La autoridad defendió la labor que realiza la institución que lidera, pues se asegura la aplicación del debido proceso y la igualdad ante la ley, entre otros aspectos.
La defensora regional, Inés Rojas Varas, se refirió al trabajo que hoy realiza la institución que encabeza, así como la experiencia que han ido ganando sus integrantes en estos 25 años de funcionamiento.
Según explicó, pese a ser una institución pequeña y contar con recursos acotados, han logrado cumplir con el mandato que la ley les impone.
-¿Qué evaluación hace de la labor de la Defensoría Penal Pública a 2026?
“Partimos como defensores en un programa especializado el año 2001 y en marzo cumplimos 25 años como Defensoría Penal Pública. La evaluación general es positiva: hemos cumplido con la labor encomendada por la Constitución y las leyes, estando presentes en audiencias en todos los tribunales de la región. Hemos entregado una defensa de calidad, con resultados acordes a lo esperado, gracias a profesionales con gran experiencia técnica”.
-Como institución manejan pocos recursos. ¿Cómo enfrentan cada caso?
“Esto está condicionado por la vocación de quienes formamos parte de la Defensoría Penal Pública. Somos una institución pequeña, con recursos humanos y monetarios limitados, pero la convicción de que la defensa es esencial dentro del sistema procesal nos permite hacer un trabajo significativo con lo que tenemos”.
-¿Y cómo se defiende a un delincuente que tiene antecedentes penales? ¿Cómo se defienden sus derechos? La comunidad no entiende esto.
“Es una pregunta recurrente. Cuando enfrentamos la defensa de una persona, incluso en delitos graves o con antecedentes, lo que buscamos es que se le imponga la pena justa, es decir, la que establece la ley considerando eventuales circunstancias atenuantes. Nuestro derecho penal es de actos, no de autor, por lo que se juzga el hecho específico y no la historia previa de la persona”.
-¿Y cómo se relacionan con el defendido? Para que éstos no les mientan, por ejemplo.
“Tenemos capacitaciones y también compartimos experiencias entre defensores. Les explicamos su situación procesal, los antecedentes de la causa y las alternativas que tiene. Luego, el defendido toma una decisión: puede sostener su inocencia y enfrentar un juicio, o pedir que se busque la pena más baja posible”.
-En estos 25 años han participado en casos emblemáticos, partiendo por el caso Monjitas, por ejemplo. De hecho, una defensora llegó a ser ministra de Justicia.
“El caso Monjitas fue muy bullado, pero recuerdo más el primer juicio oral de Chile. Tuve la oportunidad de participar en ese proceso”.
-¿El de Cristian Sansana?
“Sí. Junto con mi colega Diego Falcone participamos en ese primer juicio oral en Chile (…). Buscaba mostrar públicamente la labor de la defensoría”.
-Pero también fue cuestionado porque el juicio se trató de un robo de un par de bebidas.
“Ahí vimos que el Ministerio Público apuntaba a un robo con intimidación y nosotros sostuvimos que no correspondía, logrando que se recalificara a amenazas no condicionales. Ese es el funcionamiento del sistema: el Ministerio Público acusa y nosotros defendemos la versión del imputado, solicitando absolución o una pena adecuada según el caso”.
-¿Qué otros casos relevantes recuerda?
“Tuve un caso importante de una mujer acusada de homicidio frustrado contra su pareja. Fue uno de los primeros en considerar el enfoque de género, al establecer que había sido víctima de violencia intrafamiliar durante años. Finalmente fue absuelta. Fue un caso relevante porque ese enfoque no era común en esa época y marcó un precedente. También hay casos más recientes, más mediáticos, que asumimos desde un enfoque técnico”.
-¿Cómo se ha ido adaptando la defensoría a la aparición de nuevos delitos?
“Hace 25 años predominaban delitos contra la propiedad cometidos por personas de la región. Hoy los delitos son más graves, hay más homicidios y también personas de otras nacionalidades, lo que cambia la dinámica. Aun así, según nuestras estadísticas, los delitos cometidos por migrantes representan un porcentaje muy bajo en comparación con los cometidos por chilenos”.
-¿Cómo logran difundir entre la comunidad la labor que realizan?
“Nuestra misión es educar. Cuando vamos a colegios o universidades, hablamos de la importancia del derecho a defensa como garantía constitucional. Cuando las personas entienden que cualquiera puede ser investigado, comprenden mejor nuestro rol, que busca equilibrar el poder del sistema penal”.
-¿Cómo es su relación con el Ministerio Público?
“Tenemos una buena relación, basada en el respeto mutuo. Cada uno cumple su rol y mantenemos contacto permanente, incluso coordinando aspectos operativos de los juicios. Existe una relación fluida con el fiscal regional”.
-¿Cree que es demasiado “garantista” nuestro sistema procesal penal?
“Es una percepción. Si revisamos las estadísticas, hoy hay más personas privadas de libertad que al inicio de la reforma. Las cárceles están con alto hacinamiento, lo que demuestra que la llamada ‘puerta giratoria’ no es tal”.