La medida, decretada por un tribunal civil, corresponde al cobro de costas procesales por poco más de $1,3 millones. Desde el directorio y su defensa jurídica aseguran que el embargo es acotado y que el conflicto judicial que enfrenta la comunidad se arrastra desde 2018, con múltiples causas abiertas y otras ya resueltas.
La difusión de un documento judicial que ordena la traba de un embargo reactivó esta semana las tensiones al interior de la Comunidad Agrícola Punitaqui, una de las organizaciones rurales más numerosas de la provincia que reúne cerca de mil comuneros. El antecedente, compartido por un exdirigente, generó preocupación, al instalar la idea de un eventual bloqueo total de las cuentas de la comunidad.
Sin embargo, el documento, emanado del 3° Juzgado de Letras de Ovalle, corresponde a una orden de embargo por $1.395.700, asociada al cobro de costas procesales y personales en una causa civil de antigua data. Se trata de una medida judicial acotada, aunque suficiente para volver a poner en el centro del debate un conflicto que, según reconocen desde la propia comunidad, se arrastra desde hace al menos siete años.
CONFLICTOS ARRASTRADOS DESDE 2018
Consultada por El Ovallino, la presidenta de la Comunidad Agrícola Punitaqui, María Canivilo, explicó que el embargo no puede analizarse como un hecho aislado, ya que responde a un escenario judicial complejo que se viene arrastrando desde hace varios años.
“Desde el año 2018 la comunidad ha enfrentado distintos problemas que han ido derivando en demandas. Hay causas cerradas, otras en curso y algunas que aún se están revisando”, señaló, agregando que la actual directiva heredó un escenario de desgaste institucional y múltiples conflictos internos.
Canivilo descartó que la comunidad tenga todas sus cuentas embargadas y afirmó que la información compartida, “exagera el alcance real” de la medida judicial.
CONFLICTOS ARRASTRADOS
DESDE 2018
Consultada por El Ovallino, la presidenta de la Comunidad Agrícola Punitaqui, María Canivilo, explicó que el embargo no puede analizarse como un hecho aislado, ya que responde a un escenario judicial complejo que se viene arrastrando desde hace varios años.
“Desde el año 2018 la comunidad ha enfrentado distintos problemas que han ido derivando en demandas. Hay causas cerradas, otras en curso y algunas que aún se están revisando”, señaló, agregando que la actual directiva heredó un escenario de desgaste institucional y múltiples conflictos internos.
Canivilo descartó que la comunidad tenga todas sus cuentas embargadas y afirmó que la información compartida, “exagera el alcance real” de la medida judicial.
VERSIÓN DEL ABOGADO ASESOR
El abogado asesor de la comunidad, Victor Fernandez, confirmó que la causa que dio origen al embargo no fue patrocinada inicialmente por el actual equipo jurídico y que la directiva tomó conocimiento formal del proceso tras la publicación del documento.
“Se trata de una causa que venía de años anteriores y que, al momento de la notificación, no contaba con patrocinio activo, lo que dejó a la comunidad en una situación de indefensión que hoy estamos abordando”, explicó.
El profesional detalló que la Comunidad Agrícola Punitaqui enfrenta múltiples causas judiciales, principalmente civiles y electorales, además de algunos procesos penales iniciados en años previos. No obstante, aseguró que varios litigios recientes han tenido fallos favorables, particularmente aquellos relacionados con impugnaciones a procesos electorales internos.De acuerdo con lo explicado por el abogado asesor de la comunidad, una parte relevante de las causas judiciales que se arrastran desde 2018 se relacionan con conflictos por el uso y asignación de terrenos comunitarios, particularmente en casos donde, según sostuvo, se habrían autoasignado superficies por sobre lo permitido por la normativa interna.
Estas situaciones, añadió, dieron origen a disputas entre comuneros y a una posterior judicialización de los conflictos, varios de los cuales aún se encuentran en tramitación.Consultado por el origen de la multiplicidad de causas judiciales, el abogado asesor explicó que estas responden a dos grandes factores. Por una parte, conflictos propios de la administración territorial, como disputas limítrofes y uso de terrenos comunitarios. Y por otra, procesos heredados de administraciones anteriores, que derivaron en una prolongada judicialización interna y en la presentación reiterada de acciones legales, varias de las cuales aún se encuentran en tramitación.
“Estamos hablando de una comunidad rural que agrupa a cerca de mil comuneros. Cualquier conflicto judicial tiene un impacto social relevante y genera desconfianza, por lo que es clave transparentar la información y explicar los procesos en su real dimensión”, sostuvo.
DEBATE INTERNO Y PRÓXIMOS PASOS
La publicación del documento judicial reavivó críticas y cuestionamientos al interior de la comunidad. Desde la directiva reconocen que existe malestar, pero insisten en que parte del conflicto responde a disputas históricas y a la judicialización de diferencias internas, más que a una crisis financiera inmediata.
En ese contexto, la directiva anunció que continuará abordando estos temas en instancias internas y no descartó realizar reuniones ampliadas para explicar el estado de las causas, el alcance de las medidas judiciales vigentes y los pasos a seguir.
UN CONFLICTO AÚN ABIERTO
Aunque el embargo corresponde a una suma acotada y asociada únicamente a costas procesales, el episodio dejó en evidencia un problema más profundo: años de litigios, desgaste institucional y desconfianza interna en una comunidad clave para el desarrollo agrícola de Punitaqui.
Mientras la defensa jurídica trabaja en regularizar las causas heredadas y enfrentar los procesos pendientes, el desafío para la comunidad sigue siendo recuperar la confianza de sus comuneros y cerrar un ciclo de judicialización que comenzó en 2018.