La comunidad percibe que la justicia no da respuestas efectivas ante una criminalidad que evoluciona más rápido que las leyes. Expertos advierten que, sin una política criminal moderna, los vacíos seguirán creciendo.
Una creciente sensación de vulnerabilidad afecta a los habitantes de la Región de Coquimbo ante el aumento de delitos violentos, muchos de los cuales quedan impunes o sin sanción efectiva. La percepción ciudadana es clara: el sistema judicial no está respondiendo con la eficacia ni la celeridad que la gravedad de los hechos exige.
Es lo que ocurrió con un nuevo episodio delictual que estremeció a los vecinos del sector San Joaquín, en La Serena, cuando delincuentes realizaron un verdadero “tour delictual”, que en menos de 10 minutos dejó a varias familias afectadas.
El hecho comenzó cerca de la 01:20 horas, cuando un grupo de sujetos forzó la entrada de una vivienda en el pasaje Otoñal, intimidando a los residentes con un objeto punzante tipo destornillador, amarrándolos y sustrayendo especies avaluadas en $6 millones. Sin embargo, pese a las pruebas audiovisuales, hasta ahora no hay detenidos. A esto se suma lo sucedido en la reciente fiesta de La Pampilla, donde sí hubo detenidos por el robo de celulares, pero fueron dejados en libertad.
Estas situaciones y otros hechos hacen temer a la comunidad que ve como la delincuencia ha escalado tanto en frecuencia como en violencia. A ello se agregan delitos importados, vinculados al crimen organizado, que traen consigo una lógica criminal más agresiva, jerarquizada y difícil de desarticular.
Esta evolución delictual deja en evidencia una preocupante brecha entre la realidad criminal y el marco normativo vigente.
¿UN SISTEMA OBSOLETO?
La percepción generalizada entre la ciudadanía es que la justicia no resuelve adecuadamente estos casos. Muchos apuntan al marco legal como un obstáculo para enfrentar con eficacia el actual escenario delictual.
Sobre este punto, el general (R) de Carabineros y experto en criminología, Jorge Tobar, señala que el problema no es necesariamente de obsolescencia, sino de una constante innovación en las formas de delinquir.
“Siempre la norma va a estar a la saga, y a veces, bien atrás, de la innovación delictual común o del crimen organizado. Esto ocurre en Chile y en todas partes del mundo. Cuando la ley impone restricciones o prohibiciones frente a una dinámica delictual, quienes están detrás de ella, crean nuevas formas delictivas. Es un continuo constante”, explica Tobar.
El experto es claro en afirmar que no observa “un sistema judicial obsoleto, pero sí que el fenómeno de innovación delictual es permanente. Agregaría algo más que explicaría ciertos déficits judiciales que van más allá de los tribunales: el sistema de control social es un todo integrado por otros estamentos que deben estar permanentemente coordinados entre sí (policías- Ministerio Público-Gendarmería), institucionalidad que debe contar con todos los recursos para dar pie a procesos eficientes. Y de eso se encarga la política criminal como política pública de Estado”, agrega Jorge Tobar.
LIMITACIONES ESTRUCTURALES
Para el abogado y exfiscal regional de Coquimbo, Adrián Vega, la situación también se relaciona con limitaciones estructurales del sistema.
Según cifras de la fiscalía, los delitos ingresados con imputados desconocidos no han tenido un aumento significativo entre el primer semestre de 2024 y 2025. Sin embargo, esto no necesariamente refleja la realidad completa.
“Aunque estadísticamente no ha habido un aumento sustancial, sin perjuicio que pueda existir una ‘cifra negra’ de delitos no denunciados”, indica Vega, quien agrega que existe una sobrecarga de trabajo en las instituciones policiales y fiscalía, que se arrastra desde hace varios años y dificulta la investigación en la averiguación de responsables. Existen en este sentido un déficit estructural para el castigo de responsables que escapan a las posibilidades reales de las policías y Ministerio Público en casos en que no haya habido una detención in fraganti “con las manos en la masa”, asegura Vega.
Esto se traduce en un problema práctico: si no hay una detención flagrante, es difícil identificar y sancionar a los responsables. Vega añade que, pese a los avances legales antidelincuencia que ampliaron las herramientas de investigación, éstas requieren tiempo, capacitación y dotación, lo cual choca con la realidad de instituciones sobreexigidas.
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA VS CLAMOR CIUDADANO
Uno de los puntos más controversiales desde la percepción ciudadana es la aparente “protección” al imputado en comparación con los derechos de las víctimas. Sin embargo, los expertos explican que esto responde a los principios propios de un Estado de Derecho. “El estándar en materias penales de convicción para la acreditación de delitos y responsables es alto y siempre lo ha sido. Es propio de los Estados democráticos de Derecho en que prima la presunción de inocencia y la aplicación de la interpretación más favorable al imputado”, aclara Vega.
No obstante, los expertos apuntan a la necesidad de actualizar de manera constante el marco normativo, con una base científica y un enfoque integral que abarque prevención, persecución penal y reinserción. “Si la política criminal no comprende y aborda todos los procesos de forma simultánea, entregando los insumos requeridos por cada parte del sistema de control social, esta puede profundizarse cada vez más”, indica Tobar.
El experto en investigación criminal agrega que para acortar las brechas entre la ley y la comisión de delitos el legislador penal, debe estar “estar atento a la investigación científica sobre comportamientos criminógenos innovadores, siendo receptivo a la evidencia y las opiniones científicas que surgen de la investigación criminológica. Eso remedia y acorta las distancias entre la efectividad judicial y el delito, especialmente aquel proveniente del crimen organizado”, concluye Tobar.