Una vez finalizado el proceso y emitida la recomendación del fiscal a cargo, la decisión final sobre la eventual destitución del funcionario queda en manos del alcalde de la comuna.
Un caso al interior de la Municipalidad de Ovalle, vinculado a la aplicación de la Ley Karin, registró un nuevo avance tras concluir el sumario administrativo con la propuesta de destitución del funcionario investigado.
Fue en julio de 2025 cuando el municipio confirmó la suspensión de un funcionario, luego de que una denuncia interna diera origen a la apertura de un sumario administrativo. En ese momento, la institución indicó que el proceso se encontraba en etapa investigativa, sin entregar mayores antecedentes debido a su carácter reservado.
La medida formaba parte de las acciones iniciales para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades, en el marco de la normativa vigente en materia de convivencia laboral.
Propuesta de destitución
Con el avance de la investigación administrativa, el proceso llegó a su etapa final, en la cual se propuso la aplicación de una de las sanciones más severas contempladas en el ámbito público: la destitución.
De acuerdo con documentos revisados por este medio, el sumario administrativo fue cerrado, no se acogieron los descargos del funcionario y se mantuvieron los cargos formulados en su contra.
Si bien el contenido del expediente mantiene carácter reservado, antecedentes preliminares apuntan a eventuales faltas a la probidad administrativa, además de conductas de acoso laboral y acoso sexual hacia funcionarios.
Consultados por este medio, desde la Municipalidad de Ovalle señalaron que el caso corresponde a un proceso aún en curso. En ese contexto, y debido a la naturaleza confidencial de los antecedentes, no es posible entregar mayores detalles mientras se mantenga en desarrollo.
Mirada de los funcionarios
Desde la Asociación de Funcionarios Municipales, su presidenta, Margarita Olivares, indicó que como gremio se mantienen atentos al desarrollo de este tipo de procesos, enfatizando la necesidad de resguardar los derechos de los trabajadores.
En ese sentido, señaló que el rol del gremio es acompañar y velar porque los procedimientos se lleven a cabo conforme a la normativa vigente. “Como gremio estamos velando porque se respeten los derechos de los funcionarios”, afirmó.
Asimismo, explicó que cuentan con mecanismos de apoyo para quienes enfrenten este tipo de situaciones, incluyendo asesoría legal, con el objetivo de garantizar el derecho a defensa en el marco de procesos administrativos.
Junto con ello, Olivares planteó que estos casos evidencian la necesidad de seguir fortaleciendo los mecanismos internos para abordar denuncias en el ámbito laboral. “Si no existen las condiciones adecuadas, se tienen que generar”, sostuvo.
¿Qué implica una destitución?
En cuanto al impacto de este tipo de resoluciones, la abogada y magíster en Derecho Público, María José Lira, explicó que la destitución constituye la sanción más grave dentro del régimen administrativo.
“La destitución es la sanción más grave en el ámbito administrativo, ya que sus efectos son severos”, señaló.
La profesional detalló que esta medida implica el cese inmediato del funcionario y su desvinculación de la administración pública, además de consecuencias posteriores, como la imposibilidad de reingresar a la función pública por un período determinado, junto con el impacto en su historial laboral.
Respecto del contexto normativo, Lira explicó que la entrada en vigencia de la Ley Karin ha modificado los estándares para abordar este tipo de situaciones en los espacios laborales.
“Hoy no es necesario que las conductas de acoso sean reiteradas para que se configure una infracción, ya que un hecho grave puede ser suficiente para activar los procedimientos administrativos”, indicó.
Asimismo, precisó que estas conductas pueden constituir una vulneración al principio de probidad administrativa y que, pese a la gravedad de las sanciones, los procesos deben respetar el debido proceso, incluyendo la presunción de inocencia, el derecho a defensa y la posibilidad de recurrir.
De esta forma, el caso continúa su desarrollo en el ámbito administrativo, manteniendo el carácter reservado de sus antecedentes mientras el proceso no se encuentre completamente concluido.