Chile, esenciales para la astronomía mundial.
La cartera de proyectos evaluada es diversa e incluye iniciativas de alto impacto. Destacan 12 proyectos de generación y transmisión eléctrica, como parques solares, eólicos y sistemas de almacenamiento de energía (BESS). También se revisaron nueve proyectos mineros. Entre las propuestas singulares figuran la “Desaladora de Coquimbo” y el “Parque Humedal El Culebrón”, ambos con objetivos medioambientales relevantes para la región, aunque sin considerar los alcances de la nueva ley.
Deficiencias y vacíos
Según Daniela González, el monitoreo buscó “revisar cómo se cumple esta normativa para identificar avances y desafíos”. Sin embargo, el análisis evidenció importantes deficiencias.
Los resultados muestran una “progresión” de problemas: “Hay un primer grupo de proyectos que no incluye el componente lumínico, y nosotros asociamos eso a un desconocimiento de la norma”. La directora criticó además la escasa difusión de la normativa por parte de las autoridades: “Es una norma que ha tenido muy poca discusión y capacitación, por lo que es una responsabilidad compartida”.
Agregó que otros proyectos comenzaron a incorporar el componente, pero con “muchas imprecisiones”, alertando sobre la “libre interpretación” de los requisitos, lo que genera vacíos que impiden un cumplimiento cabal. “Siempre hay un grupo que no hace ninguna mención. Esto es particularmente preocupante en proyectos cercanos a áreas de interés astronómico, como los ubicados en comunas de Vicuña, La Serena y Andacollo”, señaló.
Principales deficiencias detectadas
El informe identifica dos falencias críticas recurrentes:
-Definición del área de influencia: muchos proyectos calculan mal el área, midiéndola desde el centro del proyecto y no desde la luminaria más cercana al observatorio, como exige la guía oficial. Esto afecta especialmente a proyectos de transmisión eléctrica que recorren largas distancias o a iniciativas mineras en zonas sensibles.
-Cumplimiento específico de la norma: existen imprecisiones en los horarios de operación de las luminarias y en la justificación de su uso. “Muchas veces nos dicen ‘no tenemos faena nocturna’, pero en invierno se usa luz artificial en la mañana y tarde, lo que también afecta. Además, se limitan a declarar que usarán luminarias certificadas, pero no detallan para qué tareas específicas ni cómo se instalarán, información vital para calcular el impacto real”, ejemplificó González.
Falta de fiscalización estatal
Uno de los hallazgos más alarmantes es el aparente silencio de los órganos del Estado encargados de la evaluación ambiental. “Los órganos del Estado son parte del proceso y tienen que pronunciarse sobre estos temas”, recalcó González, indicando que el reporte evidencia una falta de observaciones hacia los 29 proyectos analizados en la Región de Coquimbo, lo que ha permitido que iniciativas con graves vacíos sigan avanzando.
La directora ejecutiva de la Fundación Cielos de Chile subrayó la paradoja de que algunas de las industrias analizadas se presentan como “verdes”, pero no consideran la normativa lumínica. “Es importante recordar que el hecho de generar energía renovable no las hace automáticamente sustentables. La sustentabilidad implica también proteger a las personas, la biodiversidad y el entorno donde se desarrollan estas actividades”.
En este sentido, González planteó una contradicción evidente: “Se promocionan como proyectos ecológicos, pero tienen igualmente la responsabilidad moral de cumplir a cabalidad con la legislación ambiental. Sin embargo, muchas de estas iniciativas se instalan muy cerca de los observatorios más grandes, lo que genera un claro conflicto”.
El informe propone medidas para mejorar los mecanismos de evaluación, sugiriendo que el SEA genere documentos que unifiquen criterios, además de metodologías específicas para cuantificar la afectación real al cielo nocturno en áreas de interés astronómico.