Querellantes esperan mayor celeridad y precisión en las diligencias bajo la conducción del fiscal regional Patricio Cooper. Nueva audiencia de aumento de plazo de investigación fue fijada para el próximo 19 de enero.
Bastante movimiento ha existido en los últimos días en el caso “Papaya Gate”, esto luego de que se determinara el traspaso de información desde la Fiscalía de Valparaíso a la de Coquimbo, y de que también se aceptara el pasado miércoles la ampliación de la investigación solicitada por los intervinientes. Cabe recordar que en mayo pasado se había fijado un plazo de 180 días, el cual se cumplía durante esta semana.
En ese contexto, la fiscal Claudia Perivancich había solicitado más tiempo argumentando que aún existían diligencias pendientes en la causa, lo que fue aceptado por el juez de Garantía, Claudio Ayala, quien fijó una audiencia de aumento de plazo de investigación para el próximo 19 de enero de 2026, a las 9:15 horas.
TRASPASO DE FISCALÍA
La investigación por presunto fraude al fisco, negociación incompatible y delitos tributarios, conocida como “Papaya Gate”, fue oficialmente traspasada a la Fiscalía Regional de Coquimbo tras una decisión del fiscal nacional, Ángel Valencia. La causa —formalizada en mayo de 2025— estaba hasta ahora en manos de la Fiscalía Regional de Valparaíso, pero desde este viernes comenzó el proceso de entrega de antecedentes, el cual se extenderá durante los próximos días.
En un comunicado emitido por la Fiscalía de Coquimbo, se indicó que “la investigación será llevada por el Sistema de Análisis Criminal, Crimen Organizado y Alta Complejidad SAC de la región de Coquimbo. El Fiscal Regional de Coquimbo, Patricio Cooper, dispuso que dicho sistema sea el que se encargue de esta etapa de investigación”.
En la causa hay ocho personas imputadas, entre ellas la exintendenta regional Lucía Pinto y el exadministrador regional José Cáceres, quienes quedaron con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.
REACCIÓN DE QUERELLANTES
Este cambio de fiscalía fue valorado por algunos de los querellantes en el caso, como el senador Daniel Núñez y el concejal de La Serena, Camilo Araya, quienes destacaron que se debe seguir avanzando en la causa.
Al respecto, el senador Núñez afirmó que espera que el traslado del caso del “Papaya Gate” desde manos de la fiscal regional de Valparaíso al fiscal Cooper, de la región de Coquimbo, implique una activación de las diligencias necesarias para poder determinar todas las responsabilidades.
“De esa manera se permita reforzar un caso de corrupción que es muy evidente, pero que requiere un trabajo acucioso de parte de la fiscalía. Como querellante creo que esto es una oportunidad; espero que la justicia actúe y no tengamos nuevamente casos como el de SQM, donde todas las acusaciones terminaron en nada. Más ahora, que hay tanta desconfianza hacia el actuar de la justicia, ya que hemos sabido de todo el comportamiento corrupto que han tenido exjueces de la Corte Suprema con el caso de la exministra Vivanco”, sostuvo Daniel Núñez.
Por su parte, el concejal Camilo Araya destacó que en la Región de Coquimbo se cuenta con una fiscalía altamente profesional y con amplia experiencia en causas complejas.
“Entendemos que el traslado a nuestra región busca otorgar mayor celeridad al proceso. Este cambio, además, nos permitirá asumir un rol más activo y presentar las solicitudes que correspondan para esclarecer los hechos y asegurar la debida justicia en un caso que se origina en el propio municipio serenense”, concluyó el concejal Araya.
BAJO LA LUPA
El “Papaya Gate”, denominado así por ocurrir en la capital regional, es el mayor escándalo de la administración pública en la Región de Coquimbo. El caso se centra en la compra de terrenos en el sector San Ramón de La Serena por parte del Gobierno Regional de Coquimbo.
La intención era destinar estos predios a un centro deportivo para suplir la pérdida de la exCordep, donde hoy se levanta el nuevo hospital de La Serena. Sin embargo, el monto pagado ascendió a más de 9.800 millones de pesos, lo que representaría un sobreprecio considerable, pues se estima que el valor real de la propiedad sería inferior a los 4 mil millones de pesos.
Tras años de investigación, querellas y comisiones investigadoras en la Cámara de Diputados, el caso llegó a una etapa crucial: la formalización de varios de sus protagonistas. Entre los investigados se encuentran la exintendenta Lucía Pinto, el exadministrador regional José Cáceres y ejecutivos vinculados a la empresa vendedora del predio.
En mayo de 2025, tras tres jornadas de audiencia, el tribunal definió medidas cautelares para la mayoría de los imputados, descartando la prisión preventiva. A Pinto y Cáceres se les impuso arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, mientras que uno de los empresarios quedó sin cautelares debido a la falta de antecedentes que acreditaran participación dolosa directa.
El tribunal también aplicó firma mensual y arraigo nacional a cinco empresarios vinculados a delitos tributarios.