El primer proceso correspondió a un robo de bebidas ocurrido en un almacén de la Parte Alta de Coquimbo, delito por el cual, el imputado Cristian Sanzana, arriesgaba 20 años de presidio tras ser acusado por el delito de robo con intimidación. El juicio reunió a autoridades y prensa, y marcó el primer enfrentamiento jurídico entre la fiscalía y la Defensoría Penal Pública.
Al cumplirse 25 años del inicio de la Reforma Procesal Penal, los balances de abogados, jueces y fiscales en general, es positivo, catalogándola como un gran avance y un cambio histórico para el sistema de justicia de nuestro país.
La encargada de poner en marcha esta trascendental reforma fue Soledad Alvear, entonces ministra de Justicia del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle aunque se materializó durante el mandato de Ricardo Lagos.
Cabe recordar que fueron dos las “regiones piloto” de la reforma – La Araucanía y Coquimbo – lo que implicó que no solo la ciudadanía sino también la prensa, estuvieran atentos al primer juicio oral que se produjera.
De esta forma, tres meses después, el 21 de marzo de 2001, partía finalmente el primer juicio oral en la región, tras ser detenido un joven, Cristian Sanzana, por robar dos bebidas en un negocio de la Parte Alta de Coquimbo.
En particular, el Ministerio Público lo acusó por el delito de robo con intimidación, por lo cual, solicitó 20 años de cárcel.
Ante las cámaras, el imputado aparecía como una persona que se veía tímida y asustada, generando la decepción de la prensa que llegó de todo el país a cubrir el caso, entre ellos, el periodista de tribunales de Canal 13, Pablo Honorato. Es más, rápidamente captaron que probablemente hubo un apuro por llevar adelante el primer juicio oral de la historia y también mucha inexperiencia.
La actual defensora regional de Coquimbo, Inés Rojas, quien en ese juicio defendió a Cristian Sanzana, junto a otro defensor – Diego Falcone – recuerda ese hecho como uno de los momentos más importantes de su carrera, para lo que se prepararon para enfrentar la acusación, buscando testigos y leyendo con prolijidad los antecedentes de la investigación. El objetivo era demostrar en el estrado que el delito correspondía a amenazas condicionales y que no se trataba de un robo con intimidación como planteaba la fiscalía.
“El juicio se basó principalmente en discutir si mi representado había robado o no Coca Colas y ese fue uno de los temas más importantes. Finalmente el tribunal accedió a nuestra petición, porque pudimos acreditar que el papá de Cristian era una persona que trabajaba en la Coca Cola y a su familia le entregaban diariamente cierta cantidad de bebidas”. Por lo tanto – agregó – para su defendido no tenía ningún significado ni necesidad de robarse un par de bebidas.
La defensora regional, recuerda mirando a la distancia, que ese juicio para ellos fue importante, ya que se ponía a la Defensoría Penal Pública en exposición ante todo el país. “Detrás de nuestros bancos estaban subsecretarios, ministros de justicia, estaba la prensa, estaban todos los ojos de nuestro país puestos en este primer juicio oral”, rememora.
Sin embargo, siete meses después, el 17 de octubre de 2001, ocurrió un delito de alta gravedad que desembocó en un juicio oral de primer orden, pero con una resolución controvertida: el llamado “caso Monjitas”, en el cual, falleció una religiosa – Lita Castillo – y otra quedó con heridas graves – Natalia Acosta – tras ser victimas de un ataque incendiario.
UN APRENDIZAJE PROGRESIVO
No obstante, la Reforma Procesal Penal continuó avanzando en su implementación.
Es así como a un cuarto de siglo de su puesta en marcha, quienes están ligados a ella la valoran.
Es el caso del fiscal Freddy Salinas, quien señala que la reforma significó un mejoramiento de las condiciones en que se realiza el procedimiento penal, valorando que hay datos objetivos en cuanto a la cantidad de casos finalizados, el tipo de condenas, la mayor protección a víctimas y testigos y la mejor coordinación que existe entre la fiscalía, las policías y los demás organismos auxiliares de la justicia.
En esa línea, plantea que es muy importante “la separación de los distintos poderes. Antes había un juez que investigaba y sancionaba, hoy día eso está dividido en el Ministerio Público que investiga y acusa, la Defensoría que defiende, y el tribunal que sanciona y eso genera una garantía de imparcialidad y de mayor objetividad en cuanto al juzgamiento”.
Reconoce, eso sí, que en el primer juicio oral que se realizó en la región al imputado se le acusó por un delito mayor y terminó condenando por un delito menor, “y eso puede haber afectado un poco la percepción de la comunidad en cuanto a que el sistema nuevo iba a ser más garantista y que iba a terminar perdonando, entre comillas, a los delincuentes. Pero creo que después de eso hubo casos muy importantes en los cuales se lograron condenas muy altas, lo que revela que el sistema funciona mejor”, señala el fiscal Salinas.
De todas formas, admite que el sistema requiere de algunos ajustes, como que se concrete el Plan de Fortalecimiento por la gran cantidad de casos y por la nueva criminalidad existente.
En tanto, Román Zelaya Ríos, defensor local jefe de La Serena, destacó el cambio que significó la reforma, precisando que en materia de justicia “esta es la reforma más importante que ha tenido Chile en todo el siglo XX y se ha trasladado hacia el siglo XXI. Fue un cambio coperniquiano desde un sistema de justicia acusatorio en que el juez era fiscal, defensor y juez, a una institución que es transparente, en que están divididas las funciones, tiene nuevas instituciones y crea un nuevo procedimiento. Me parece que el cambio es total”.
Sobre el resultado del primer juicio oral en la zona, indica que un profesor relevó que las nuevas instituciones aún son jóvenes y “en ese tiempo tenían menos edad, y con menos experiencia uno está sujeto a cometer errores. Es probable que en el primer juicio oral no tuviéramos la experiencia necesaria para dimensionar el efecto que ese primer juicio pudo haber tenido, pero mirado en perspectiva nos permitió aprender y darnos cuenta de principios tan importantes como la proporcionalidad, el esfuerzo público en perseguir determinadas conductas y establecer cuáles son las penas más adecuadas”.