El SEA emitió un extenso informe solicitando aclaraciones y ampliaciones al Estudio de Impacto Ambiental de la iniciativa, tras detectar deficiencias en la información asociada al manejo de residuos líquidos y posibles afectaciones a restos arqueológicos y especialmente al lucumillo, flora endémica de la zona.
Más de un año lleva ya la tramitación ambiental del proyecto de la desaladora de Coquimbo, uno de los compromisos de la administración Boric, tras una visita a la región en enero de 2024.
El proyecto, que busca con abastecer con agua potable a la conurbación de La Serena y Coquimbo en una primera fase, ha pasado por distintas etapas, considerando que corre por dos carriles paralelos: la tramitación ambiental y la licitación, que ya fue adjudicada hace unas semanas al consorcio español Sacyr Agua.
En ese contexto, el Servicio de Evaluación Ambiental emitió un extenso informe de 82 páginas – el ICSARA – solicitando aclaraciones, rectificaciones y ampliaciones al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, tras detectar deficiencias técnicas en su diseño, cronogramas, áreas de influencia, medidas de control y evaluación de impactos ambientales y sociales.
Cabe recordar que un primer informe consolidado ya había sido emitido por la autoridad ambiental, en el que se contemplaban cerca de 700 observaciones, las que fueron respondidas por el MOP al límite del plazo.
Es así que el proyecto de la desaladora multipropósito de Coquimbo enfrenta un nuevo escenario en su proceso de evaluación ambiental, ya que el ICSARA advierte inconsistencias relevantes en la descripción del proyecto, particularmente en los accesos, caminos, obras marítimas y sistemas de captación de agua de mar, además de deficiencias en la información asociada al proceso de ósmosis inversa y al manejo de residuos líquidos.
Asimismo, se cuestiona la falta de precisión en los cronogramas de las distintas fases del proyecto, detectándose errores en la definición de hitos de inicio y término de las etapas de construcción, operación y cierre.
Otro punto crítico advertido por la autoridad dice relación con la determinación de las áreas de influencia, las que — según el informe — no se encuentran debidamente justificadas ni son coherentes con las obras y actividades del proyecto. En este contexto, se exige una revisión profunda de los impactos sobre componentes sensibles, como la calidad del aire, la flora — con especial énfasis en especies en categoría de conservación, puntualmente el lucumillo, arbusto endémico de la región — y el medio humano, adviertiéndose además, un tratamiento genérico de los efectos sobre comunidades y actividades locales.
En el ICSARA también se observan falencias en la línea de base ambiental, particularmente en los componentes de arqueología y medio humano, por lo que se solicitan nuevas caracterizaciones y mayores respaldos metodológicos. A ello se suman reparos en el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, incluyendo emisiones atmosféricas, ruido, manejo de residuos, protección de fauna marina y patrimonio arqueológico.
Desde el SEA indicaron que el titular deberá responder de manera íntegra y fundada a cada una de las observaciones formuladas, mediante una nueva Adenda al Estudio de Impacto Ambiental. De no hacerlo, el proyecto no podrá avanzar a las siguientes etapas del proceso de evaluación.
Con una vida útil estimada de 55 años, la desaladora de Coquimbo busca garantizar el suministro de agua potable y para usos productivos en la región, aunque deberá enfrentar el desafío de equilibrar esta infraestructura con la protección del medio ambiente y las comunidades locales.
LICITACIÓN DE LA DESALADORA
A mediado de noviembre, Sacyr Agua se adjudicó la concesión del diseño, financiación, construcción y operación de la nueva desaladora multipropósito para la Región de Coquimbo, por US$318 millones.
La otra firma que quedó como finalista, pero no se quedó con el proyecto, fue el Consorcio PDAM Mamanchay conformado por Cox Water S.L. y Cointer Chile S.A.
El director general (s) de Concesiones, Claudio Soto, proyectó que las instalaciones estarán funcionando en un plazo “de 3 años y medio a 4 años”.
Las obras estarán ubicadas en la ensenada de El Panul y se estima una generación de en torno a mil empleos promedio mensual durante su construcción.
Sacyr está presente en Chile desde 1996 y ha desarrollado proyectos en sus tres áreas: Concesiones, Ingeniería e Infraestructuras y Agua.
Actualmente opera cinco aeropuertos, 11 rutas concesionadas, siete hospitales en distintas etapas de desarrollo y plantas sanitarias que cubren el ciclo completo del agua. Recientemente, inició la construcción de la planta de reúso y tratamiento de agua en Antofagasta.